La causa por espionaje ilegal contra los familiares y abogados de las 44 víctimas por el hundimiento del ARA San Juan, inició en septiembre de 2020, cuando la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia por espionaje ilegal.
Estos hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2017, justo después de la primera reunión de las familias con Mauricio Macri, y fines de 2018. La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó que la AFI efectivamente espió a los parientes de los marinos, pero que lo hizo porque “estaba en riesgo la seguridad” del entonces presidente.
La decisión de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fue sobreseer a Macri y al resto de los imputados. Tanto las querellas como la fiscalía recurrieron la decisión y quedó en manos de la Sala II de Casación Federal, con los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma a cargo, revisar la situación de Macri en la causa del espionaje a las familias del ARA San Juan.
En los últimos días, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó en calidad de amicus curiae ante la Sala II de Casación sosteniendo que los jueces tienen una oportunidad única para definir qué es inteligencia ilegal y que dejen sin efecto el fallo que benefició al expresidente, a las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a los espías que siguieron a los familiares de los 44 submarinistas.
Los dolores de cabeza para Mauricio Macri en plena campaña para instalarse como candidato para el 2023 no terminan con la causa ARA San Juan. El fiscal federal Franco Picardi lo imputó como responsable del armado de un “plan sistemático” de espionaje ilegal durante su gobierno, que se implementó a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Mauricio Macri no solo espió a dirigentes opositores como Cristina Kirchner, sino a su gente de confianza como Horacio Rodríguez Larreta, Daniel Santilli, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y Lilita Carrio.
A mediados de octubre rechazaron las recusaciones contra los integrantes de la Sala II de Casación y ahora podrán empezar a analizar el expediente. La defensa de Mauricio Macri pidió darle celeridad al tratamiento del tema, confiado en cerrar una de las causas que repercute fuerte en la interna de Juntos.
Mahiques, Yacobucci y Ledesma ¿Quiénes son?
Carlos Mahiques fue recusado por la abogada de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, Valeria Carreras, por sus vínculos con el macrismo. Pero si faltaba alguna prueba, este juez participó el Cónclave político judicial secreto en Lago Escondido organizado por Mauricio Macri, así como también su hijo, Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de CABA y operador judicial del macrismo.
Mahiques se desempeñó como juez de la Cámara de Casación porteña desde 2013, previamente pasó por el Tribunal Oral Criminal de la Ciudad de Buenos Aires y el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
En diciembre de 2015 dejó su despacho en Tribunales y asumió como ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, nombrado por la gobernadora, María Eugenia Vidal. A fines de mayo de 2016 renunció y volvió a la Cámara de Casación porteña, de donde se había ido con licencia.
Sus vínculos con Mauricio Macri son profundos. Cuando el expresidente llegó a la Casa Rosada, designó al hijo del juez, Juan Bautista Mahiques, como subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano.
El otro hijo de Carlos Mahiques, Ignacio Mahiques, es fiscal de instrucción porteño, pero desde mayo de 2016 se desempeña como adjunto del fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa en la que fue procesada Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en el reparto de la obra pública.
En 2017, el Consejo de la Magistratura de la Nación avaló la solicitud de Carlos Mahiques para ser nombrado juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Una designación sin concurso en un tribunal clave.
El traslado de Mahiques tuvo ocho votos a favor entre ellos los de los legisladores de Juntos que integraban el Consejo. La propia Cámara Federal de Casación Penal había rechazado la designación del juez por existir un concurso abierto para ocupar las vacantes.
Ángela Ledesma fue recusada por Eduardo Winkler, un exdirectivo de la AFI, ya que la jueza fue crítica de las reuniones secretas entre Gustavo Horno, juez de la Casación; Mariano Borinsky y Mauricio Macri en la Casa Rosada.
Ledesma no es una antimacrista rotunda aunque sí critica de las reuniones entre el Poder Judicial y el gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, fue elegida durante el gobierno de Macri para integrar la comisión encargada de redactar un proyecto para reformar el Código Procesal Civil.
Ledesma se oponía a que la causa pase a Comodoro Py argumentando que esa decisión “podría neutralizar tales avances”. Luego del traspaso, los jueces Llorens y Bertuzzi dejaron en pie solo diez de los 38 procesamientos que tenía la causa.
Antes de llegar a Casación, el tribunal penal más importante del país y la instancia de mayor peso jurídico luego de la Corte Suprema, Guillermo Yacobucci se desempeñaba en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de Buenos Aires.
Yacobucci fue uno de los jueces, como Ledesma, que reprochó y criticó a Gustavo Hornos y a sus colegas por las visitas al expresidente Mauricio Macri.
Entre sus decisiones más polémicas se encuentra el fallo que firmó en 2009 con el que le otorgó la libertad a Alfredo Astiz y a otros represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. Yacobucci consideró que los acusados habían estado demasiado tiempo procesados sin condena y, por lo tanto, debían ser excarcelados hasta que fueran juzgados.
Otro de los datos controversiales del historial de Yacobucci fue revelado por Página/12 cuando comprobó que en 1977 y 1978 escribió en la revista ultranacionalista Cabildo, vinculada con los represores Adel Vilas y Ramón Camps.
Más cercano en el tiempo, en 2021, la Cámara Federal de Casación, con las firmas de los jueces Guillermo Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Liliana Catucci, confirmó que la causa que investigaba la compra fraudulenta de los terrenos de Lago Escondido, del magnate britanico Joe Lewis prescribió por el paso del tiempo y quedó sin condenas.
En junio de este año, los tres integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal concedieron al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, entre los que se encuentra el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, quien tiene varias sentencias a prisión perpetua.
