Por cuarta vez, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) presentó en el Congreso de la Nación la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa que busca crear un Procrear Rural para que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos. La ley busca impulsar un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable.
Previamente, fue presentada en 2016, en 2018, y 2020, acompañada por decenas de legisladores, entre ellos muchos funcionarios del actual gobierno nacional. Aunque en estas tres oportunidades, el proyecto perdió estado parlamentario y volvió a foja cero.
El pasado jueves 21 de julio, la UTT junto con otras organizaciones campesinas lanzaron la campaña “Sin tierra, hay hambre” con un feriazo frente a la Sociedad Rural Argentina, donde se evidenciaron los dos modelos: la agroecología de base campesina y el agronegocio empresario.
La tenencia de la tierra es un reclamo sostenido por el campo que produce alimentos sanos y soberanos, pero que alquilan en condiciones precarias los terrenos que cultivan. Con el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos se solucionarían muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria: hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo.
El acceso a la tierra para una familia productora significa el acceso a derechos y a una vida digna para las y los pequeños productores, y frutas y verduras sanas para todo el pueblo.
“Cuando llegué a la Argentina me sumé a la organización siempre pensando en la tierra propia. Para nosotros la tierra es todo. En nuestras Colonias producimos cuidando el ambiente, cuidando al consumidor y a nosotros mismos”, describe Franz Ortega en diálogo con ARG MEDIOS, un productor de la Colonia 20 de abril ubicada en Jáuregui.
Al tiempo que agrega: “La colonia nos sacó de la esclavitud. Acá tenemos una vida digna, un trabajo digno, podemos pasar momentos con la familia. Queremos que haya más colonias en el país y que se destinen políticas para el sector. Que los campesinos puedan tener tierra para trabajarla. Si hay más colonias hay menos hambre para el pueblo. Porque vendemos a precios justos”.
En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de campesinos y campesinas que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno: de ese sector más del 80% de esas familias alquilan la tierra. Mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 40% de la tierra cultivada en nuestro país: son solamente 1.200 empresas monopólicas y extranjeras.
“Ese sector de empresas oligopólicas y extranjeras son las que no producen para el mercado interno, sino las que especulan con el dólar, con los commodities. No representan al campo argentino porque no piensan en el mercado interno, sino en la exportación. Por eso hoy tenemos una economía dolarizada, donde los granos necesarios para producir carne o los lácteos están dolarizados. Los precios se fijan con la pizarra de Chicago, cuando se produce en Argentina”, comentó también para este medio, Lucas Tedesco, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
“Este modelo se fue construyendo fuertemente desde la dictadura militar. Estamos viviendo una extranjerización de la tierra argentina, la economía y los recursos nunca antes vista”, agregó después.
Productores de alimentos sin tierra
El campo de pequeños y medianos productores es una economía real, con capacidad de intervenir en el mercado pero que no cuenta con financiamiento del Estado ni políticas públicas para desarrollarse. Un informe del Ministerio de Agricultura de la Nación muestra que esos productores producen el 70 por ciento de la yerba mate, el 62 por ciento del tabaco, el 61 por ciento de pollos parrilleros y aromáticas, el 60 por ciento de los porcinos y el 59 por ciento de las hortalizas. Además, produce un tercio de la leche y un cuarto del ganado bovino y caprino del país, y genera el 53 por ciento del empleo en el sector.
Estos números reflejan la necesidad del campo que produce alimentos sanos y con soberanía alimentaria de acceder a la propiedad de la tierra para dejar de alquilar en condiciones precarias.
Según las estimaciones de la propia organización, con un crédito del Banco Nación de 110 millones de dólares, unas 2.000 familias podrían acceder a una hectárea propia con infraestructura productiva y vivienda digna.
Con solo un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a la empresa privada en quiebra Vicentín (U$300 millones), o con un 4% de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de 2020 ($233.200 millones), se podría dar una salida real a miles de familias productoras y sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina.
“Esto no es una reforma agraria, es un pequeño paso pero que para un campesino y campesina es muy grande. Tenemos capacidad de pagar un crédito. Nosotros somos un sector que produce el alimento para los argentinos y las argentinas. Imagínate que si pudiéramos acceder a la tierra, podríamos estar hablando de un modelo agroecológico y de soberanía alimentaria”, explicó Tedesco, de la UTT.
Una respuesta contra la inflación
Desde hace años, los gobiernos argentinos enfrentan una pelea contra el aumento de los precios, sin embargo, las medidas tomadas no apuntan a desarmar la estructura hiperconcentrada de la economía argentina y el resultado termina siendo paliza para los sectores populares.
Solamente en el último mes, los aumentos en el rubro de alimentos se ubicó cerca del 5 por ciento. Según INDEC, ese incremento estuvo particularmente influenciado por frutas y verduras: 5 productos entre los primeros 20, con incremento de 19,4% en promedio.
Esos precios son impulsados por ese 1% de productores que concentran el 40% del mercado y la dolarización de los insumos fijada por esos grandes monopolios. Todo esto sumado a la cadena de intermediarios que perjudican a los pequeños y medianos productores y la autonomización de los supermercados sobre la cadena de distribución.
“Hay un gran problema a la hora de hablar de soberanía alimentaria, porque cuando los gobiernos quieren fijar políticas en favor de las grandes mayorías se tienen que sentar con los grupos concentrados que fijan el precio de los productos, de los subproductos y que participan del negocio agroexportador. Seis supermercados comercializan el 85 por ciento de los productos alimenticios. Los gobiernos se tienen que sentar con las organizaciones campesinas del país porque tenemos una propuesta seria que ya la venimos haciendo”, agregó Tedesco.
Diversas organizaciones campesinas, como la UTT y el MTE Rural, vienen dando una respuesta de precios justos con mercados minoristas, almacenes de ramos generales, mercados mayoristas y carnicerías. Una propuesta, que a pulmón y mucho ingenio, busca cortar con la especulación y garantizar un precio justo para el cliente y para el productor.
La propiedad de la tierra para los campesinos y campesinas no solo busca garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna, sino también la posibilidad de lograr una producción agroecológica, con precios justos y soberanía alimentaria.
