En Afganistán, la población empobrecida vive rodeada de riquezas

A menos que Afganistán controle mejor sus propios recursos (algo que no ha hecho en las últimas dos décadas) el país no podrá mejorar las condiciones de vida de su población.

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El 25 de septiembre de 2021, el ministro de Economía de Afganistán, Qari Din Mohammad Hanif, declaró que su Gobierno no quiere “ayuda y cooperación del mundo como el Gobierno anterior. El antiguo sistema fue apoyado por la comunidad internacional durante 20 años, pero aún así fracasó”.

Es justo decir que Hanif no tiene experiencia en la gestión de una economía compleja, ya que ha pasado la mayor parte de su carrera haciendo labores políticas y diplomáticas para los talibanes (tanto en Afganistán como en Qatar). Sin embargo, durante el primer Gobierno talibán (1996-2001), Hanif fue ministro de Planificación. En ese puesto, se hizo responsable de los asuntos económicos.

Hanif tiene razón al señalar que los Gobiernos de los presidentes Hamid Karzai (2001-2014) y Ashraf Ghani (2014-2021), a pesar de recibir miles de millones de dólares en ayuda económica, no atendieron las necesidades básicas de la población afgana. Al final de su mandato —y tras 20 años de ocupación estadounidense—, una de cada tres personas pasa hambre, el 72% de la población permanece por debajo del umbral de la pobreza y el 65% no tiene acceso a la electricidad.

Nada de lo que digan las capitales occidentales puede ocultar la evidencia de que el apoyo de la “comunidad internacional” no se tradujo, prácticamente, en ningún desarrollo económico y social para el país.

El Norte pobre

Hanif, el único miembro del nuevo gabinete de Afganistán que pertenece a la minoría étnica tayika del país, procede de la provincia nororiental afgana de Badakhshan. Las provincias del noreste de Afganistán son zonas dominadas por los tayikos, y Badakhshan fue la base desde la que la Alianza del Norte se desplazó rápidamente bajo la cobertura aérea de Estados Unidos para lanzar un ataque contra los talibanes en 2001. A principios de agosto de 2021, los talibanes arrasaron estos distritos. “¿Por qué íbamos a defender a un Gobierno en Kabul que no hizo nada por nosotros?”, pregunta un antiguo funcionario del Gobierno de Karzai que vive en Fayzabad, la capital de Badakhshan.

Entre 2009 y 2011, el 80% de los fondos de USAID que llegaron a Afganistán se destinaron a zonas del sur y el este, que habían sido la base natural de los talibanes. Incluso este dinero, según señaló un informe del Senado estadounidense, se destinó a “programas de estabilización a corto plazo, en lugar de proyectos de desarrollo a más largo plazo”.

En 2014, Haji Abdul Wadood, entonces gobernador del distrito de Argo en Badakhshan, declaró para Reuters: “Nadie ha dado dinero para invertir en proyectos de desarrollo. No tenemos recursos para invertir en nuestro distrito, nuestra provincia es remota y atrae menos atención”. La provincia natal de Hanif, Badakhshan, y sus zonas vecinas, sufren una gran pobreza, con tasas superiores al 60%. Cuando habla de fracaso, Hanif tiene en mente su provincia natal.

Durante miles de años, la provincia de Badakhshan ha albergado minas de piedras preciosas como el lapislázuli. En 2010, un informe militar estadounidense estimó que había al menos un billón de dólares en metales preciosos en Afganistán; ese mismo año, el entonces ministro de Minas afgano, Wahidullah Shahrani, declaró a la radio de la BBC que la cifra real podría ser tres veces mayor. El empobrecido norte podría no ser tan pobre después de todo.

Ladrones en el norte

Siendo la producción de opio una parte considerable del PBI de Afganistán, la economía suele ser un foco de atención en la cobertura de los medios globales, en parte financiando las guerras terribles que han asolado al país los últimos años.

Las piedras preciosas de Badakhshan, por su parte, financiaron la facción Jamiat-e Islami de Ahmad Shah Massoud en la década de 1980. Después de 1992, cuando Massoud se convirtió en el ministro de defensa de Kabul, hizo una alianza con la empresa polaca Intercommerce para vender estas piedras por unos 200 millones de dólares al año. Cuando los talibanes expulsaron a Massoud del poder, éste regresó al valle de Panjshir y utilizó las piedras de Badakhshan, Takhar y Panjshir para financiar su resistencia antitalibán.

