Con el mega DNU de Milei, el Estado se corre y los aumentos lo deciden los privados

A cinco días de entrar en vigencia el DNU del gobierno de Javier Milei, la suba de precios acumula el 200% y es la más alta en más de tres décadas. Sin leyes que regulen el precio de los alimentos, las decisiones quedan en manos de privados.

El DNU que rige desde hace cinco días, derogó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. Permite la Liberación total de exportaciones, que tienen una relación directa con la suba de precios del mercado interno. Además desregula leyes de la industria de la yerba mate, vitivinicultura y la producción azucarera 

Las consultoras estiman que la inflación de diciembre se ubicó cerca del 30% y que 2023 terminó con una suba de precios acumulada del 200%, la más alta en más de tres décadas.

A esa inflación, hay que agregarle que ahora el Estado no regulará el precio de los alimentos gracias a la derogación de dos leyes fundamentales en el control de precios: La Ley de Abastecimiento, que habilita al Estado nacional a tomar decisiones como fijar precios máximos y sancionar a empresas que suban los precios de manera “injustificada”, o la Ley de Góndolas, que establece porcentajes para la presencia en góndolas de segundas marcas, o artículos de pymes y cooperativas.

Ley de Abastecimiento

La Ley 20.680 es una norma sancionada en 1974 y modificada parcialmente en 2014 (Ley 26.991) que le permite al Estado intervenir en cualquier operación de compraventa que tenga relación con la producción, construcción, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte y todo lo que se considere orientado al bienestar de la población.

Además, el Estado tiene la potestad de fijar precios máximos, mínimos y de referencia -como era el caso del programa Precios Cuidados, y márgenes de utilidad (es decir, lo que pueden ganar las empresas por cada producto o servicio)

Además, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 26.991, el Estado puede sancionar con multas, clausuras, etc., a las empresas que aumenten de manera artificial o injustificada los precios, acaparen mercadería o materia prima, destruyan mercaderías o bienes que puedan generar escasez o restrinjan o nieguen de manera injustificada la venta.

Por ejemplo, en 2007 la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, sancionó a la empresa petrolera Shell con una multa de 23 millones de pesos, en el marco de la Ley de Abastecimiento, por desabastecimiento de gasoil en distintas zonas del país.

La multinacional angloholandesa pagaría 1 millón de pesos por cada una de los establecimientos desabastecidos, que según denuncias de propietarios de estaciones de servicio asendian a 23 y se ubicaban en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Entre Ríos y Chaco.

Las sanciones fueron apeladas por la compañía y, 2 años después, Shell fue absuelta por la Justicia.

Ley de Góndolas

La Ley de Góndolas, sancionada por el Congreso el 28 de febrero del 2020, y reglamentada en diciembre de ese año, establece un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor.

También exige que haya al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios; y que las micro y pequeñas empresas cuenten al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos.

También, estipula que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular tengan al menos un 5% de espacio.

Para el 2021 ya había más de 500 sucursales supermercadistas que cumplían con la norma, y la Secretaria de Comercio Interior de la Nación aseguró en una inspección en el marco del cumplimiento de la Ley de Góndolas que “ya se observan los cambios que logran una reorganización de las góndolas en beneficio de las y los consumidores”.

La industria de la Yerba Mate 

En el caso de las industrias como la yerbatera, “la cadena de producción de la yerba mate va a desregularizarse por completo”, dijo para ARG MEDIOS, Mabel Acosta, responsable de género e integrante del equipo de coordinación de la cooperativa Río Paraná, em Misiones, quienes producen la yerba Titrayju.

El Estado a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) cumplía la función de fijar los precios y establecer consensos entre todos los sectores que componen la cadena productiva.  

Con este DNU el INYM deja de tener la función de ente regulador de precios y deberá abocarse unicamente a la promoción y al fortalecimiento de la actividad yerbatera.

El gobierno de Misiones junto con organizaciones, cooperativas y asociaciones presentó un recurso de amparo contra el DNU de Milei y en defensa del INYM. “En caso de no solucionarse por esa vía, el Gobernador ya aclaró que creará un Instituto provincial que cumpla con las mismas funciones del INYM”, afirmó Acosta.

Para el gobierno libertario la eliminación de estas leyes tiene el fin de “evitar la persecución de las empresas”. Así lo expresó Javier Milei cuando dijo que esta derogación es “para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad”.

Esta mirada también fue expresada por la canciller Diana Mondino cuando aseguró que el control de precios “tiene que desaparecer”  porque “nunca funcionó”.

“Si alguien pone un precio muy caro, nadie le va a comprar. No hace falta tener demasiada educación para eso. Si no tiene plata en el bolsillo, no va a comprar cosas muy caras”, mencionó Mondino.