El 16 de diciembre se terminaba el plazo para que la empresa Vicentín haga una propuesta a sus acreedores, pero por decisión del juez Fabian Lorenzini se extendió la fecha hasta el 31 de marzo. De no cumplirse el piso del 50% de acuerdo entre los tenedores de deuda le corresponderá a la justicia determinar cómo seguir.
Después del mal recibimiento que tuvo la primera propuesta, hay muy poca expectativa de que en tres meses se construya una oferta superadora. Aún así, se ha dado lugar al pedido de prórroga de los accionistas, con la mitad del tiempo que ellos planteaban.
Tras dos años del escándalo nacional el panorama no se aclara. Ciertamente, el gobierno de Alberto Fernandez perdió una oportunidad de intervenir en la situación para encarar una salida política al problema. Hoy en día, el futuro de Vicentín se juega por el interés de los acreedores de cobrar las deudas a como dé lugar.
Hay un consenso general en evitar la quiebra de la empresa, justificado por tres cuestiones. En principio porque el lugar de Vicentin en la cadena productiva ha sido siempre de importancia, por lo que acabar dividida y repartida afectaría negativamente a un sector del agro.
En segundo lugar porque es el peor esquema para los acreedores: la mayoría no liquidará su deuda, incluso el juez Lorenzini no reconoce a las empresas subsidiarias de Vicentin como parte del mismo grupo económico, por lo que está en duda la cantidad de activos que irían a cubrir los pagos.
Finalmente, debido a la pérdida de puestos de trabajo: los aceiteros y desmontadores se posicionaron desde un inicio en la perspectiva de que haya gestión estatal o privada, pero que se mantenga en funcionamiento la industria.
Las dos salidas para Vicentín
Hoy hay dos opciones sobre la mesa. Los actuales dueños apuestan a vender la empresa negociando un plan de pagos con los acreedores. Detrás de esta opción están las compradoras: Molinos Agro, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra, de la multinacional Glencore. En este acuerdo los accionistas actuales se mantienen en la dirección y permite a las compradoras adquirir Vicentín quitando una buena parte de la deuda.
Estas son las mismas empresas con las que el gobierno provincial del Frente de Todos acordó hundir el intento de expropiación y la intervención estatal de Nación, en lo que fue el episodio de desacuerdo entre Omar Perotti y Alberto Fernández. El mismo cortocircuito se produjo hacia el interior de las carteras en ambos niveles. El ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, amenazó con renunciar en caso de que haya un avance en la expropiación y además llevó a la renuncia del Secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, quien volvió a asumir su lugar en ACA para negociar la compra de Vicentin.
La propuesta fue mal recibida, consistía en una quita del 70% de la deuda y un plazo de 15 años para pagarla. Incluía, por otro lado, el cierre de las plantas de Avellaneda y Reconquista, generando pérdida de puestos laborales.
Como segunda opción, un grupo de 74 acreedores proponen un salvataje, que consiste en armar un fideicomiso para afrontar las deudas y mantener operativa la empresa. Es la perspectiva que más puede seducir al gobierno nacional, ya que apuesta a quitar del medio a los dueños de Vicentin, un punto central en la pulseada de poder luego de la estafa que se hizo durante la gestión de Cambiemos. Una forma de recomposición social.
Sería la revancha para el Banco Nación, tenedor de deuda en clave privilegiada, que vio frustrado el primer intento de intervención y entiende que hay un nivel de desconfianza muy elevado por el accionar de los directores de Vicentin.
Actualmente, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, es uno de los que más impugna el accionar del juez Lorenzini, que dio por muerta la intervención considerando que los dueños de Vicentín eran las personas “idóneas” para hacerse cargo de la gestión en medio del proceso judicial. También desvinculó una parte de los activos de los empresarios de la causa y continúa habilitando las prórrogas.
La trama penal
Desde el ejecutivo nacional evitaron volver a intervenir en la situación tras salir heridos. Sí lo hace, obviamente, desde el Banco Nación como acreedor y, en otra medida, desde los organismos de investigación.
El caso de Vicentín está atravesado por la trama de la quiebra y de la estafa. En la primera se puede decir que la pulseada la vienen ganando sus accionistas, en la segunda, quizás, sea a la inversa.
Hay 14 acusados por la justicia rosarina, los cuales no sólo se encuentran embargados por $111 millones en la AFIP, sino que además están a las puertas de llegar a la prisión preventiva. Varios de ellos no han logrado juntar la suma impuesta por el juez para garantizar su libertad, la cual es de $10 millones de dólares.
La justicia también allanó los domicilios de varios de los directivos y las sedes de otras empresas vinculadas. Una de las condiciones claves para el avance de la causa corresponde a que se está desarrollando en un área de menor influencia para Vicentin, que había reclamado que se mude a un juzgado de Reconquista.
Todas estas investigaciones se dan en un contexto muy complejo de la ciudad de Rosario, ya que en los últimos meses han habido una serie de allanamientos en financieras y empresas del agro, a la par de que han incrementado las ejecuciones por toda la ciudad e incluso se produjeron dos balaceras en comercios céntricos de la ciudad.
La última prórroga patea unos meses una situación que no parece muy lejos de su límite. Aún no se llegó a ninguna oferta que logre salvar a Vicentin y a sus trabajadores, ni tampoco se ha concretado ningún esquema en que esté asegurado el pago de las deudas.
La retirada del ejecutivo nacional y provincial fue más que un paso en falso. No sólo no se van a cumplir los objetivos de la propuesta de expropiación, sino que de continuar por este camino es posible que todo acabe en el peor escenario, donde pierden todos menos los dueños de Vicentin.
