Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el protocolo anti piquetes, como la primera medida anunciada frente a la cartera. De esta forma, la exministra de Macri dejó en claro qué será lo prioritario en materia de Seguridad para el actual gobierno de Javier Milei.
El protocolo significa -en síntesis- el uso de las cuatro fuerzas de Seguridad para contener y reprimir manifestaciones públicas, así como también puntualiza penas más duras para quienes protesten.
Varios organismos de Derechos Humanos, así como dirigentes políticos y sociales, salieron a rechazar el protocolo de Bullrich. Un caso fue el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes consideraron que la medida busca “impedir con represión la protesta social” y denunciaron que así se “criminaliza a quienes se manifiestan y se persigue» a las organizaciones porque cortar las calles no es delito”.
En las publicaciones que hicieron en las redes sociales, el CELS considera que de esta forma el gobierno busca “saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales”.
Bullrich anunció que va a impedir con represión la protesta social.
Lo hizo en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales. Bajo la promesa de orden, busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales.
👇🧵— CELS (@CELS_Argentina) December 14, 2023
“El derecho a la protesta está en la Constitución y en los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos y la ministra de Seguridad los señaló como prohibiciones”, expresó la coordinadora de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, en diálogo con Télam.
Por su parte uno de los temas más polémicos del protocolo de Bullrich fue la sanción para quienes “lleven niños o menores de edad a las marchas”. Darraidou consideró “gravísimo no sólo la persecución de las personas que deciden manifestarse con su familia sino la criminalización de las organizaciones políticas y sociales que termina por desalentar a la vida política”.
Por otro lado, la vocera del CELS consideró que “las armas que el gobierno de Bullrich llama ‘no letales’ y que nosotros llamamos ‘menos’ letales, (como las balas de goma o las pistolas Taser) pueden generar graves daños e incluso hay registros de muertes en contextos de protestas sociales recientes”.
