El sector cordillerano llamado “Campo Potreros de Cordillera” fue cedido el 23 de diciembre de 2021 y publicado oficialmente el 7 de enero pasado. Está ubicado a 180 kilómetros de la ciudad de Malargüe, dirigiéndose hacia el sur por Ruta Nacional 40 hasta la intersección con la Ruta Nacional 145 —localidad de Las Loicas— empalmando, luego, con la Ruta Provincial 226 en dirección al noroeste.
La empresa beneficiada fue creada hace cuatro años y está integrada por Daniel Alejandro Nofal– empresas vinculadas al Grupo Clarín– Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela. Prometen un megaproyecto inmobiliario y turístico con 200 millones de dólares a la provincia que generaría 700 puestos de trabajo.
¿Cuál es la importancia de este lugar?
Se trata de una valiosa porción de la cordillera que alberga un brazo del Río Grande: el Río Valenzuela, y otras nacientes de ríos y arroyos, valles, nieve, glaciares, y humedales altoandinos.
El agua de los glaciares da vida a robusta vegetación entre montañas y cordones posibilitando la cría de ganado caprino, principal actividad del campesinado malargüino, donde más de 14 familias de campesinos e indígenas (según el Registro Único de Puesteros de la provincia) alimentan a sus animales. A su vez, estos son productores de 800 mil cabezas caprinas que deja Mendoza por año, ubicándola en el segundo lugar nacional productivo de este animal.
Dicha actividad la realizan con escasos usos de tecnología, bajo la forma de pastoreo continuo a campo abierto y con rotación a gran escala. Lleva el nombre de “trashumancia”, un trabajo comunitario compartido.
Además, la zona es de gran importancia estratégica por ser “zona de frontera” o “zona de seguridad nacional”, característica que se la da su límite con Chile. Y la presencia de bienes comunes naturales estratégicos, como el agua, suelos, glaciares, humedales. De hecho, allí se encuentra el humedal más grande de Mendoza, vertientes termales y las condiciones óptimas para la producción de ganado.
Denuncias a la empresa y complicidad política
La empresa dice haber acordado con las familias puesteras aunque no está del todo claro: se habla de compra de derechos y de acuerdos.
En el 2019 se publicaron oficialmente los edictos para la propiedad de las tierras. Tres años después, se les otorgó el derecho a las familias puesteras y a los días éstas cedieron sus derechos posesorios a la empresa Azufre SA. Sin embargo, hasta el día de hoy no existen pruebas de esta transacción.
Dicha cesión de derechos fue denunciada por varios puntos que incumplen el aspecto jurídico y violan derechos Constitucionales, como la – Ley Nacional 26.160 (relevamiento de pueblos originarios que dio lugar al reclamo de las comunidades lof Buta Mallín y Pincheira, como zona ocupantes ancestrales de esas tierras, y su utilización para la producción de su ganado)
¿Cuál es el rol de la provincia y del municipio? Una reciente propuesta de Ordenamiento Territorial del departamento de Malargüe, impulsada por la actual gestión —sin haber respetado los niveles de participación ciudadana que establece la Ley de Ordenamiento Territorial de Mendoza (Ley 8051/09)—, promueve el proyecto, utilizando la planificación para avalar este tipo de emprendimientos.
Dicha cesión de derechos fue denunciada por varios puntos que incumplen el aspecto jurídico y violan derechos Constitucionales, como la – Ley Nacional 26.160
Otro de los reclamos hacia el Ejecutivo municipal, específicamente al Departamento General de Irrigación, se trata del derecho otorgado al uso de agua del Río Valenzuela a El Azufre S.A, violando la Ley de Aguas de Mendoza.
El Gobierno de Mendoza, Rodolfo Suárez, ya ha tenido antecedentes de este tipo: años atrás el Ejecutivo provincial le otorgó tierras fiscales a un grupo de empresarios de Buenos Aires para la construcción del centro de esquí Punta Negra, en la cordillera del Departamento Tunuyán. Luego de un Estudio de Impacto Ambiental desastroso, una Audiencia Pública desfavorable y habiendo iniciado el proyecto de manera ilegal antes de cumplir con estas instancias obligatorias, el proyecto fue rechazado mediante la Resolución 141/2011 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
La intervención que hizo el Gobierno Nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fue denunciar a la empresa por ocupar ilegalmente tierras estatales que son de dominio de la Nación. Sin embargo, la demanda recayó en el juzgado federal de San Rafael a cargo de Eduardo Puigdéngolas, quien se declaró incompetente para resolver el conflicto. Ahora ay un pedido para que el caso llegue a la Corte Suprema.
