Este miércoles 13 de julio, una misión de derechos humanos integrada por dirigentes sociales, sindicales y políticos, entre quienes se encontró la diputada nacional Natalia Zaracho, viajó a Jujuy para relevar las vulneraciones a los Derechos Humanos en la provincia.
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos recogió denuncias en el territorio, sistematizó los atropellos que sectores políticos y sociales sufren de manera orquestada desde el poder local.
El Lawfare, por ejemplo, es una política de Estado en Jujuy desde que gobierna Gerardo Morales. El caso más grave y conocido es el del hostigamiento cruel contra la dirigente Milagro Sala, pero junto a ella ya son centenas los militantes judicializados, allanados, perseguidos y hostigados por el gobierno provincial y sus brazos judiciales y policiales.
La semana pasada, la Policía de Jujuy realizó allanamientos en domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales en cumplimiento de una medida judicial, en una causa en la que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión. En total fueron 16 allanamientos en casas de dirigentes sociales y sedes de las organizaciones.
“La gente de Jujuy está empezando a animarse a hablar de lo que pasa en la provincia. Hemos relevado más de 25 casos, la mayoría con los allanamientos de la semana pasada y los procesos de asociación ilícita que el fiscal quiere imponerles a las organizaciones sociales”, aseguró para ARG MEDIOS, Pablo Pimentel, presidente de la APDH La Matanza.
En la CTA Autónoma se realizó la toma de las denuncias por parte de la Comisión de Solidaridad. Allí, se realizó una conferencia de prensa en donde se expusieron los primeros resultados de la misión y se adelantó que se prepara un informe que será presentado por el jurista Raúl Zaffaroni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante la conferencia de prensa, los referentes mencionaron al Código de Contravención vigente como uno de los elementos principales de la falta de estado de derecho: “Tienen endeudada a la mitad de la provincia. Y si no tenés plata para la multa, vas preso una semana a un calabozo sólo por reclamar por los derechos y expresar necesidades”.
En diálogo con con este medio, Pimentel sostuvo que “con esta misión pudimos comprobar cómo se vive en Jujuy durante los últimos siete años y que existe una violación sistemática de los Derechos Humanos por parte del Estado. A través del Código de Contravenciones se están llevando puesto el patrimonio de muchos jujeños, sobre todos pobres. Hombres y mujeres que salen a trabajar en la calle o aquellos que protestan están siendo castigados”.
El presidente de la APDH La Matanza afirmó que “Morales está prohibiendo a sus ciudadanos participar libremente en política, está rompiendo a los partidos políticos y organizaciones sociales opositoras”.
La Comisión de Solidaridad también mantuvo una reunión con el fiscal Diego Funes, quien ordenó los allanamientos y pedidos de investigación. Durante los allanamientos se secuestraron un total de 112 aparatos electrónicos. “Funes no está cuidando esos dispositivos. Los imputados y sus abogados descubrieron que estaban en cajas con cinta. Hay muchas aberraciones que está cometiendo ese Ministerio Público de Acusación”, explicó el referente de Derechos Humanos.
Por su parte, Pimentel se refirió a la situación de salud de la dirigente de la Tupac Amaru: “Milagro está muy mal, la vi muy mal. Está en cama con su marido, está muy enferma pero muy desbastada por la injusticia que se está cometiendo en su contra”, concluyó.
Tras relevar la situación, la Comisión reafirmó la necesidad de intervenir el poder judicial provincial, entre otras medidas que podrían poner fin al gravísimo contexto de violencia institucional y supresión de derechos que padece el pueblo de Jujuy. El próximo mes una delegación volverá para relevar diferentes territorios de Jujuy.
