La masiva movilización del Liniers a Plaza de Mayo, más una semana repleta de cortes en zonas céntricas, volvió a poner en debate el rol de las organizaciones sociales en la asistencia estatal. Miradas prejuiciosas, cruces por redes y mitos sostenidos desde la desinformación…
1. “Hay que transformar los planes en trabajo genuino”. Diciembre del 2016 marcó un antes y un después en la historia de las organizaciones sociales argentinas. Con la aprobación de la Ley de Emergencia Social, dos elementos emergen con fuerza: la visibilización de la economía popular como un sector innegable de la sociedad, y la necesidad de ensayar ingresos básicos universales. Nació así el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y el Salario Social Complementario (SSC).
Como bien lo indica su nombre, el SSC es una prestación económica individual e intransferible —la mitad del salario mínimo, vital y móvil—, enmarcada en un programa público orientado al sector (Potenciar Trabajo), y que complementa los ingresos diarios que el titular percibe por actividades que no están dentro de los sistemas formales. En concreto, no es una política asistencial, no es un mero paliativo. Se trata de un reconocimiento histórico a un sector de la sociedad que, ante la exclusión neoliberal, ha generado sus propias fuentes de trabajo.
AHORA – JUAN GRABOIS (@JuanGrabois) en #DeAcáEnMás: "Hay 2 o 3 problemas conceptuales. El primero es la definición de plan social. El Potenciar Trabajo no es un plan social, es un programa de fortalecimiento de la economía popular organizada"
— De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) August 19, 2021
Ahora bien, ¿qué hace que un trabajo sea genuino? ¿Su productividad? Emplea mucha más fuerza y tiempo la confección de prendas en un polo textil cooperativo que el brainstorm de un grupo de publicistas. ¿Es más genuino un trabajo por su finalidad en la sociedad? ¿Es más importante la casa que construye un oficial no registrado o el mantenimiento de una página web? ¿Qué mide lo genuino? Básicamente lo mide un filtro liberal que solo reconoce el trabajo privado, incluso cuando su finalidad social sea totalmente arbitraria. Ni hablar del plano moral y humano: ¿es más genuino ser el CEO de una tabacalera que ser trabajadora en un espacio socio comunitario?
Esta visión es transversal a varios espacios políticos. Desde sectores de la derecha que entienden que aquello que no es útil para los mercados no tiene razón de ser, hasta sectores progresistas, anclados en una nostalgia de pleno empleo —no realizable en el corto y mediano plazo—.
2. “Son una máquina de generar vagos”. Aproximadamente, 13 millones de argentinos y argentinas perciben parte de sus ingresos a partir de trabajos no registrados. Y el mundo de la economía popular, aun cuando está organizado, no siempre responde a la lógica cooperativa y/o comunitaria, sino también a lo peor de la precarización del siglo XXI. Un fenómeno tan complejo jamás puede reducirse a simplificaciones tan obtusas.
La mayor parte de las trabajadoras de la economía popular son mujeres, lo que da cuenta de la feminización de la pobreza. El rango de edad del empleo en este sector va de 18 a 45 años, y se centra en los servicios sociocomunitarios, en el trabajo de oficio y en la comercialización popular. De este enorme universo, solo un pequeño porcentaje percibe el SSC y hay quienes desarrollan algún trabajo o “changa” en su cotidianeidad ¿O es posible que una persona viva solo con 13 mil pesos? En todo caso, el problema pasa por la regulación del cumplimiento de las contraprestaciones exigidas por los programas. Pero eso es un déficit de la maquinaria estatal, y no un problema de los titulares.
Lejos de fomentar vagancia, el SSC promueve la construcción de polos textiles, cooperativas de construcción, espacios de recuperación de adicciones, establecimientos comunitarios, generación de ferias populares, por solo mencionar algunos casos. Volvemos a la misma pregunta ¿Quién es más “vago”? ¿Un feriante que tiene que levantar su puesto desde la mañana a la tarde, o un operador que quizá tenga que conectarse a internet escasas horas por día? En los barrios populares se trabaja, y mucho. Y en varias ocasiones se lo hace a conciencia del rol que cumple determinada labor en la comunidad.
