El Delta, que comprende los territorios de Santa Fé, Entre Ríos y Buenos Aires, está otra vez en llamas. Según un informe del Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses de este año se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Durante este fin de semana y el lunes, ya van 2.400 hectáreas quemadas.
Si se suman los datos de 2021 y de 2020, cuando comenzó la sequía y la bajante del río Paraná, en dos años y medio ya se destruyeron al menos 853.000 hectáreas sobre un área total del delta de unos 2,3 millones de hectáreas: 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
Aunque el hecho mostró gran repudio, pareciera ser una postal que se reitera todos los años y hasta casi todos los meses. No hay responsables, medidas de control concretas, y hasta una incoherencia entre los organismos que deberían tomar decisiones sancionatorias y proteccionistas. El tema humedales, es una papa caliente que nadie quiere agarrar.
¿Qué interés se esconde detrás de la quema de humedales? ¿Qué relación existe entre el campo, el narcotráfico y los poderes políticos?
No se cura si no se previene
Aunque todavía no hay responsables identificados, las imágenes que presentó el Ministro de Ambiente Juan Cabandié derivadas de los Faros de Conservación, ante el Juzgado de Victoria, indican que fueron personas que ocasionaron los incendios de forma voluntaria. “Hay que conocer para poder llegar a esos lugares. No es de fácil acceso”, dijo para ARGMEDIOS Sebastían Martinez Ledesma, integrante de la Multisectorial por los Humedales. Y remarcó que siempre se repiten los mismos “patrones de conducta”: lugares y fechas.
La bajante del río dejó al descubierto los largos pastizales de las islas. “Quedó todo muy seco, sobre todo en las islas de victoria, Gualegay, el Diamante”, dijo Ledesma. Organizaciones y funcionarios afirman que las quemas ilegales en territorio de humedales son intencionales, y están relacionadas con la especulación del negocio inmobiliario, y la extensión de la producción ganadera. Hay nombres, pero aún ninguna respuesta.
Como método preventivo a los incendios el Ministerio de Ambiente instaló Faros de conservación, torres altas que detectan tempranamente los focos de calor y los geolocaliza. Las imágenes capturadas son elevadas junto con un informe al Plan de Manejo de Fuego, organismo encargado de coordinar tareas necesarias para sofocar el foco.
De todas formas, la herramienta parece escasa a la hora de determinar la identidad de los culpables, y sobre todo, las características de los territorios afectados. Hay un problema de base: “Se estima que casi un 60% de las tierras que conforman el humedal están en estado pre catastral, es decir que no están registradas en ningún sistema formal, lo cual, dificulta el acceso, monitoreo y control de los terrenos no denominados, ante la falta de titularidad privada o pública”, dijo Mónica Peralta, Diputada provincial de Santa Fe.
“En casos como Isla Victoria, la ciudad frente a Rosario en provincia entrerriana, el mayor territorio de islas de humedal del delta, alrededor del 13% es de terreno público. “No se sabe que parte es pública y qué parte privada”, agregó Ledesma.
La ineficacia de dichas herramientas, son atribuidas a las voluntades de los Gobiernos provinciales, quienes tienen autonomía frente a la defensa de sus recursos naturales. Tanto la Ley del Fuego como las PIECAS- Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná – son instrumentos que les permiten a los gobernadores accionar.
El triángulo del negocio: Ganaderos, narcotráfico y políticos
Los gobiernos provinciales denuncian ante el Estado, y el Estado acude a la Justicia. “La Justicia no hace nada”, para identificar y condenar a los responsables, admite hasta el propio Cabandié. Sin embargo, hay algo más profundo del conflicto, que nadie quiere tocar, y que involucra a las familias más poderosas de las provincias.
El Ministro de Ambiente, amplió la denuncia del 15 de julio pasado, ante el Juzgado de Victoria, Entre Ríos. En su denuncia, el funcionario nombró a la familia Baggio (la reconocida dueña de la empresa de los jugos), la familia Passaglia del intendente de San Nicolás, los Maiocco de la intendencia de Victoria, Entre Ríos y el ex ministro de Economía, Roque Fernandez.
Si hacemos un breve repaso, todos estos nombres fueron acusados de lavado de dinero, como la Familia Passaglia, a quienes la Cámara Federal de Rosario le embargó bienes por una causa de lavado de dinero. Además, su padre fue puesto por la exgobernadora María Eugenia Vidal al frente del Instituto de Vivienda y a partir de allí se lo ha vinculado en muchos hechos relacionados al acceso a la tierra.
Otros aparecieron en un listado de productores que certifica la explotación ganadera del humedal del Delta- Paraná que se difundió en 2020. Allí se blanquearon los 229 productores ganaderos autorizados a llevar ganado a la zona de islas frente a Rosario, donde en los últimos meses se habían producido una quema indiscriminada de pastizales.
En la lista aparecen apellidos ligados a la política, a la Justicia y a una tradición de producción agrícola y ganadera, sobre todo de la ciudad de Victoria. Entre ellos Mateo Risso, hijo del ex intendente de Victoria, los Esnal, hijos de un ex fiscal, Casanova, José Barra, Reggiardo, Brassesco, Mittelman y Mariani, dueño de una guardería náutica en Rosario, quien fue denunciado por haber usurpado terreno. Además estaban dos nombres que aparecían en la denuncia de Cabandié; Baggio y Maiocco.
¿Porqué los grandes ganaderos producirían los incendios?
Pedro Rivolta, Ingeniero Agrónomo y Asesor Ganadero afirmó que las quemas sirven para “limpiar todo el terreno, y volver a arrancar desde cero”. “Que la tierra quemada no sirve para ganadería, es mentira”, afirmó. “Tiene que ver con un método que se utiliza para resetear sin tener que recurrir al herbicida que es carísimo y está dolarizado”.
Sin embargo, el productor Enrique Gosset, referente de la Asociación Civil Islera defendió a los ganaderos al decir que “las vacas no comen cenizas”, y que son los primeros perjudicados por el fuego. Entre las escasas respuestas que dio la Sociedad Rural, una fue: “previmos en marzo que esto iba a pasar”, dijo el presidente de la Sociedad Rural de Victoria, Eduardo Grimaux.
Por otro lado, “hay un vínculo entre el campo y el narcotráfico”, dijo Ledesma. “El lavado de dinero es en islas o campos”, y agregó, “se sabe que la provincia funciona así”. Ledesma no es el único en sostenerlo. La Unidad de Información Financiera (UIF) tambien trabaja con la misma hipótesis, y resaltan un nombre: Baggio.
Al respecto, hace poco se detuvo a Leonardo Airaldi, presidente de la Sociedad Rural de Diamante, mano derecha y asesor de Luis Etchevehere (ex ministro de agricultura de Macri) por ser responsable de la ruta de la droga en Rosario y Entre Ríos. Airaldi está vinculado con el narcotraficante Daniel “Tavi” Celis, detenido en 2019 y condenado a 13 años de prisión, quien a su vez estaba relacionado con el intendente radical de Paraná, Sergio Varisco.
“En Rosario salís a la calle y no sabés si volvés a tu casa. Acá se mueren pibes todos los días a causa del narcotráfico, y también nos estamos muriendo todos cuando respiramos este humo”, dijo el integrante de la Multisectorial por los Humedales.
