Hace 40 años el gobierno cívico militar decadente de la Argentina daba su último manotazo de ahogado antes de tener que abandonar el poder. Cientos de jóvenes argentinos dejaron la vida en las islas Malvinas, usurpadas por el imperio británico hace ya 150 años. De esa trágica guerra, quedaron muchos resabios, entre los cuales se encuentra el pedido de justicia por casos comprobados de torturas contra excombatientes.
Esta causa, que se inició en el 2006 y hoy tramita en el juzgado de Tierra del Fuego (por considerarse Malvinas parte de este territorio donde sucedieron los delitos), tiene imputados a más de un centenar de exmilitares por torturas a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982. La causa se encuentra paralizada hace once meses, por lo cual los abogados y organismos que acompañan a los excombatientes aseveraron que “el Poder Judicial viola los derechos humanos“.
En mayo del año pasado un pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal determinó por mayoría que los supuestos ilícitos no eran delitos de lesa humanidad y que, por ende, estarían prescriptos. Ese fallo fue recurrido por el Ministerio Público Fiscal y por los querellantes ante la Corte Suprema, que ahora le toca expedirse sobre estas causas.
El proceso judicial contiene al día de hoy más de 170 declaraciones y 130 militares imputados por esos hechos (de los cuales 3 de ellos fueron procesados y otros 20 con llamado a indagatoria). El fallo de la corte será crucial, ya que solo si son considerados delitos de lesa humanidad la causa no prescribirá por el paso del tiempo; como sucede con los delitos comunes.
¿Cuáles son los elementos por los cuales pueden ser considerados delitos contra la humanidad estos hechos? Las denuncias plantean imposición de tormentos y privación ilegítima de la libertad; entre los cuales se describen medios de tortura tales como el estaqueamiento a soldados a la intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos sin abrigo ni zapatos, en el gélido clima de las islas.
También fueron denunciadas torturas como el enterramiento de pie hasta el cuello en pozos que las mismas víctimas debían cavar, la obligación de sumergirse en agua helada completamente desnudos, golpizas, picanas y la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia. Todas prácticas emparentadas con las que se utilizaron en territorio continental durante el último gobierno cívico militar.
Este reclamo fue incluido en el documento de los organismos de Derechos Humanos el 24 de marzo pasado en la plaza de Mayo. Dos días antes, el 22 de marzo, hubo una manifestación de los excombatientes junto a organismos tales como la Comisión Provincial por la Memoria, CECIM La Plata y gremios de trabajadores estatales.
Ese día el abogado del Cecim, Jerónimo Iraola Guerrero entregó un petitorio de pronto despacho a la Corte junto al secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano y dijo: “Exigimos al tribunal que esté a la altura de la historia y produzca el fallo a la mayor brevedad posible“.
El 31 de marzo la fiscalía de Rio Grande amplió su requerimiento por tormentos a soldados en Malvinas e incorporó casos de abuso y antisemitismo.
Las expectativas de avance de la causa
En diálogo con ARGmedios, Laurentina Alonso, abogada y miembro del equipo jurídico que representa a los excombatientes explicó que las pruebas para que el máximo tribunal jurídico argentino se expida a favor son contundentes. Las mismas Fuerzas Armadas desplegaron operativos de inteligencia sobre sus propios soldados durante el conflicto bélico en el antártico. “Ahí figuran los informes de “faltas disciplinarias”, que empiezan por el castigo de hambre a los colimbas, las torturas, los estaqueamientos. En algunos casos se los sentenciaban a pena de muerte”, apuntó la abogada.
Además, Alonso agregó su parecer respecto a la situación de estancamiento de la causa: “La justicia tiene un tema con Malvinas, las Fuerzas Armadas y varios sectores de la sociedad no se quieren hacer cargo de que mandaron a pibes a una guerra a morir y que la sociedad la apoyó”, dijo y recordó: “Los represores fueron los mismos que ejercieron el terrorismo de Estado en los centros clandestinos de detención”.
Por su parte, Roberto Cipriano García, vocero de la Comisión Provincial por la Memoria, que acompaña el reclamo en esta causa, también habló con ARGmedios: “Planteamos que se acelere la causa y que la corte suprema determine que se trata de crímenes de lesa humanidad. Hoy no hay decisión de la justicia de avanzar”, dijo.
Sobre las expectativas de que la causa avance, dijo: “Cada vez que llega esta fecha, algo se mueve. No creemos que esta justicia vaya a cambiar de actitud, si no hay voluntad política del gobierno para ponerle interés al tema y ponerles recursos. Desde que se hizo la denuncia no ha habido declaraciones públicas de los funcionarios por este asunto”.
En ese sentido, agregó: “Sería importante que todos los partidos reclamen como una causa de la democracia, porque fueron perpetrados por los mismos militares que ejercieron el terrorismo de Estado”. Asimismo, dijo que “la CIDH se puede expedir antes”.
Desde el lado de los excombatientes, Rodolfo Carrizo dijo en declaraciones a Futurock: “Llevamos 40 años de impunidad, más de 150 imputados y 150 compañeros que siguen declarando públicamente. La respuesta de la justicia es muy lenta, ahora 4 convocados a indagatoria. Hay un retraso importante. Nosotros tratamos de concurrir a la acción judicial, recurrimos a la CIDH, todavía en nuestra sociedad esos perpetradores están libres y son delitos de lesa humanidad”, concluyó.
