Vendedores ambulantes, personas que se encontraban en la vereda, una mujer que filmaba la represión de las fuerzas de Seguridad. Son algunos de los casos de los 33 detenidos que se dieron el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso, al cual ahora la justicia intenta imputar con delitos graves, como “atentado contra el orden público”.
Fue el fiscal Carlos Stornelli quien impulsó esos cargos, entre los que también se encuentran “atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública, atentado contra el orden constitucional y estragos”. De hecho, el polémico fiscal pidió que se dicte la prisión preventiva por la “gravedad de los hechos” en un escrito en el que refiere a un “posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática” con el objetivo de bloquear la sesión de Congreso.
Todo, en la misma línea con el cual el gobierno de Javier Milei se refirió a las manifestaciones del pasado miércoles, asegurando que las mismas se habían dado en mano de “terroristas” y con un intento de “golpe de Estado”. Una exageración proveniente de la Oficina presidencial, que de todas formas prendió en un sector de la justicia.
Ahora, la jueza federal María Servini de Cubría es quien terminará definiendo el destino de todos los detenidos, que son apuntados con estas imputaciones.
Lo que es curioso es que ninguno de los 33 detenidos es alguno de los que incendiaron el auto del canal de televisión Cadena3, pese a que se encontraban a escasos metros del cordón policial y que fueron filmados por la mayoría de las cámaras de los medios presentes en el momento.
Vale aclarar que por las redes sociales, muchos usuarios identificaron infiltrados de la policía, quienes primero se hicieron pasar por manifestantes y finalmente se los veía al lado de las fuerzas, o incluso deteniendo a civiles.
Ayer, el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich emitió un comunicado en el que indicaba que hay “ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos y se registraron cuantiosos daños: un automóvil incendiado intencionalmente, del mismo modo que la totalidad de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad afectadas allí al uso público y diversos contenedores, entre otras cosas”.
Por su parte, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que los destrozos en la Ciudad producto de la protesta de manifestantes por el debate de la Ley Bases en el Congreso cuestan $278 millones, “entre reparaciones y limpieza”.
Por su parte, familiares y cercanos a los detenidos se encuentran pidiendo por la libertad, mientras que ayer informaron que “serán trasladados al Centro de Detención Federal N° 28 (Lavalle 1337), donde pasarán una segunda noche privados de su libertad sin pruebas vinculantes”. Por otra parte, agregaron “quienes se encuentran detenidos no estaban cometiendo ningún delito sino que, como se puede ver en todos los registros de video, se trata de vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso Nacional”.
En tanto, este viernes habrá una conferencia de prensa por los detenidos. Será a las 15 en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) en Piedras 730 y participarán abogados, diputados y referentes de organismos de DDHH.
