Semanas atrás, el dirigente social Juan Grabois viajó a Salta para relevar las problemáticas sufridas por las comunidades indígenas wichí en el territorio norteño y elevar informes a las autoridades locales y nacionales.
Todas las comunidades coincidían en el desarrollo de un delito común por parte de empresas y conglomerados agroproductores de la zona: la venta de bidones de glifosato vacíos para el almacenamiento de agua y la quema a cielo abierto de los mismos.
Miembros de la comunidad Okapuckie y El Quebracho que se encuentran a orillas de la ruta 86 señalaron movimientos intensos de despegue y aterrizaje en una pista privada ubicada a la altura del 5 km de la mencionada ruta. En ese mismo lugar, los miembros de las comunidades señalan que se llevan a cabo las actividades de venta y quema de bidones de agro tóxicos.
Asimismo, la utilización de estos recipientes para el acarreo y almacenamiento de agua no solo se observa en las comunidades aledañas a Tartagal, sino también en comunidades indígenas de las zonas de General Mosconi, en comunidades wichí del paraje El Retiro y Corralito.
Cabe destacar que esta actividad implica una violación a la ley 24051 de Residuos, que en su artículo 2 menciona: “será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. A su vez, el régimen penal establece que: “Será reprimido (…) el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
Dentro de los hechos denunciados se señaló que a la hora de entregar los bidones quienes efectúan las ventas ilegales realizan recomendaciones tales como “dejarlos tres días en agua y lavandina antes de usarlos”, y que aquellos bidones que contengan una calavera plasmada con la leyenda “VENENO”, sean “dejados en agua y lavandina durante más días, pudiéndoles agregar también jabón en polvo”. Sin embargo, los mismos envases de la calavera, también contienen leyendas tales como “destruya este envase vacío” o “no reutilizar este envase”.
En la zona donde las comunidades realizaron los señalamientos existen un gran variedad de campos utilizados para la siembre de cártamo, soja, maní, chía, y es hacia estos que, constantemente, parten las avionetas fumigando, sin tener en cuenta la proximidad con las viviendas de la comunidad e incluso pasando por encima de estas en innumerables ocasiones. Cabe destacar que, producto del monocultivo intenso, el agua es un elemento escaso en la zona y su almacenamiento se torna esencial para la subsistencia.
La utilización de bidones de glifosato por parte de las comunidades wichí es una práctica que ya fue denunciada previamente. En febrero de 2020, el portal de noticias ANRed había denuncia que «los wichí toman el agua que rescatan en bidones de glifosato». Abogados cercanos a Juan Grabois, en conjunto con los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) realizaron una denuncia penal relatando los hechos y solicitaron la intervención de las autoridades locales.
“La problemática va implicar una acción política concreta. Muchas veces es Estado provincial no solo no ayuda sino que pareciera que hace todo para que la gente viva peor. Para que se den una idea no tienen, o no quieren entregar, una lista de los niños wichís desnutridos. O muchas de las cosas que se mandan desde Ministerio de Desarrollo Social de Nación no llegan a las comunidades”, comentaron desde el entorno del dirigente social.
Producto de la intervención del Movimiento de Trabajadores Excluidos, se logró la llegada de bidones apropiados para el almacenamiento seguro del agua. Si bien la denuncia está tomando curso, temen que quede “cajoneada” y llaman a sostener una intervención militante constante para dar respuestas a las problemáticas de una de las comunidades indígenas más golpeadas del país.
