Desde hace unas semanas, cuando superó finalmente el cuello de botella de la llegada de vacunas, el gobierno parece haber conseguido un respiro. La pandemia está todavía lejos de ser controlada. Con un 30% de la población que ya accedió a una primera dosis (incluyendo a la casi totalidad de los grupos de riesgo) el panorama se presenta, en el mediano plazo, mucho más alentador en Argentina.
Dentro del gobierno prevalece la idea de que en el corto plazo se verificará una disminución significativa de las internaciones y de la tasa de letalidad del virus. Esto permitirá una mayor apertura de la economía y, la consolidación de la moderada reactivación registrada en el primer semestre.
Se espera también una desaceleración de la inflación, de mano de la estabilización de las variables macroeconómicas – sobre todo el precio del dólar – y una leve recuperación del poder adquisitivo de los salarios (dos cuestiones que por el momento no pasan de ser una expresión de deseos).
Si se da esta combinación de factores, sostienen los más entusiastas, el gobierno no tendrá mayores problemas en ganar las elecciones legislativas y modificar a su favor la relación de fuerzas en el Congreso.
¿En qué se basan estos supuestos por demás optimistas?
En primer lugar, en la solidez que sigue mostrando, desde el punto de vista de su arquitectura política, el Frente de Todxs. En los despachos oficiales prevalece la idea de que la unidad del peronismo será suficiente para derrotar a una oposición de derecha que deberá librar una dura lucha interna para dirimir sus candidaturas y a la que le resulta difícil encontrar ejes discursivos coherentes en relación a las dos cuestiones que están en el centro de la preocupación de los argentinos: la salud y la economía.
Tal vez esa -excesiva- confianza explique la decisión de sostener, en el terreno económico, una política sumamente ortodoxa. En la práctica implica un ajuste de baja intensidad que se combina con una red de asistencia social dirigida a los sectores más vulnerables.
El gobierno cuenta con herramientas que le permitirían impulsar una política de redistribución de ingresos. Elige mantener el equilibrio de las cuentas fiscales (más allá incluso de lo estipulado en el presupuesto), con el objetivo de garantizar un acuerdo con los acreedores externos y estabilizar la economía.
Una lógica similar se aplica a las relaciones que el gobierno sostiene con los sectores del poder económico, donde intenta por todos los medios evitar la confrontación. No sólo por su sobreestimación del orden (entendido como ausencia de conflictividad social) sino por los límites que le impone la correlación de fuerzas en el interior de la coalición oficialista.
El conflicto con los grandes frigoríficos es ilustrativo al respecto: cuando el gobierno, ante una situación absolutamente abusiva que afectaba seriamente su política de precios, tomó la decisión de cerrar por treinta días las exportaciones de carne, no debió enfrentar solamente las críticas de los sectores patronales sino también las de cierto gobernador santafecino que siempre tiene a mano una “solución superadora”.
La derecha empresarial en pie de guerra
La estrategia opositora, por su parte, se orienta a partir de criterios diametralmente opuestos, definidos por el núcleo duro de la derecha mediática y empresarial que conduce a buena parte de las fracciones de la clase dominante desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Paolo Rocca y Héctor Magnetto, invirtiendo la consigna de Mao Tse, están decididos a profundizar su concepción de guerra impopular y prolongada. Juntos por el Cambio, la herramienta electoral que han logrado construir a lo largo de la última década, no hace más que seguir a pie juntillas estas directivas, a partir de un discurso que por momentos no es más que un balbuceo del anti-peronismo más visceral.
El reciente copamiento de la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) por parte de un conjunto de dirigentes ligados a Techint expresa cabalmente la actitud de una derecha empresarial que está en pie de guerra y que le cierra las puertas a cualquier posibilidad de negociación con el gobierno.
Aprovechando la salida de la presidencia de Miguel Acevedo (líder de Aceitera General Deheza y referente del Consejo Agroindustrial Argentino, de buen diálogo con el oficialismo) se terminó ubicando en ese lugar a Daniel Funes de Rioja, de la cámara que nuclea a los productores de alimentos, desde la que se viene oponiendo abiertamente a la política de control de precios.
La semana pasada, durante una reunión virtual que mantuvo con el flamante comité ejecutivo de la UIA, el ministro de la producción, Matías Kulfas, volvió a ratificar la voluntad acuerdista del gobierno: nosotros seguimos apostando al diálogo y al consenso, les dijo.
