“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. La frase en relación a la protesta social que ya es conocida de la boca de Javier Milei, se repite día a día en los primeros anuncios oficiales del gobierno de La Libertad Avanza.
Manuel Adorni, el vocero presidencial, se encargó de enfatizarla tajantemente por estos días, pero no pudo contestarle a una periodista a qué se refería puntualmente esa frase.
En nuestro país, el derecho a huelga está avalado por la Constitución Nacional. No solo en el famoso artículo 14 Bis de la reforma del 94, si no también a partir de otro artículo que tiene su reinterpretación.
“Dentro de la ley se incluye no solo lo que está contenido a la Constitución histórica: peticionar a las autoridades y el derecho a la huelga. Si no también permitir todas las formas de huelga, esto es ocupación de lugares de trabajo y otras veces cortar la calle, para que se haga visible”, responde para ARG MEDIOS el constitucionalista Eduardo Barcesat.
En ese sentido, el artículo 36 de la Constitución Nacional dice algo novedoso para estos tiempos: rechaza cualquier evento de violencia institucional y le da garantías constitucionales al pueblo para defenderse de ese avasallamiento.
“Creo que el discurso que lanzó el nuevo presidente a espaldas del Congreso es un ejercicio de terrorismo verbal de expresar una situación caótica que no se corresponde con ninguna realidad presente ni futura”, plantea Barcesat.
El experto en leyes sostiene que esa violencia institucional del cual habla el artículo 36 no se refiere únicamente a los golpes de Estado que ha sufrido nuestro país, si no a toda forma de “allanar voluntades”, así como también de “gobernar a través de simples decretos”.
“En el artículo 36 se le reconoce al pueblo argentino resistir los actos de violencia institucional. Esto también es resistir a la situación de hambre, despidos y otros conflictos que se expandan”, plantea el constitucionalista.
En ese sentido, Barcesat aclara lo que flota en el aire: “la situación económica actual va a motivar muchos de los reclamos que están avalados por la Constitución. Obviamente que el pueblo tiene derecho de resistencia”.
Por todo esto, ¿El gobierno entrante tomará alguna reflexión sobre lo que significa evitar cualquier manifestación al tiempo que anticipan que sus medidas económicas causarán más hambre, desocupación e inflación?
Sin embargo, el discurso que ha esbozado el gobierno nacional intenta no moverse ni un centímetro de su planteo de mano dura. Si a esto se le suma que frente al ministerio de Seguridad estará Patricia Bullrich, la respuesta represiva del Estado estará a la orden del día. Ese punto preocupa especialmente a Barcesat.
“Tomo lo que ha ocurrido en la provincia de Jujuy como un ejemplo de lo que va a venir. Aunque fue fallido como candidato a vicepresidente, recordemos que Gerardo Morales decía que ellos lo habían logrado en su provincia”, sostiene el constitucionalista, quien de todas formas se pone a disposición para lograr que el gobierno actual no se desvíe de la ley.
“Vamos a poner todo el esfuerzo para mover las articulaciones institucionales para evitar represiones y que los responsables sean severamente sancionados”, aclara.
