Hace unas semanas, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, sugirió que su gobierno estaría abierto a armar a grupos privados de “voluntarios” para hacer cumplir mejor la ley. La declaración del presidente, realizada el viernes 25 de junio, fue una reiteración de ofertas similares que Duterte hizo a la Policía Nacional de Filipinas (PNP), en repetidas ocasiones, desde que llegó al poder en 2016. El presidente sugirió la creación de una “coalición” con “multiplicadores de poder” (en referencia a los grupos de vigilantes progubernamentales) para que porten armas y ayuden al gobierno a “hacer cumplir la ley.”
Duterte encontró el apoyo del actual general jefe de la policía, Guillermo Eden Hazard, que ha defendido armar a los vigilantes “para garantizar su propia protección”. Esto provocó protestas en todo el país, especialmente porque el gobierno de Filipinas se encuentra bajo el escrutinio internacional debido a su guerra sucia contra las drogas, el crimen y la insurgencia, que ha sido responsable de miles de muertes.
Muchos han cuestionado la necesidad de contar con civiles armados y también han alarmado por la pésima situación de los derechos humanos en el país. En junio, Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitó autorización para investigar los delitos cometidos por el gobierno en su campaña de “guerra contra las drogas”, que se calcula que ha matado entre 5 mil y 20 mil personas.
“Un desastre sangriento a punto de ocurrir”
Jacqueline de Guia, la portavoz de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que armar a “civiles sin la formación adecuada, la cualificación y las líneas claras de responsabilidades puede conducir a la anarquía y la proliferación de armas, lo que puede tener un impacto negativo adicional en la situación de los derechos humanos en el país”.
La legisladora del Partido de las Mujeres de Gabriela, Arlene Brosas, también señaló que “la PNP ya está inflada con miles de nuevos reclutas al año y con los propios agentes de la ley que se ven envueltos en crímenes escandalosos, incluyendo drogas y violencia sexual”.
El movimiento de derechos humanos Karapatan también señaló que los actuales grupos de vigilantes contratados como “voluntarios” por la PNP y el ejército filipino (AFP) tienen un “largo y sangriento historial de violaciones de los derechos humanos” a instancias de Duterte, para su guerra contra las drogas y su conflicto armado con los comunistas insurgentes, y a menudo son acusados de ejecuciones extrajudiciales.
“Emplear y armar a los llamados voluntarios civiles, movilizados para la falsa guerra contra las drogas y la guerra contra la disidencia del gobierno, sólo promoverá y empeorará el clima de impunidad en el país”, se lee en una declaración de Karapatan. Los grupos también argumentaron que cualquier medida de este tipo sólo legitimará la narrativa del contraataque, utilizada por las fuerzas del orden para explicar las ejecuciones extrajudiciales, ya sea por ellos o por sus habilitadores civiles.
Ariel Casilao, ex legislador y actual presidente de Anak Pawis, el brazo político del movimiento sindical Kilusang Mayo Uno (KMU), también se hizo eco de esta cuestión y señaló que los filipinos “ya son objeto de abusos sistemáticos por parte de las actuales unidades de las fuerzas armadas”.
Fernando Hicap, presidente nacional de Pamala Kaya-Pilipinas, un sindicato de pescadores, planteó la preocupación de que los gobernantes utilicen esas milicias armadas en su beneficio. “Además de utilizarlas contra activistas y presuntos drogadictos, los políticos tradicionales y los señores de la guerra podrían encargar a estos grupos armados que ataquen a sus rivales políticos en las elecciones de 2022”, dijo Hicap.
Los legisladores de izquierda del Bloque Makabayan en el Congreso de Filipinas también han expresado su oposición, calificandolo de “otro desastre sangriento a punto de ocurrir”. El líder adjunto de la minoría en la Cámara de Representantes, Carlos Zárate, dijo que esos comentarios “sólo harán que las calles sean más peligrosas, ya que esto supondrá un aumento de las ejecuciones extrajudiciales y del vigilantismo”.
Escepticismo incluso de los aliados
Otras personas ajenas a los círculos progresistas también han dado la voz de alarma contra esta medida. El ex jefe de la PNP y actual senador, Panfilo Lacson, opinó que armar a los civiles podría ser fácilmente “contraproducente”. También añadió que, en lugar de proliferar las armas, el gobierno debería centrarse en el control de las mismas como medio eficaz para hacer frente al aumento de los delitos.
“Unas medidas más estrictas de control de las armas por parte de la Policía Nacional de Filipinas, incluida la expedición más rigurosa o incluso la suspensión de los permisos para llevar armas de fuego fuera de las residencias (PTCFOR), serían una mejor solución para detener la criminalidad que armar a los civiles”, dijo Lacson en su declaración.
Incluso aliados conservadores y legisladores progubernamentales, como Aquilino Pimentel III (senador que representa a un partido liderado por la hija del presidente) y el senador Joel Villanueva, han expresado sus reservas sobre la medida por los problemas de protocolo que pueden surgir y también han pedido un mayor control de las armas.
