Los graves e incesantes incendios intencionales en el delta del Paraná, que afectan al país desde hace más de seis meses, volvieron a instalar la agenda ambiental. Los problemas que impactan en la tierra son muchos y todos ellos, preocupantes. En esa clave, el gobierno nacional presentó el Plan de Políticas Ambientales, una serie de medidas que parece distanciarse de anuncios previos al tiempo que abre interrogantes. ¿Son políticas que alcanzan y señalan a los verdaderos responsables de la contaminación de la naturaleza?
En un acto al aire libre desde la quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernandez y el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, explicaron que el Plan consistirá en distintas puntos: erradicar los más de 5 mil basurales a cielo abierto que todavía siguen funcionado en el país, la propuesta de una Ley de Educación Ambiental en todas las escuelas e instituciones educativas, el lanzamiento del plan “Casa Común” y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego hacia la órbita del Ministerio de Ambiente.
Según informaron desde Casa Rosada, el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto “prevé una inversión de 8 mil millones de pesos para el período 2020/2021, para mejorar la calidad de vida de 9 millones de argentinos a través de la construcción de complejos socioambientales y la entrega de equipamiento para la gestión de residuos en el marco de la economía circular”.
Asimismo, el Proyecto de Ley de Educación Ambiental tiene como objetivo “promover la sostenibilidad y fomentar un nuevo paradigma de relación con la naturaleza”. El plan se llevará a cabo en conjunto con el Ministerio de Educación, en consenso con las provincias, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En tanto, el plan Casa Común “contará con un presupuesto de 600 millones de pesos para el año que viene y está orientado a la transformación social y la reactivación económica a través de la financiación de proyectos de agroecología municipal, y la generación y preservación de reservas naturales urbanas, viveros y áreas verdes”.
Por último, el Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego, que contará con una inversión inicial de 45.5 millones de pesos para la contratación de equipamiento para la Red de Faros de Conservación, “pasará a la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y pondrá énfasis en la preservación de los bienes naturales del país”.
Un plan que no contempla al agronegocio
Durante el lanzamiento del Plan de Políticas Ambientales participaron miembros de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR-MTE) y también integrantes de Jóvenes por el Clima, la organización ambiental que nació de las huelgas globales por el cambio climático. Es decir: un sector de la economía popular y la juventud. Su presencia quizás sirva para comprender que los problemas ambientales no son patrimonio exclusivo de especialistas y ciudadanos con algún tipo de sensibilidad, sino una realidad que afecta a todos y todas, sobretodo a los más humildes.
Sin embargo, hubo una llamativa ausencia entre las menciones del Plan: el agronegocio. Esta omisión es importante dado que se trata de una de las principales razones de la pérdida de soberanía alimentaria en la Argentina, de la fumigación de millones de litros de agrotóxicos en los campos del país, la contaminación de la tierra y el desmonte indiscriminado.
“El anuncio no me parece menor. Ahora bien, es cierto que esto no va a resolver los problemas ambientales, porque básicamente descreo que se pueda resolver desde el Ministerio de Ambiente”, le dijo Julián Monkes a ARG Medios, licenciado en Ciencias Ambientales y docente en la Facultad de Agronomía de la UBA.
Para el especialista, lo más lógico sería “transversalizar” la temática ambiental y que sea abordado por todo el Estado para llevar a cabo políticas profundas. Por eso, considera que “la madre de todas las batallas” se puede dar en un “ordenamiento ambiental del territorio”. ¿De qué se trata? “De alguna forma es clasificar a los ecosistemas que hay en el país y decidir qué se hace en cada territorio y planificar la producción”, explicó Monkes, que además cree que este proyecto fue de alguna forma sugerido en el Plan de Desarrollo Humano Integral que presentaron los movimientos sociales liderados por Juan Grabois.
“No podés pensar ninguna matriz ambientalmente sustentable, si vivimos tan intensamente como vivimos. A mayor hacinamiento, mayor necesidad de producción de alimentos y del uso de la tierra” agregó.
Ese aporte significaría, entre otras cosas, apuntar a los verdaderos responsables de la contaminación de la tierra y a los pocos beneficiarios de un sistema productivo que genera inmensas ganancias para unos pocos y descarta miseria para millones de argentinos y argentinas.