El problema es que Rocca, Magnetto y los sectores que ellos representan, no quieren negociar. Lo que buscan, en el fondo, es bastante simple: terminar con el poder de las estructuras sindicales y con cualquier tipo de intervención estatal en la economía. Las dos grandes obsesiones de las clases dominantes desde 1955 en adelante. Por eso el anti peronismo es su bandera. Tratar de negociar con ellos es una utopía. No les interesan unos millones más o unos millones menos. Disputan el poder y están dispuestos a todo.
La campaña de vacunación y el partido mediático
Así planteadas las cosas, el gobierno en Argentina se aferra, al menos hasta las elecciones legislativas, a una de las más conocidas máximas de Sun Tzu, aquella que sostiene que la mejor victoria es la que se obtiene sin combatir.
A largo plazo, esta opción asoma como insostenible, aunque es posible que le de resultados en el corto, sobre todo si, como confían en el FdT , se confirma la enorme distancia existente entre la parafernalia mediática y la experiencia cotidiana de amplios sectores sociales.
La campaña de vacunación, sobre la cual los grandes medios hegemónicos han decidido concentrar todo su poder de fuego, es bastante ilustrativa al respecto.
En la Provincia de Buenos Aires, sobre un universo total de aproximadamente 12.000.000 de personas mayores de 18 años, 9.300.000 ya se han inscripto en los registros de vacunación. Ese porcentaje (superior al 75%) habla por sí solo de un rotundo y previsible fracaso de la estrategia opositora, ya que es la propia realidad la que se termina imponiendo a partir de la llegada constante de nuevas dosis, del aumento del ritmo de vacunación y de la comprobada efectividad de las vacunas. Al momento de intentar deslegitimar al gobierno, la cuestión sanitaria no parece ser el eje más potente.
El flanco débil de la gestión de gobierno está vinculado a lo económico y social. Es allí donde se ha diluido una parte considerable de las expectativas de su propia base electoral.
Sin embargo, ese es un terreno en donde el discurso de la derecha empresarial y mediática queda irremediablemente empantanado. Mejor no hablar de ciertas cosas, sobre todo después del descalabro inédito que el macrismo generó en la economía argentina.
Es verdad que las clases populares cargan sobre sus espaldas con todo el peso de la crisis y que no han encontrado en el gobierno del FdT las soluciones que esperaban; pero hay dos elementos que posiblemente amortigüen ese descontento a la hora de votar.
El primero tiene que ver con el inesperado contexto pandémico, que puede ser visto como un atenuante; el segundo, con la inexistencia de alternativas reales y con el convencimiento de que las cosas podrían ser todavía peores si la derecha vuelve al gobierno.
Camino a las PASO
A lo largo de los tres meses que faltan para las PASO la beligerancia opositora no hará sino profundizarse, reiterando los tópicos ya conocidos. El gobierno, por su parte, evitará tomar cualquier tipo de medida que pueda afectar sustancialmente el curso de los acontecimientos e intentará llegar a septiembre habiendo controlado la crisis sanitaria, garantizando la estabilidad de las variables macroeconómicas y manteniendo bajos los niveles de conflictividad social.
En pocos meses sabremos cuál de estas dos tácticas, totalmente antagónicas, conseguirá imponerse en Argentina. Pero más allá de los resultados finales, las elecciones legislativas (que ojalá coincidan con la fase final de la pandemia) van a constituir una especie de umbral.
Si gana, el gobierno deberá aprovechar a fondo el respaldo obtenido en las urnas para avanzar de una vez por todas sobre la tríada poder económico – medios hegemónicos – poder judicial y para impulsar de manera decidida una política de redistribución de ingresos.
En un hipotético escenario pospandémico en el que cuente con mayoría en ambas cámaras y con la posibilidad concreta de movilizar a los sindicatos y organizaciones sociales que forman parte de su base de sustentación, ya no quedará margen para las excusas. Si pierde, todo se le hará cuesta arriba, aunque en definitiva se verá enfrentado al mismo dilema: radicalizarse o morir lentamente, dejando las puertas abiertas para una nueva restauración de derecha.
El plan de evadir los conflictos y los peligros puede funcionar en el corto plazo, pero sus días están contados. Pase lo que pase, después de las elecciones legislativas habrá llegado a su fin el tiempo de ofrecer la otra mejilla. Ante un enemigo implacable y con el que no se puede negociar no quedará más alternativa que presentar batalla.
Martín Obregón es Profesor de Historia y Docente (UNLP).
