El plenario de comisiones de la Cámara Alta no llegó ayer a un acuerdo sobre las modificaciones a la Ley de Alquileres aprobadas en Diputados y se seguirá debatiendo el próximo miércoles. Desde que comenzó el debate por la reforma de la ley en el Senado, el oficialismo se lanzó a la pesca de votos aliados para imponer una serie de modificaciones al proyecto opositor con media sanción de Diputados.
El número aún no está asegurado, y por este motivo se decidió convocar a un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana que viene. La idea es tener un dictamen consensuado con algunas fuerzas opositoras. “El próximo miércoles vamos a tener un dictamen”, aseguraban, confiados, en el oficialismo, apenas finalizó el plenario de comisiones de Legislación General y Presupuesto del Senado.
El Frente de Todos cuenta en la Cámara Alta con el respaldo de al menos cuatro de los cinco miembros del bloque de Unidad Federal. Además de senadores que tienen unibloques, como el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana, y la riojana Clara Vega.
Por su parte la UCR aseguró que no está negociando con el FdT y el bloque de legisladores radicales emitió un comunicado en el que reafirmó su “vocación de aprobar, sin cambios”, el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados. Esto traba severamente el avance de la ley. “El bloque de Senadores Nacionales de la UCR reafirma su vocación de aprobar, sin cambios, la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados de la Ley de Alquileres”, planteó la oposición y sentenció: “No existe ningún tipo de negociaciones con la bancada oficialista al respecto”.
El oficialismo cuanta con los 37 senadores para tener una mayoría simple, pero busca sumar a los 18 senadores del radicalismo con el fin de alcanzar los dos tercios que le darían una mayoría especial y bloquear así a Juntos por el Cambio en Diputados.
El Frente de Todos está dispuesto a respetar el proyecto con media sanción, reduciendo los plazos de los contratos de alquileres de tres a dos años, y ceder en el plazo de actualización, bajándolo de seis meses a cuatro meses. Sin embargo, buscan modificar el índice de actualización, proponiendo el RIPTE, el indicador que mide el salario registrado, en lugar de la inflación. El oficialismo se mantiene inflexible en establecer la prohibición de cobrar alquileres por adelantado.
“Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, logremos que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario. Garanticemos que los 10 millones de inquilinos tengamos más o menos al Estado velando para que se cumpla la ley. Porque el discurso de oferta y demanda lo único que tiene adentro es la maximizar la rentabilidad”, cuestionó Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.
