La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalido la persecución contra Milagro Sala por parte del gobierno de Gerardo Morales. Los cuatro cortesanos coincidieron en la resolución que despertó la crítica de organizaciones sociales y funcionarios nacionales.
La Corte se agarró de un formalismo y dejó firme la condena que pesa sobre Sala de trece años de prisión, por encontrarla culpable de liderar una asociación ilícita, defraudar al Estado y extorsionar en una causa que se conoce como “Pibes Villeros”, por el nombre de una cooperativa dedicada a la construcción de viviendas sociales.
La defensa de Milagro Sala sostiene que el proceso estuvo “plagado de irregularidades” y que se había “afectado la legitima defensa garantizada constitucionalmente”. Entre las principales irregularidades, el tribunal expulsó durante 60 días a Milagro sala de su propio juicio, no se permitió presentar testigos claves, el tribunal no quiso hacer un peritaje de las obras – maniobra similar a la que se dio en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad– y que el juicio prácticamente no fue público: solamente un número reducido de personas estuvieron habilitadas a ingresar a la sala de audiencias y los periodistas que asistían no podían publicar lo que sucedía.
El principal argumento de los magistrados para rechazar el recurso fue que la defensa no rebatió los argumentos esgrimidos por los tribunales locales para alcanzar la sentencia. “Los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales que son llevados a su conocimiento, no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario”, expresaron.
En cuanto a la falta de participación de personas habilitadas e incluso periodistas durante el juicio, los cortesanos se animaron a comparar el juicio con el “Juicio a las Juntas”. “Ese tipo de restricciones están legalmente previstas y registran antecedentes en la práctica de los tribunales. En tal sentido, puede citarse la acordada 14/1985 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, dictada para la realización del ´Juicio a las Juntas´”, manifestaron.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación criticó la sentencia sosteniendo que “la Corte Suprema de Justicia convalidó el lawfare contra Milagro Sala en Jujuy”. En un comunicado sostuvo que “el máximo tribunal dejó firme una condena ilegítima a Sala y convalidó la actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en la persecución a la dirigente social y las violaciones a las garantías del debido proceso, situación que compromete al Estado argentino en su responsabilidad internacional”.
Asimismo, y pese a que Gerardo Morales anunció que pedirá a la Fiscalía de Estado que Sala pase a cumplir la pena en cárcel común, la Secretaría de DDHH sostuvo que la dirigente social deberá seguir en prisión domiciliaria por estar vigentes las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó proteger su integridad física y psíquica, y poner fin a la persecución penal arbitraria.
