Es posible que el primer gran tema del año en la arena política se esté mirando de costado por la inmensa mayoría de la población, no sólo por la fecha en la que se inició sino por su parcial complejidad. El 1 de enero, sin esperar más, el presidente Alberto Fernández anunció que pedirá al Congreso de la Nación un proceso de juicio político para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
¿Las razones para lanzar semejante bomba cuando todavía nos acomodábamos en el 2023? Un último fallo que benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y perjudicó a las provincias, en especial a la provincia de Buenos Aires, en el marco de los fondos de coparticipación federal.
En síntesis, miles de millones de pesos que ingresarán a la caja de Horacio Rodríguez Larreta en detrimento de las necesidades de algunas provincias. Y todo en un año electoral, en donde el intendente de Buenos Aires suena como uno de los principales candidatos a presidente por parte de Juntos por el Cambio.
De inmediato, la jugada del presidente se hizo más impresionante al pedirle apoyo a los gobernadores. Un apoyo que por ahora no termina de ser completo, pero que reunió a muchos mandatarios, incluso de la oposición. Por esta razón, este martes 3 de enero, Alberto Fernández y varios gobernadores mantendrán un encuentro formal en la Casa Rosada.
Gobernadores tibios y un Senado abroquelado
El primer problema que enfrenta ahora el oficialismo es que los que hoy no participarán de esa reunión, tienen un peso importante. De terminar cediendo al pedido de juicio político, debilitaría la fuerza con la que el presidente intentó golpear.
Actualmente, las dudas se posan sobre el sur: la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, es una de las incógnitas, pero también Omar Gutiérrez, de Neuquén, y Mariano Arcioni de Chubut. En tanto, tampoco tomaron una decisión concreta los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones.
Pero el segundo problema es que el proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte –Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- no será tan sencillo, incluso con todo el apoyo de los gobernadores. Si bien la voluntad de las provincias sumaría mucho más peso en el Congreso (sobre todo en la Cámara de Diputados) el oficialismo tendría serias dificultades en el Senado de la Nación, en donde la oposición ya amenaza con no dejar pasar esa medida.
“Estas maniobras desesperadas contra la justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este gobierno es la búsqueda de impunidad. En un país donde lo único que crece es la inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y donde la calidad educativa se degrada día a día, el único objetivo que los desvela un 1º de enero es tener una justicia sometida”, expresaron desde un comunicado de Juntos por el Cambio.
Lo último que hay que recordar es que, hasta entonces, el gobierno no ha podido ni siquiera lograr proponer un miembro de la Corte que reemplace a la ex integrante, Elena Highton de Nolasco, luego de su renuncia en 2021. Por lo que en este contexto, la tarea de intentar desplazar a los miembros de la Corte, pareciera una hazaña.
Pruebas de una Justicia corrupta
Pero más allá de la posibilidad o no de concretar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que los vínculos entre la justicia y la política se están esclareciendo cada vez más. Sobre todo, vínculos entre jueces, empresarios y miembros de la oposición.
Se expuso vulgarmente en los chats de Télgram que se ventilaron entre jueces federales y funcionarios públicos (como el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D´Alessandro) para intentar tapar un polémico viaje al Lago Escondido, presuntamente a la mansión del magnate inglés, Joe Lewis.
Pero también se terminó de probar con otros chats entre D´Alessandro y Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rossatti. Aquellas condenables comunicaciones, destapó la aceitada vinculación entre el máximo órgano de Justicia del país y la oposición, cuando en los chats se hablaba precisamente del fallo que finalmente la Corte aplicaría para beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del conflicto por la coparticipación.
Pese a que el funcionario porteño estuvo envuelto en dos verdaderos escándalos nacionales, todavía no renunció ni el intendente de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió un paso al costado.
