No es oficial, pero en los pasillos de la Casa Rosada ya se plantea una opción más que polémica respecto a la situación de las universidades: transferir todas las casas de estudio que dependen de Nación hacia las provincias.
Una situación que de antemano complicaría su financiamiento y golpearía a las cajas de algunos distritos en particular, como a la provincia de Buenos Aires. El proyecto de ley todavía está en tratativas y estaría siendo amasado desde las oficinas de Santiago Caputo y la Secretaría de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy.
Lo que sí es cierto es que en caso de presentar la medida por el Congreso, es probable que gran parte del radicalismo se oponga, por lo que los votos -a priori- estarían ajustados para el oficialismo.
Todo esto, mientras ya se toma como inminente el veto que aplicará el presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario que sancionó el Congreso de la Nación hace dos semanas. El gobierno lo haría después de la marcha en defensa de la educación pública, pautada para el próximo miércoles 2 de octubre.
Es decir, el gobierno de Milei no solo veta la posibilidad de que las universidades públicas tengan un presupuesto actualizado y las permita continuar en un normal funcionamiento, si no que concentra energías en proyectos de ley para traspasarlas a las provincias y desligarse “el problema”.
Vale aclarar que el proyecto que sancionó el Congreso para financiar a las universidades establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
Este jueves y viernes las universidades de todo el país estarán de paro, en protesta al inminente veto de Milei y el próximo 2 de octubre se dará una gran movilización, a la que ayer la CGT aseguró que se sumará.