Cuando la Alianza del Norte —que incluía a la facción de Massoud— llegó al poder bajo los bombardeos de Estados Unidos en 2001, estas minas pasaron a ser propiedad de los comandantes de la Alianza del Norte. Hombres como Haji Abdul Malek, Zekria Sawda y Zulmai Mujadidi —todos ellos miembros de la Alianza del Norte— se convirtieron en los dueños de las minas. El hermano de Mujadidi, Asadullah Mujadidi, era el comandante de la milicia de la Fuerza de Protección Minera, que protegía las minas para estas nuevas élites.

En 2012, el entonces ministro de Minería de Afganistán, Wahidullah Shahrani, reveló el alcance de la corrupción en los acuerdos, que había dejado claro ante la embajada de Estados Unidos en 2009. Sin embargo, el intento de transparencia de Shahrani se entendió dentro de Afganistán como un mecanismo para deslegitimar los intereses afganos en las mineras e impulsar una nueva ley que permitiera a las empresas mineras internacionales una mayor libertad de acceso a los recursos del país.

Varias entidades internacionales —entre ellas, Centar (Reino Unido) y el multimillonario polaco Jan Kulczyk— intentaron acceder a las minas de oro, cobre y piedras preciosas de la provincia. Centar formó una alianza con la Compañía de Oro y Minerales de Afganistán, dirigida por el ex ministro de Desarrollo Urbano Sadat Naderi. El equipo de minería de este consorcio fue confiscado por los talibanes. A principios de este año, Shahrani fue condenado a 13 meses de cárcel por el Tribunal Supremo afgano por abuso de autoridad.

¿Qué harán los talibanes?

Hanif tiene una agenda imposible. El FMI ha suspendido los fondos para Afganistán, y el Gobierno estadounidense sigue bloqueando el acceso a los casi 10 mil millones de dólares de reservas exteriores afganas que tiene en Estados Unidos. Ahora ha entrado algo de ayuda humanitaria en el país, pero no será suficiente. La dura política social de los talibanes —sobre todo en contra de las mujeres— disuadirá a muchos grupos de ayuda de volver al país.

Funcionarios del Da Afghanistan Bank (DAB), el banco central del país, dicen que las opciones que tiene el Gobierno son mínimas. No se ha establecido un control institucional sobre la riqueza minera. “Los acuerdos que se hicieron beneficiaron a unos pocos individuos y no al país en su conjunto”, declaró un funcionario. Uno de los principales acuerdos para desarrollar la mina de cobre de Mes Aynak, realizado con la Corporación Metalúrgica de China y con Jiangxi Copper, lleva inactivo desde 2008.

En la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada a mediados de septiembre, el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, habló de la necesidad de impedir que los grupos terroristas atraviesen las fronteras afganas para perturbar Asia Central y el oeste de China. Rahmon se posicionó como defensor de los pueblos tayikos, aunque la pobreza de las comunidades tayikas a ambos lados de la frontera debería ser tan objeto de atención como la defensa de los derechos de los tayikos como minoría en Afganistán.

La OCS no ha indicado públicamente que vaya a impedir no sólo el terrorismo transfronterizo, sino también el contrabando transfronterizo. Las mayores cantidades de heroína y opio del norte de Afganistán van a parar a Tayikistán; se obtienen incalculables sumas de dinero en el movimiento ilegal de minerales, piedras preciosas y metales fuera de Afganistán. Hanif no ha planteado este punto directamente, pero los funcionarios del DAB afirman que, a menos que Afganistán controle mejor sus propios recursos (algo que no ha hecho en las últimas dos décadas) el país no podrá mejorar las condiciones de vida de su población.

 


 

Este artículo fue producido por Globetrotter

Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es compañero de redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es el editor en jefe de LeftWord Books y el director de Tricontinental: Institute for Social Research. Es miembro senior no residente del Instituto de Estudios Financieros de Chongyang, Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, incluidos The Darker Nations y The Poorer Nations. Su último libro es Washington Bullets, con una introducción de Evo Morales Ayma.

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