Luego de que Santa Fe fuese portada a nivel nacional a raíz de una serie de homicidios y una alta tasa de delitos —muchos de ellos relacionados al narcotráfico—, 575 efectivos federales arribarán a la provincia y se esperan otros 1.000 en marzo. Ya en 2020 el Ministerio de Seguridad estimaba un total de 3 mil efectivos desplegados en este distrito.
La principal novedad es que para marzo se estima la creación del móvil VII de Gendarmería en Rosario, que contaría con una provisión propia de 1.500 gendarmes. Las estadísticas en la provincia se concentran principalmente en el departamento Rosario, San Javier y La Capital.
El contraste es que en Rosario casi la mitad de los homicidios están vinculados a dinámicas de mercados ilegales, mientras que en los otros departamentos esa cifra representa aproximadamente un tercio del total, o incluso menos. Este dato en particular puede dar cuenta de una falla en el registro por localidades, o bien puede significar que la tasa de homicidios no corresponde en exclusiva al narcotráfico.
Hablando de resultados: pese a los distintos desembarcos de Gendarmería, los homicidios en la provincia no han disminuido. Si bien la presencia federal logró apaciguar temporalmente una serie de situaciones violentas, esto no se tradujo en una mejora sostenida. El último anuncio repite una fórmula que ha demostrado no funcionar.
Leyes claves bloqueadas por una interna
Los números que también vienen dando mal son los electorales: la principal agenda política de Santa Fe es la inseguridad, y el contrato electoral de Perotti fue traer “la paz y el orden”. Se trata de la deuda pendiente en los últimos años, donde el gobernador no obtuvo buenos resultados en sus primeros dos años de mandato.
El contexto es incendiario, no tanto por las cifras —que en sí han sido preocupantes desde un comienzo— sino por el panorama político local. Hay una interna del peronismo provincial que ha impedido el tratamiento de tres leyes destinadas a reformas estructurales para cambiar la situación.
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe ha tomado dos definiciones. Entre ellas, el armado de una agencia de control de armas de fuego, que según señalan especialistas es una medida acertada pero que no está funcionando de manera óptima. La otra es el desembolso de mil millones de pesos para la compra de equipamiento policial, principalmente de nuevos patrulleros, mediante una declaración de emergencia.
Así, la inseguridad es un arma de doble filo en la pulseada entre el gobernador y los senadores del PJ. Ambas partes se muestran preocupadas por las encuestas: si un grupo cede el otro gana, pero si ninguno resuleve pierden todos. Por eso se estima que de tratarse las leyes impulsadas en su momento por el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, deberían contar con apoyo legislativo.
Más difícil aún es el caso de Armando Traferri, principal dirigente de este grupo de senadores, que está en el centro de una causa judicial que lo apunta como garante del juego ilegal en la provincia. Traferri es el mayor implicado en la investigación por coimas para el juego ilegal, y también fue señalado uno de los fiscales ya condenado por este tema, Gustavo Ponce Asahad.
El aspecto judicial es dónde más se avanzó en términos del delito organizado en Rosario y Santa Fe. Y esto no corresponde tanto a una intervención directa en el Poder Judicial, sino a una presión concreta del Ejecutivo en el devenir de las causas.
“La paz y el orden” fue condición de victoria y lo es también de permanencia. Para gobernar Santa Fe Perotti tiene que gobernar la calle. Al igual que Alberto Fernández, heredó una deuda impagable con la violencia que atraviesa la provincia. Marcelo Sain le hacía de Martín Guzmán en este departamento, pero la presión interna forzó su renuncia en medio de la renegociación. Por todo esto, la gestión de Perotti se va a medir por los resultados que consiga al cerrar los cuatro años de mandato.
