Diferentes partidos políticos de la oposición paraguaya presentaron ante el Ministerio Público una denuncia penal contra el expresidente, Horacio Cartes, por lesión de confianza y asociación criminal debido un presunto daño patrimonial en referencia al acuerdo Cartes-Macri sobre Yacyretá. Aunque la denuncia es contra el exmandatario paraguayo, el nombre de Mauricio Macri aparece en la presentación ante la Fiscalía por ser el firmante argentino.
“Nosotros creemos que el acuerdo Cartes-Macri es injusto y se debe anular. El acuerdo propone que Paraguay reconozca una deuda que debería ser cero. El tratado propone 40 años para la revisión del anexo C, que se cumplió en el 2014, pero en el analisis de ese anexo debía revisarse la amortización de esa deuda y los responsables de la deuda. El motivo de por qué la deuda no era cero en 2014 es totalmente responsabilidad de la Argentina”, explicó Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energía durante el gobierno de Fernando Lugo.
“Nosotros creemos que el acuerdo Cartes-Macri es injusto y se debe anular. El acuerdo propone que Paraguay reconozca una deuda que debería ser cero”.
La represa de Yacyretá es la más importante de Argentina y la segunda mayor hidroeléctrica de Paraguay solo detrás de Itaipú, que el país vecino comparte con Brasil y que también es objeto de denuncia por otra deuda millonaria en perjuicio del pueblo paraguayo.
El tratado firmado para la construcción de la represa se dio en 1973 y Yacyretá debía estar terminada en siete años (es decir, en 1981, pues el tratado fue ratificado en marzo de 1974). En los hechos se terminó —sin concluir obras complementarias— recién en el 2011, treinta años después.
La actual asesora de la Bancada del Frente Guasu manifestó que “durante la dictadura argentina se hizo lo posible para que una empresa francesa amiga de la dictadura construyera la represa, pero esa empresa perdió la licitación. Eso produjo retrasos en la construcción. Luego quisieron que se inundará más territorio paraguayo, cuando Paraguay puso el 80% del territorio inundado, produciendo otro retraso. Durante el gobierno de Menem se quiso privatizar la represa y se dejó de financiar la construcción”.
Revisión del acuerdo argentino-paraguayo
Cuando se sentaron las bases del acuerdo en 1973, Paraguay tenía satisfechas sus necesidades energéticas con la represa Itaipú. Por ello, le exigió a la Argentina que aporte capital, sin necesidad de devolución ni de pagar intereses, y Juan Domingo Perón aceptó las condiciones que quedaron reflejadas en el tratado. Fue después el dictador Videla el que a través de un decreto dijo lo mismo que, después, Alfonsín: que los aportes eran “préstamos” con intereses.
A 40 años de la ratificación del tratado entre Paraguay y Argentina, se debían sentar las bases de un nuevo anexo C, que contiene las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Yacyretá. Era una oportunidad histórica para que Paraguay reclamara por la soberanía hidroeléctrica de la represa, que hasta ahora es negada por la Argentina.
Desde la Mesa de Presidentes de Partidos de la Oposición presentaremos, una denuncia penal por la deuda espuria en Itaipú y una denuncia penal contra Horacio Cartes y otros, por la deuda espuria en Yacyretá firmado por el acuerdo Cartes-Macri. pic.twitter.com/HuA2DKNOSS
— Ricardo Canese (@RicardoCanese) August 8, 2021
Sin embargo, Horacio Cartes, en lugar de exigir que simplemente se cumpla con el tratado y que el Paraguay pueda exportar su energía de Yacyretá libremente a terceros países (Brasil, Chile, Uruguay), firmó un acuerdo que omite este tema fundamental. Y además, reconoce una deuda de 4 mil millones de dólares por la represa de Yacyretá y obliga a Paraguay a vender energía a un precio muy por debajo del valor de mercado.
El acuerdo establece que la deuda se debe pagar con diez años de gracia, entre 2028-2047. El pago de la deuda ingresaría al costo del servicio, es decir, la pagaría en un 50% el Paraguay.
¿Por qué reclama Paraguay su soberanía? Por una sencilla cuestión: el precio de mercado de la energía eléctrica en el Brasil, en promedio, estuvo por encima de 100 US$/MWh en los últimos 5 años. Como la tarifa de Yacyretá es del orden de 40 US$/MWh, con los costos de transmisión y pérdidas, se llegaría a unos 50 US$/MWh de costos finales, por lo que quedaría un margen bruto de beneficio del orden de 50 US$/MWh.
Como el Paraguay consume el 5% de su energía de Yacyretá, bien podría exportar 10 millones de MWh/año, aproximadamente, y ello determinaría un beneficio bruto de 500 millones US$/año. Hoy Paraguay recibe menos de 100 millones US$/año que la Argentina no paga ni se sabe cuándo va a pagar o en qué condiciones.
Otras deudas pendientes
Los 30 años de demora en la construcción de la represa no es la única deuda que Argentina mantiene con Paraguay. El acta firmada por Cartes-Macri no contempla que el ferrocarril paraguayo fue inundado e inutilizado desde 1994 a la fecha, sufriendo pérdidas que se estiman en más de 700 millones de dólares.
El ferrocarril Carlos A. López fue inundado por el lago de Yacyretá en 1994 y desde ese momento no pudo operar. Pese a su obsolescencia, mucha carga utilizaba sus servicios y ello era una vía alternativa interesante para la exportación paraguaya.
En el ferrocarril paraguayo se podría haber exportado, en promedio, un millón de toneladas de granos, ahorrándole al país unos 10 US$/tn —considerando ya el lucro del ferrocarril— lo que daría, en 24 años de paralización, 240 millones de dólares, a lo que habría que sumarle los intereses, lo que daría una cifra infinitamente mayor.
Argentina tampoco se hace cargo de la deuda social y ambiental de Yacyretá, reclamada por los pobladores y las municipalidades afectadas. Los pobladores afectados por el embalse (oleros, agricultores, pescadores, etc) siguen reclamando que no fueron debidamente atendidos por la Entidad Binacional Yacyretá.
La gravedad del acuerdo para Paraguay
El Congreso del Paraguay debe ratificar el acuerdo Cartes–Macri. Si lo hace, se estaría condenando a otros 30 años sin posibilidad de rectificarlo. Es decir: Paraguay estaría otros 30 años sin poder reclamar su soberanía hidroeléctrica, rifando la posibilidad de producir beneficios de hasta 750 millones de dólares al año.
Otro punto importante es la próxima negociación con Brasil por la represa Itaipú, en la que Paraguay tiene condiciones desfavorables, como ocurre con Argentina. Si ahora se aprobara el acuerdo Cartes–Macri, sería un mal precedente para la negociación en 2023 relativa a Itaipú. En esa represa se juegan intereses cinco veces superiores: unos 2 a 3 mil millones de dólares por año.
