Israel mantiene leyes, políticas y prácticas que oprimen deliberadamente a la población palestina y funcionan para asegurar la dominación israelí judía en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Esto incluye confiscaciones racistas de propiedades y planes urbanísticos que hacen imposible que muchas personas palestinas construyan viviendas.
En las últimas semanas, el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), la autoridad responsable de aplicar la política del gobierno israelí en los territorios palestinos ocupados, publicó una versión suavizada de una ley que buscaba regular el ingreso de extranjeros a Cisjordania ocupada, la cual es rechazada por palestinos y palestinas.
Si bien el borrador presentado a principios del 2022 era más restrictivo, la serie de reglas y restricciones para los extranjeros que desean ingresar a las áreas palestinas de Cisjordania, profundiza el control de la vida diaria y el movimiento dentro y fuera del territorio ocupado.
El borrador inicial incluía un requisito de que un extranjero o extranjera que forme una relación romántica con un palestino local, debe que notificar al ejército israelí dentro de los 30 días del “inicio de la relación”, definida como un compromiso, boda o mudanza juntos.
El nuevo reglamento incluye varias restricciones impuestas a los palestinos y a sus movimientos dentro de los territorios ocupados, así como a los que viven en la diáspora y visitan a sus familiares en su tierra natal. Las nuevas reglas también eliminaron los límites anteriores sobre el número de estudiantes y profesores extranjeros a los que se les permitía estudiar o trabajar en Cisjordania.
Las imposiciones entrarán en vigencia el 20 de octubre y no se aplican a las personas que visitan Israel o en los más de 130 asentamientos judíos repartidos por Cisjordania, lo que evidencia el apartheid impuesto por Israel a los palestinos. El apartheid israelí ha sido denunciado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y B’Tselem.
Desde varias ONGs y movimientos por los derechos humanos denunciaron que el objetivo de Israel es el de reducir la población palestina en lugar de permitir su expansión, además de aislarla del mundo y de las ayudas solidarias y humanitarias.
La estrategia se condice con la decisión del gobierno israelí de declarar ilegales a seis ONGs en octubre del año pasado.
En agosto de este año, las fuerzas armadas israelíes irrumpieron en las oficinas de Ramala de Addameer, Al Haq, Defensa de Niñas y Niños Internacional – Palestina (DCIP), la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, los Comités de Trabajo Sanitario y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y confiscaron archivos y equipos.
La opresión contra los presos políticos
Cada semana, las autoridades israelíes desplazan a personas palestinas mediante demoliciones o desalojos forzosos, detienen a palestinos que luchan contra las políticas de apartheid y/o los asesinan, incluyendo a periodistas.
Nasser Abu Hmeid, de 49 años, es un exmiembro del grupo de resistencia palestina Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, que se encuentra cumpliendo múltiples cadenas perpetuas y ya ha pasado 30 años dentro de una prisión israelí.
Prisionero desde 2002, padece cáncer y ha estado en coma desde principios de este año. Actualmente, está ingresado en la clínica penitenciaria Ramla de Israel. El pasado fin de semana, miles de manifestantes exigieron la liberación de Hmeid para que pueda pasar sus últimos días con su familia.
Abu Hmeid es uno de los cinco hermanos que cumplen cadena perpetua en prisiones israelíes por su activismo en la resistencia a la ocupación israelí de su patria.
Actualmente, hay más de 4.500 palestinos en prisiones israelíes, incluidos más de 700 “detenidos administrativos”, un procedimiento que utiliza Israel contra la población palestina para mantener recluidas a las personas detenidas por períodos de hasta seis meses, prorrogables indefinidamente, incluso durante varios años. De hecho, no se presentan cargos penales contra ellas ni se hace nada para llevarlas a juicio.
Los prisioneros palestinos se enfrentan a un trato inhumano dentro de las prisiones, con grupos de derechos humanos que acusan a las autoridades israelíes de utilizar la tortura, el abuso físico y el aislamiento, entre otras formas de trato ilegal, contra los presos palestinos.
