Pese a que los datos oficiales del Indec hablan de un descenso de los niveles de pobreza e indigencia en el país (37,3%), la situación económica y social se encuentra en un punto de inflexión. Una inflación desatada y la falta de una herramienta efectiva para contener todavía más a las millones de personas que no tienen trabajos formales, agudizan la crisis en las barriadas más pobres.
De hecho, el acampe que se dio en la avenida 9 de Julio, recordó que la emergencia está allí, tangible y vigente, y que podría manifestarse hacia rumbos todavía no conocidos, en caso de que el Estado no tome nota.
Si bien los buenos números de la macroeconomía -que muchas veces son festejados por algunos funcionarios del gobierno-, explican efectivamente un crecimiento sostenido del empleo y de los ingresos en las familias argentinas, no se pone de manifiesto que, por ejemplo, la inflación interanual ya superó los 40 puntos.
Por su parte, para este 2022 los propios datos oficiales marcan que podrían llegar a 50, siendo uno de los récords de alza de precios más altos desde la hiperinflación que volteó al gobierno de Raúl Alfonsín, en 1989. Aun así, una remontada en la economía no puede omitir el dato que actualmente son casi 17 millones de personas las que se encuentran bajo la línea de pobreza y el 8% de la población total, es indigente.
“La situación social en el país para los sectores populares y humildes, sigue igual a como estaba el año anterior. Y el anterior. El descontrol de los precios está haciendo que la situación en las barriadas populares sea preocupante. Las ollas populares siguen tan reventadas como en el peor momento de la pandemia”, explicó para Agencia Red Global, el dirigente del MTE y la UTEP, Nicolás Caropresi.
Esa situación -considera- también “está afectando a las clases medias que tienen un salario menor al de la Canasta Básica”, quienes principalmente manifiestan un malestar por el aumento del precio de los alimentos y el del alquiler.
Para Caropresi, la crisis no está explotando, sino que está “implosionando”. “Uno va viendo cómo va implosionando la sociedad, con el aumento de consumo, suicidios, violencia. No está estallando para afuera, pero sí que está doliendo y está llevando a condiciones más paupérrimas de la gente”, agrega el dirigente cercano a Juan Grabois.
La demanda de los principales movimientos sociales del país propone una solución a este conflicto con un programa a largo plazo, pero que al mismo tiempo pueda garantizar una respuesta inmediata para los sectores populares. Es decir, tanto el Estado como las organizaciones plantean que la salida es trabajo digno y formal, pero hasta ahora ningún gobierno lo ha podido garantizar. El plan parece tener menos futuro cuando se pone sobre la mesa la necesidad de recortes en los planes sociales.
“La demanda que crece es la misma: alimentos para comedores e ingresos para los hogares, para poder garantizar un nivel mínimo en la alimentación de las familias argentinas”, sostiene Caropresi.
En ese sentido, gremios de la Economía Popular como la UTEP vuelven a manifestar que actualmente existen alrededor de 4 millones de personas en la Argentina bajo la plena indigencia. Frente a esto, sostienen que “la única política que puede garantizar un nivel de vida para los próximos años, es el Salario Universal”, la propuesta que nació del Papa Francisco y plantea un salario fijo para contrarrestar los niveles de pobreza en todo el país.
“Sino este conflicto va a seguir, porque las organizaciones sociales van a seguir marchando legítimamente”, agrega el dirigente del MTE.
AUDITORÍAS SOCIALES VS REPRESIÓN
Mientras las ollas populares se televisan ante una nueva manifestación de organizaciones sociales en una de las avenidas más icónicas del país, existe un debate de fondo que comienza a prender cada vez con más fuerza: la comparación entre el acuerdo que llegó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el todavía infructuoso diálogo entre el Poder Ejecutivo y las demandas sociales.
Las diferencias son tajantes. Mientras con el Fondo se insistió en llegar a un acuerdo, se peleó en muchos frentes y hasta se mandó un proyecto de ley que revalidó el Congreso, con los sectores más desprotegidos -los más golpeados por la crisis- se espera buena voluntad y paciencia. Un paralelismo incómodo entre la deuda externa y la deuda interna.
Al respecto, la diputada nacional por el Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, propuso crear “auditorías sociales” para hacer un seguimiento exhaustivo del hambre y la pobreza en el país y aplicar medidas urgentes.
“Tenemos que pensar cómo transformamos los números de pobreza, que para nosotros no son solo números, sino personas. Con la misma rapidez con la que se llevó a cabo el acuerdo con el fondo se tiene que llegar a un acuerdo con el pueblo para resolver la deuda interna”, le dijo a este medio la legisladora que viene del movimiento cartonero.
Del otro lado de la política, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, propuso que las personas que integren organizaciones sociales y que realizan cortes de calle, dejen de percibir un plan social. Algo similar había propuesto tiempo atrás el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
¿Qué medidas tomará el gobierno para contrarrestar un discurso punitivista y que no contempla en absoluta la urgencia de un sector gigantesco de la sociedad?
Cuando el acuerdo con el Fondo parecía ser la puerta de salida para el gobierno de Alberto Fernández, la calle parece mostrar el rostro más real de la Argentina. Una realidad que quema y que podría ser el principal termómetro político de cara al 2023.
