Este miércoles 20 de julio se realizarán más de 50 concentraciones en diferentes rutas del país para exigir la sanción del Salario Básico Universal. La medida de fuerza se definió la semana pasada luego de más de 450 asambleas realizadas principalmente por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Las concentraciones en más de 50 puntos del país están convocadas por la CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, La Poderosa, OLP, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Frente Popular Darío Santillán, Nuestramerica y el Partido Piquetero, entre otras.
En la zona del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) la concentración principal será en el Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos principales entre la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, en el Cruce de Varela (Florencio Varela y Berazategui) y Puente La Noria (Lomas de Zamora).
Los movimientos populares vienen exigiendo un ingreso mensual destinado a personas de bajos recursos que se encuentren sin empleo pleno o que se desempeñen como cuentapropistas o en la economía informal.
El mismo es el equivalente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de una persona adulta, en lo concreto se trata de una suma de alrededor de 15 mil pesos, que ayudaría a terminar con la indigencia en Argentina.
En Argentina existe un universo de nueve millones de argentinos y argentinas, diversas organizaciones lo han llamado economía popular, en el cual tan solo un millón y medio de personas se encuentran organizados en diferentes cooperativas y unidades productivas y que cobran el Potenciar Trabajo fruto de la lucha de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
La Ley del Salario Básico Universal está apuntada a darle cobertura a unos 7,5 millones de personas de entre 18 y 64 años en situación vulnerable. Se trata de un universo similar al que recibió el Refuerzo de Ingresos otorgado por el gobierno nacional hace más de un mes con criterios muy parecidos como el no tener un empleo formal, o tenerlo en las categorías menores de monotributo; o tener una situación de vulnerabilidad.
El texto de la norma, presentada por los diputados denominados populares plantea que el SBU será otorgado a trabajadores y trabajadoras desocupados, informales, monotributistas sociales, del sector agrario (trabajo temporario) y de casas particulares, monotributistas categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos no lleguen al Salario Mínimo Vital y Móvil.
Su objetivo es establecer un piso mínimo de ingresos para toda la población, reducir drásticamente la indigencia, retribuir tareas que el mercado laboral subvaloriza o no valoriza y redistribuir ingresos.
Asimismo, desde las organizaciones sociales vienen planteando que el SBU se trata de un reordenamiento del gasto social existente, además de ampliar la cobertura a millones de personas que hoy están por debajo de la línea de la indigencia.
En los sectores reaccionarios, la primera respuesta fue por la negativa bajo la premisa recurrente del “están destrozando la cultura del trabajo” y “aumentar el gasto fiscal”. En lo concreto, el costo fiscal neto a financiar sería del 0,9% del PBI, bastante alejado del 7,5 por ciento del PBI que el Estado paga en intereses de deuda.
El gobierno nacional se enfrenta por primera vez una jornada de lucha de organizaciones populares que son afín. Asimismo, también quedará expuesta la división entre el ala más oficialista dentro de la UTEP, el Movimiento Evita y Barrios de Pie; y otras organizaciones como el MTE, La Poderosa, el Frente Popular Darío Santillán y Nuestramerica.
