El gobierno de Javier Milei modificó por Decreto la Ley de Acceso a la Información Pública, una medida sumamente polémica, teniendo en cuenta que desde ahora se limitará al acceso de información referida al Estado, funcionarios y acciones del gobierno.
De hecho, la medida fue duramente cuestionada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), asegurando que este hecho “implica un retroceso democrático grave”, teniendo en cuenta que “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.
Por todo esto, enfatizaron que toda la información que existe en poder de órganos públicos “puede y debe ser divulgada”. “Son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los Gobiernos sino un imperativo normado”, manifestaron.
Tras la modificación por el gobierno de Javier Milei, la nueva Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública establece que los tres poderes del Estado no estarán obligados a publicar “datos de naturaleza privada”. Tampoco deberán presentar “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo” que deriven en decisiones de gobierno, y se incorporó el principio de “buena fe” para penar a quienes realicen pedidos de acceso a este tipo de documentos o a cuestiones relacionadas con la vida privada de los funcionarios.
Por esta razón, desde el FOPEA recordaron que “hay sobrada jurisprudencia internacional y nacional en la que se ratifica que el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, tales como derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la información permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida”.
Qué esconde el gobierno de Milei
La medida, que pasará a ser otra de las decenas de modificaciones y acciones que tomó el gobierno de Milei vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), limita la posibilidad de acceder a diferentes organismos e información pública.
Todo, en un contexto en donde se realiza una profunda reforma del Estado y un plan de ajuste económico, que tiene como principal objetivo reducir el déficit fiscal.
También, en el marco de un plan de privatizaciones de empresas públicas, que el gobierno de Milei todavía no puede encabezar en su totalidad, luego de que la Ley ómnibus presentara se aprobara con modificaciones en el Congreso de la Nación.
Precisamente, esa ley también aprobó un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que es duramente criticada por sectores de la oposición, economistas y ambientalistas. Teniendo en cuenta que -a modo de resumen- plantea una apertura de inversiones extranjeras a cambio de concesiones económicas realmente favorables para empresas multinacionales.