3. “Se van mis impuestos en esto” El Potenciar Trabajo implica el 0,092% del presupuesto. Es una política bastante barata para el Estado, que podría aumentar sin implicar una modificación sustancial en la planificación de una economía de mercado.
Pero además, el SSC implica un acto de justicia y reparación histórica. Los salarios familiares que sostienen los sectores privados también salen de las arcas de la seguridad social del Estado. Como sabemos, gran parte de los ingresos del Estado surgen de la recaudación impositiva. Y, sí: los trabajadores de la economía popular también pagan impuestos. Es decir, que durante muchos años un trabajador no registrado pagaba —por decirlo de una manera— parte de los salarios familiares de un trabajador registrado sin percibir nunca una asignación familiar. Es por esto que la Asignación Universal por Hijo se transformó en un hecho de justicia.
El mundo de la economía popular consume, paga impuestos, comercializa productos de grandes empresas, paga servicios. No solo el Estado debe reconocer el trabajo de este sector, sino también poderosos actores del ámbito privado que, desde su lógica predatoria, suelen dejar a estos trabajadores a los márgenes. Medidas de impuestos a grandes fortunas deben implementarse de manera más rigurosa.
4. “Si no vas a las marchas te dan de baja, por eso acarrean gente”. Como en todos los aspectos de la actividad económica, laboral y de las relaciones humanas en general, hay quienes aprovechan situaciones de poder para usufructos personales. Pasa en las funciones de Estado, pasa en las empresas, pasa en las organizaciones sociales. Sin embargo, sobre este punto se ha generado un folclore tan descabellado como hipócrita.
En primer lugar, movilizaciones como la del 7 de agosto de este año cuentan con un nivel de masividad importante. Es imposible pensar que todo ese caudal de gente se mueva bajo la extorsión. Hay en este prejuicio un sesgo de discriminación racial y de clase, que entiende a los sectores populares como mansos, dominables e ignorantes.
"El objetivo de las organizaciones sociales es acompañar el proceso de reconstrucción del trabajo, potenciar con herramientas"
📞@cecibarrosok, precandidata a diputada CABA, en @NoblezaHormiga
— FM La Patriada (@FMLaPatriada) August 24, 2021
También hay un total desconocimiento del proceso de baja de un titular que percibe SSC. En primer lugar, es la Unidad de Gestión —ente que engloba varias unidades productivas— quien sugiere la baja del titular de un SSC. Es el Estado quien en definitiva aprueba o desestima esa solicitud. Pero a su vez, el titular no es dado de baja de inmediato, sino que pasa a cobrar el 50% del ingreso establecido en pos de dejar un lapso de 3 meses para generar alguna instancia de reclamo o denuncia. Hay más mecanismos para dar una baja del SSC que para despedir a un empleado que trabaja en el Estado como autónomo.
5. “Esto, en otro país, no pasa”. Muchos defensores de las sanas reglas del mercado se horrorizan al pensar en la posibilidad de un Salario Básico Universal, pero se niegan a sí mismos —y obviamente, al resto— que hasta grandes magnates del mundo, o la misma Casa Blanca, proponen esquemas de rentas universales como paliativo necesario a la crisis económica generada por la pandemia.
Países como Canadá, Finlandia, Israel o España han implementado esquemas de ingresos universales para sectores específicos de la sociedad. En Argentina, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ha planteado la necesidad de avanzar en un Salario Básico Universal. Esto abarcaría la franja de entre 18 y 64 años, para quienes no se encuentran inscriptos en el SSC, ni cobran jubilaciones o pensiones. Hablamos de un universo de 8,5 millones de personas con un ingreso permanente de alrededor de 8 mil pesos, equivalente a un tercio del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), con un tope establecido por el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
