A 20 años de la represión en puente Pueyrredon en Avellaneda, el cual dejó como saldo los asesinatos de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la policía bonaerense, el reclamo a la justicia para el avance de las responsabilidades políticas del suceso se renueva y suma nuevos elementos importantes para la misma.
Si bien los policías que dispararon ese día fueron condenados a cadena perpetua, el Juzgado de Ejecución Penal N° 3 de Lomas de Zamora debe resolver si concede la libertad condicional y el derecho a salidas transitorias a los dos principales condenados a prisión perpetua: el excomisario bonaerense Alfredo Luis Fanchiotti y el excabo Alejandro Gabriel Acosta, según informó el diario La Nación. Es que las defensas de los responsables materiales del hecho hicieron este pedido alegando “buena conducta” en la cárcel por parte de sus defendidos.
Si bien es difícil que el juez haga lugar a este pedido ya que, a partir de la reforma procesal penal, la Justicia debe contemplar la opinión de los familiares de las víctimas, (que rechazan en forma absoluta esta solicitada), los movimientos sociales se mantienen en alerta y convocan a una nueva movilización como todos los años para el domingo 26 de junio en puente Pueyrredon.
De la boca de Duhalde
Las familias de Kosteki y Santillan apuntan a que se estudien dos líneas de investigación en la causa: investigar quién dio la orden a las fuerzas de seguridad –la Policía Federal y la Gendarmería– para cruzar el puente Pueyrredón en dirección a la Provincia, mientras que por otro lado, también piden que se profundice la pesquisa en torno de presuntos vínculos entre el condenado comisario Fanchiotti y altos mandos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que conducía el peronista Carlos Soria.
Respecto a la primera línea, una de las novedades con las que se avanzó el último tiempo tiene que ver con las declaraciones que hizo el entonces presidente interino, Eduardo Duhalde, en el documental “Diciembre”, dirigido por el periodista Alejandro Bercovich y el cineasta Patricio Escobar, sobre las trágicas jornadas de ese mes de 2001.
“En el documental Duhalde reconoce que para él lo más importante era que no les cortaran los puentes a la ciudad; y que, efectivamente, había una razón política para ordenar esa represión”, dijo el pasado 14 de junio luego dar su testimonio en Conodoro Py y aportar los materiales fílmicos en crudo de la filmación a la causa que investiga las responsabilidades políticas por la Masacre de Avellaneda. El comunicador agregó que esto demostraría que “no fue el exceso de un policía loco o un caso de gatillo fácil, sino algo deliberado”.
Ese día hubo 30 heridos por balas de plomo en la estación y en las inmediaciones de la estación de tren y el puente. Además, según expresó el entonces intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, el día anterior a la represión se evacuó el hospital Fiorito, ubicado a algunas cuadras de donde fue la masacre, con excepción de las terapias intensivas. Esto permitiría inferir que preveían que iba a haber heridos durante el despliegue policial del 26 de junio.
Esto, sumado a algunos datos sobre las comunicaciones clandestinas usadas por la policía y la SIDE durante esos días, abona a la hipótesis de que la represión del 26 de junio fue pensada como un acto de freno a la movilización social que se venía desplegando durante esos meses trágicos de la crisis desatada por el neoliberalismo en el país.
