1 de mayo. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realiza una multitudinaria movilización en la 9 de julio. Más allá de las diferencias internas del gremio (que expresan en mayor o menor medida las tensiones abiertas de la coalición gobernante), sus principales referentes manifiestan la necesidad de avanzar en una agenda legislativa pendiente para el sector.
16 de junio. La marcha y los cortes llevan aproximadamente 12 horas. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta no recibirá a los dirigentes sociales con la gente en la calle. Los manifestantes reclaman la apertura de programas sociales y alimentos para comedores. Son miles y miles de personas que se movilizan por necesidad, más allá de conocer o compartir los planes generales de las organizaciones políticas que este día los representan. Encabezan el Polo Obrero, Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha y otras agrupaciones barriales.
La creciente inflación va comiendo lentamente los magros ingresos de amplias capas de la clase trabajadora argentina formal (con bajos pisos de derecho y representación) e informal. El refuerzo de ingresos de $18000 que el gobierno nacional lanzó en dos cuotas parece insuficiente. Los proyectos de recuperación de divisas no declaradas o de gravar la renta inesperada se ralentizan y pierden su impulso inicial. Las expectativas de esperar soluciones por parte del ejecutivo bajan cada día más.
Ante esta situación, la UTEP propone un paquete de leyes que marquen la agenda de la economía popular y pueda atravesar con cierta solidez los vaivenes del tiempo electoral. Esta “ley poncho” apunta centralmente a los derechos laborales, medios para mejorar la producción y la vida de millones de argentinos que no tienen lugar en las cadenas de valor del capitalismo global.
Donde hay una necesidad
Hay necesidades básicas que muchas veces escapan a lo estrictamente laboral o productivo, incluso lo meramente redistributivo. Un Excel que señale un crecimiento económico no se traduce mecánicamente en cinco mil metros de vereda, un bono de fin de año no es igual a 200 conexiones intradomiciliarias de agua o luz. Son necesidades estructurales, pero no por ello congelables en el tiempo. Son urgentes e inmediatas.
En este sentido, la madre de todas las batallas (por la redistribución de ingresos) es actualmente el Salario Básico Universal (SBU), el cual tiene por objetivo establecer un piso mínimo de ingresos para toda la población, reducir drásticamente la indigencia, retribuir tareas que el mercado laboral subvaloriza o no valoriza y redistribuir ingresos. Consiste en una prestación monetaria mensual para 9 millones de personas entre 18 y 64 años inclusive. El monto del SBU será de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) y apuntará centralmente a los trabajadores informales no registrados.
En esta línea, el paquete legislativo incluye también fijar una nueva prórroga de la ley 26.160 hasta el día 23 de noviembre del año 2025 que permita relevar las 767 comunidades originarias pendientes y suspenda los desalojos. También incluye la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras que habitan las comunidades indígenas a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Prevé también la declaración de emergencia en adicciones con el fin de prevenir el consumo, asegurar la efectiva atención de las personas que padecen consumo y establecer mecanismos de coordinación entre las distintas áreas del Estado que intervienen en la materia priorizando también la participación de las organizaciones sociales. Frente a un escenario de expansión incontrolable del consumo en barrios populares, el proyecto de ley declara la emergencia por 5 años y establece un fondo de 20 mil millones de pesos adicionales para atender dicha emergencia.
Tierra
Uno de los capítulos del paquete establece la protección y el fortalecimiento de los territorios periurbanos productivos. El número y extensión de estas zonas se encuentran fuertemente amenazados y en continuo retroceso, al igual que las funciones sociales, ecológicas y económicas que aportan. Esto se debe centralmente a la expansión descontrolada del negocio inmobiliario, las producciones de monocultivo y los commodities.
El proyecto establece la prohibición de cambio de uso de los territorios definidos como Productores de Alimentos. Dicha prohibición se acompaña de la declaración de interés público estratégico de estas zonas. El proyecto desarrolla un Programa de fomento para desarrollar un banco de tierras, apoyo financiero para la intensificación ecológica de la producción, eliminación de la precariedad del hábitat doméstico y productivo y promover políticas de conservación y restitución del ambiente.
También implanta la protección de humedales con el objetivo de establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación, restauración y uso racional y sostenible de los humedales. Prevé la regulación de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de los territorios de humedales, qué actividades productivas pueden realizarse y de qué modos.
Techo
Ley 27.453 de Barrios Populares, sancionada a finales de octubre de 2018, ha resultado una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas públicas orientadas a la integración socio urbana a nivel nacional. La misma fomenta el relevamiento de barrios, la suspensión de los desalojos por un plazo de 4 años y la creación del fideicomiso como instrumento para lograr la integración socio urbana estableciendo que al menos el 25% de la obra pública en barrios populares debe ser ejecutada por cooperativas y/o trabajadores de la economía popular.
El plazo de para prohibir los desalojos está pronto a vencer, es por eso que el proyecto que se presentará en breve implica una nueva prórroga como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).
También implica declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), por el plazo de dos años, lo que permite, como una primera respuesta a la crisis habitacional y sanitaria que ha atravesado nuestro país, agilizar los procesos administrativos y poder realizar efectivamente el porcentaje de obras que la ley destina a la integración socio urbana.
Trabajo
Las expectativas de conseguir un trabajo en blanco fueron mermando a medida que se produjeron las reformas neoliberales en la Argentina. Salvo breves momentos excepcionales del período democrático, la informalidad se expande sin retorno.
El paquete de leyes propone el fortalecimiento de la economía popular mediante la promoción del trabajo en todo el territorio de la República Argentina, el acceso a proveedores preferenciales de bienes y servicios para el sector público y el impulso al financiamiento de actividades productivas.
También reconoce las tareas de cuidados, actividades socio comunitarias y la promoción contra la violencia de género, fortaleciendo las herramientas y recursos para la formación y capacitación continua de lxs promotores territoriales de género y diversidad; la mejora del sistema de atención y asistencia a las personas en situación de violencia de género y el impulso de acciones para la promoción de campañas de difusión masiva de prevención y asistencia de la violencia.
Otro de los proyectos principales es la ley de tratamiento de envases y residuos plásticos. La misma establece la “Responsabilidad Extendida del Productor” sobre los envases de forma tal que deberán hacerse cargo de la gestión mediante sistemas de “Envases Retornables” o abonado una Tasa Ambiental que cubra los costos de su recolección y reciclado. El monto de la tasa será menor para aquellos envases que se diseñen teniendo en cuenta su impacto ambiental y opten por la utilización de materiales y colores que faciliten su reciclado. Con lo recaudado por la tasa se financian Sistemas de Gestión Integral de Envases priorizando la inclusión de los cartoneros y cartoneras.
