Hace unos días conocimos la sentencia que dictó el Tribunal Oral Federal Nº 2 a la Vicepresidenta Cristina Fernández, condenándola a 6 años de prisión sin ejercicio de cargos públicos, por el juicio de la famosa causa “Vialidad”.
En la misma se la acusaba a CFK de haber conformado una asociación ilícita con algunos funcionarios y con el empresario Lázaro Báez para asignarle 51 obras públicas con sobreprecios y compartir ese excedente.
Pero horas antes a la sentencia, se había conocido un nuevo delito: el encubrimiento de un viaje en Lago Escondido entre el ministro de Seguridad de CABA –Marcelo D´Alessandro-, dos empresarios del grupo Clarín –Jorge Rendo y Pablo Casey-, un fiscal -Juan Bautista Mahiques– y tres jueces -Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials-. También entre ellos, un ex servicio de inteligencia –Leonardo Bergrot-) y un publicista -Tomas Reinke-.
Para encubrir el misterioso viaje, todos ellos recurrieron al mecanismo de truchar facturas y recibir dádivas, lo que se conoció a través de la filtración de un polémico grupo de Telegram, en donde se podía comprobar la connivencia entre todos estos actores. Primer delito.
Tras la denuncia de un abogado, se abrió una causa en Bariloche. Los chats y audios filtrados demuestran la intención del fiscal Maiques de “arreglar” la causa con la fiscala. Segundo delito.
Ahora, hay varias preguntas. ¿Algunas de estas personas están involucradas en impulsar la causa por la cual se condenó a CFK? Si la Justicia actuó en el caso de la vicepresidenta, ¿Por qué no aplica para este caso?
Para la abogada laboralista y docente, Natalia Salvo, “esto se trata de una causa política”, ya sólo “con irregularidades”, sino “efectivamente armada”.
“No hay pruebas documentales, testimoniales, pericias, auditorías, ni testigos que demuestren si había sobreprecios”, sALVO.
“Si uno busca argumentos jurídicos en el veredicto, no vamos a encontrar”, introduce la abogada en diálogo con ARG MEDIOS.
“No hay pruebas documentales, testimoniales, pericias, auditorías, ni testigos que demuestren si había sobreprecios, o las rutas no construidas, o las supuestamente adjudicadas de manera preferencial a las empresas de Lázaro Báez. Son todos adverbios y adjetivos”, continúa la panelista de C5n.
Además sumó otro de los factores que la vuelven inviable. “Luego de la reforma de 1994, quien tiene la facultad en este caso es el jefe de gabinete. Entonces por qué no fue condenado el Jefe de Obra Pública y sí la (por entonces) presidenta de la Nación?”, sostiene.
La que avisa no traiciona
“Hoy el poder judicial no está cumpliendo su función. Es la terminal mafiosa del poder económico”, considera la abogada Salvo. Igual que ella, varios sectores de la sociedad se han pronunciado con una postura crítica ante el aparato judicial argentino, como lo son organizaciones de derechos humanos, funcionarios, ambos cuerpos legislativos oficialistas, gobernadores e intendentes.
“El presidente Alberto Fernandez no se involucró”, expresó en ese sentido, la profesional. “Creo que no hubo decisión por parte del poder político de haber hecho una reforma judicial y acá vemos las consecuencias”.
Cristina lo alertaba hace tiempo. Lo intentó en el 2013 con los seis proyectos de ley que proponían la reforma del Consejo de la Magistratura y la elección de sus miembros mediante voto popular, la presentación de declaraciones juradas de magistrados, y la reglamentación de las medidas cautelares.
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad y el Máximo Tribunal rechazó la propuesta. La campaña opositora durante meses estuvo liderada por el medio más grande del país: Clarín.
“Lo que escuchamos el otro día fue crudo pero creo que es parte de la estrategia de Cristina” , advirtió Salvo, y dijo que por un lado la vice “adelantó lo que pretende este poder real, que es la proscripción”. Por otra parte, “lo dice de una manera tan cruda que es lo que hace falta en este momento”, aseguró.
Con el diario del lunes entendimos aquella jugada en el Consejo de la Magistratura, cuando el 18 de abril de este año, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti asumió como presidente de este órgano que designa y remueve jueces. Para mayor polémica, lo hizo gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás.
Lo de Rosatti fue una de las tantas impunidades que la cúpula judicial sortea día a día. El comienzo fue en diciembre pasado, cuando el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley que en 2006 -durante la presidencia de Néstor Kirchner– redujo de 20 a 13 la cantidad de integrantes del Consejo.
Dieciséis años después, al declarar la inconstitucionalidad de esa norma, la Corte dispuso el retorno a la vieja estructura devolviéndole vigencia a una ley derogada por el Congreso (1997), y otorgó un plazo de 120 días al Parlamento para que emitiera una nueva ley que le diera marco a lo sentenciado en esa resolución.
En el transcurso de esos días se presentó un proyecto desde el Ejecutivo el cual nunca fue tratado. El plazo de días venció y eso le dio la facultad a Rosatti para autodesignarse como presidente del Consejo y nombrar a los restantes consejeros. La operación pudo hacerse porque regía la vieja ley del 97 que fue reemplazada por la del 2006.
Ayer a la tarde, los bloques legislativos del Frente de Todos denunciaron públicamente la “mafia judicial” y exigieron que el Consejo de la Magistratura salga de su parálisis. La diputada Vanesa Siley, que integró el mencionado organismo denunció que “lo llevaron a la parálisis absoluta”. “Desde que llegó Horacio Rosatti a la presidencia del Consejo, solamente se dieron dos reuniones plenarias. En 2020, en plena pandemia, hubo 20 reuniones”, detalló la diputada.
“Donde no hay jueces puestos a dedo, presionados y eternos en sus cargos, el sistema funciona”, había dicho Cristina Fernandez en su discurso en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata. “No es bueno para el pueblo y para la democracia, que sean jueces los que decidan sobre las políticas económicas de un país”, advirtió la vice.
“No crean que esto no influye en la vida cotidiana de todos los argentinos”, anticipó Fernandez, y puso un ejemplo: el DNU rechazado por la Justicia que declaraba servicio público a las telecomunicaciones (telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga). Sucedió el 28 de enero de 2021 cuando el voto de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez rechazó su aplicación y suspendió varios artículos del decreto 690 impulsado por el Gobierno nacional.
“Por eso el internet de tu casa llegó con 12 puntos de inflación, mientras que la anual era de 6,3 puntos”, dijo CFK, ante 50 mil personas el 17 de noviembre pasado.
Para esa fecha, la sentencia del juicio Vialidad se veía como un punto cercano y con muchas posibilidades de que finalmente la ex mandataria sea condenada.
Sin embargo, que efectivamente suceda y que se dé en este contexto actual, abre un abanico de debates urgentes en cuanto a la calidad de democracia que hoy vive la Argentina.
