El gobierno nacional anunció que buscará cobrarles la educación y la salud a las personas extranjeras o no residentes del país. El argumento que dio el vocero presidencial, Manuel Adorni, pasaba por un “ahorro” de las cuentas públicas y para priorizar a los y las argentinas.
Sin embargo, a los pocos minutos de difundirse la medida ya mostraba una contradicción fundante: según las estadísticas, la atención de salud de extranjeros es bajísima, mientras que para estudiar en universidades públicas, el requisito principal es ser residente en el país.
Aún así, el gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a responder la nueva medida del gobierno. Según los datos oficiales, en los hospitales bonaerenses, la atención a extranjeros y no residentes es de apenas el 0,2%.
“Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento. Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada. No cuentan con Provincia donde la atención es gratuita en todo el territorio. La salud de la gente es un tema serio, tratémoslo con información”, expresó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
El ministro agregó, a modo de pregunta: “¿Qué se esconde detrás de la propuesta de cobrar los servicios de salud a extranjeros? Las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de achicar el gasto público son en realidad un fuerte debate sobre la concepción sobre el derecho a la salud y el rol del Estado”.
El bajo nivel de extranjeros en la salud
La Fundación Soberanía Sanitaria analizó en 2023 que en la provincia de Buenos Aires, del total de 1.449.606 consultas digitales registradas, 3.210 correspondían a personas que no vivían en la Argentina. Es decir, solo el 0,2%.
“Del total de personas que se internaron en hospitales bonaerenses en 2023, sólo el 0,8% corresponde a extranjeros no residentes: 8.970 extranjeros sobre más de un millón de personas internadas durante ese año”, dice parte de ese informe.
“La información presentada da cuenta de que lo que en verdad se esconde en el arancelamiento a la atención de extranjeros es un fuerte debate sobre el derecho a la salud”, concluye la Fundación Soberanía Sanitaria.
