Más de 10.000 productoras y productores de la región conocida como Sur Cebollero, en Argentina, se movilizaron e implementaron como medida gremial un paro y corte en varios puntos álgidos de la Ruta Nacional 3 que conecta los pueblos de Rio Colorado, Viedma ( Rio Negro) e Hilario Ascasubi ( Buenos Aires) denunciando la persecución que realizan la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los ministerios de Trabajo de la Nación y la Provincia en complicidad con algunos municipios en las fincas familiares.
La jornada comenzó a las 08:00 de la mañana y continuó durante todo el día motorizada por la organización Federación Rural para la producción y el arraigo con participación de organizaciones campesinas que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) rama agraria.
Todo comenzó cuando la justicia Federal de Bahía Blanca ordenó allanamientos en varios domicilios ubicados en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero y Neuquén para desarticular un grupo de 123 firmas dedicadas a la producción y exportación de ajo y cebolla.
Las tareas de fiscalización y control se efectuaron de manera violenta contra pequeños productores y no contra los dueños de la tierra que son los que distribuyen a los mercados concentradores los alimentos, sin dejar lugar a las familias quinteras, en la toma de decisiones.
“Están diciendo que buscan la evasión de impuestos, sin embargo, nosotros, las familias agricultoras no podemos decidir dónde vender lo que producimos porque alquilamos la tierra y son los dueños quienes venden todo en los grandes mercados concentradores. Nos están perjudicando, porque exigen documentación que ni siquiera sabemos que es”, expresó para ARGMEDIOS Laura Vazquez, referente, productora y militante de la Federación Rural para la producción y el arraigo.
“Movilizamos porque están controlando al pequeño productor y no ayudándolo en la reglamentación del trabajo en el campo. Esta situación de hostigamiento frenó principalmente al sector de la agricultura, siendo los más perjudicados, mientras que el control a los grandes empresarios, que son muchas veces los evasores reales de los impuestos, no los interrogan. Inclusive son ellos mismos quienes, muchas veces, controlan el precio de la cebolla, un alimento esencial para el pueblo”, declaró también para este medio, Facundo Monguzzi, ingeniero agrónomo, integrante de la Federación Rural para la producción y el arraigo.
En Argentina se siembran aproximadamente entre 17.000 y 20.000 hectáreas anuales por campaña, que rinden aproximadamente 600.000 a 750.000 toneladas de cebolla, representando aproximadamente el 1% de la producción mundial. Así, Argentina logra autoabastecerse de cebolla (consumo interno de aprox. 480 mil tn/año) y exporta alrededor del 30% de la producción.
La provincia de Buenos Aires (Zona Sur) y el Valle de Rio Negro son las mayores regiones productoras. En ese sentido Laura Vazquez exclamó: “Somos la región que produce el 80% de cebolla que abastece todos los mercados en el país y sin embargo, somos el sector peor pago. No hay ventas, no hay reconocimiento de los derechos laborales de los y las trabajadoras del campo. Exigimos que el Estado se haga cargo, que frene con la persecusión y regularice nuestra actividad”.
“Por eso convocamos a todas la organizaciones campesinas, trabajadores rurales y a toda la comunidad de la región a marchar con nosotros. Era necesario parar para visibilizar al sector, ya que hace 10 días que no venía trabajando por miedo. Son las consecuencias que producen el hostigamiento y la persecución. Necesitamos visibilizar esta demanda para poder establecer una mesa de diálogo con los distintos organismos correspondientes y que se establezcan los acuerdos para los controles pertinentes sin entorpecer los procesos económicos y productivos”, agregó Facundo Monguzzi.
Por otro lado Vazquez explicó que la falta de compromiso con el sector rural en todo el país, lleva al diseño de políticas públicas, que muchas veces, no se pueden aplicar o que no tienen reglamentación, cómo por ejemplo, la Ley de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en Argentina ( Ley 27.118), promulgada el 17 de Diciembre de 2014.
Los changarines, campesinos y trabajadores del campo se organizan para que el Estado reconozca su labor. En el caso de los “cebolleros” es imperante avanzar en la consolidación de los canales de diálogo con las autoridades y organismos de control porque los intereses que se ponen en juego, históricamente están vinculados al desarrollo de los negocios empresariales de la región ya que la producción de cebolla es la actividad económica principal de la region.
“El cultivo de cebolla es la actividad predominante del Sur de la provincia de Buenos Aires y parte de Rio Negro, que no se enfatice en el ordenamiento territorial de nuestras demandas es un error, por eso nuestra movilización nos permitió avanzar en la conformacion de las mesas de dialogos con las autoridades locales, provinciales y nacionales para trabajar en conjunto y frenar los mecanismos de control contra las familias pequeñas productoras”, concluyó Facundo Monguzzi.
