El 33% de la energía total que se consume en el país, es hidroeléctrica, (según un informe de 2016), y es indispensable para el agua potable, riego, energía eléctrica, navegación fluvial, recreación y turismo.
Argentina cuenta con 95 aprovechamientos hidroeléctricos: 17 son grandes represas, entre las que se encuentran dos neuquinas, centrales de Piedra del Águila y El Chocón. Por su parte, las 78 restantes son de menor envergadura.
Hay varios hitos fundamentales en la historia de la energía del país, pero hay tres que definitivamente delimitaron el rubro del recurso: la creación de la Empresa Nacional de Energía (Ende) en 1949. Decreto N° 17.371. La Ley de Energía Eléctrica sancionada en 1960 que reconoce el ámbito provincial en las tareas de distribución y comercialización. Y las privatizaciones de los 90`que desmantelaron todo el sistema nacional de red hidroeléctrica (a través de la Ley 24.065).
Este último episodio desmembró las ex empresas Agua y Energía Eléctrica S.E. e Hidronor S.A. en 13 unidades de negocio y concesionadas a empresas privadas. Pero ahora, los contratos de algunas de estas tienen fecha de vencimiento en 2023, y por eso desde hace dos años que se viene moviendo el avispero en despachos y recintos de las provincias y el Congreso.
Si bien hay represas hidroeléctricas desplegadas a lo largo y ancho del país, el turno les tocó a las patagónicas, asentadas en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, que facturan unos 800 millones de dólares anuales.
Actualmente cada una tiene su dueño, y la mayoría de ellas no son de bandera celeste y blanca. El Chocón-Arroyito es propiedad del grupo italiano ENEL, controlante de Edesur (con el 59% de las acciones); Cerros Colorados-Planicie Banderita, es de la firma de inversiones Orazul integrada por exejecutivos de Morgan Stanley; Alicurá,del grupo norteamericano AES; y Pichi Picún Leufú, del grupo local Pampa Energía conducido por Marcelo Mindlin.
Se le suma la central Piedra del Águila, cuyo contrato de concesión finaliza en diciembre del 2023. La misma está en manos de la Sociedad Energía Sadesa Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo, Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.
Un reclamo que llegó a la Cámara Alta
Los primeros en reclamar la gestión de los aprovechamientos hidráulicos, fueron los gobiernos y legisladores de Neuquén y Río Negro. El 27 de diciembre del 2021, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y su par de Neuquén, Omar Gutiérrez, oficializaron el reclamo en conjunto para manejar las represas hidroeléctricas de la región, respaldados por el artículo 124 de la Constitución Nacional.
El 28 de noviembre de este año, el senador neuquino Oscar Parrilli llevó el pedido formal a la Cámara Alta. El proyecto que propuso fue el que reclaman las provincias del sur: para el 2023 las concesiones hidroeléctricas deberán ser de jurisdicción nacional a través de la empresa pública Energía Argentina S.A. (ENARSA), en sociedad con las provincias. El objetivo es que el ente estatal pueda retener el 51% de las acciones.
“La experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector”, dijo Parrilli. “A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994 se disminuyó al 25% actual”, argumentó el legislador.
Las provincias se envalentonan
Se viene un año de renovación y las provincias aprovechan para saldar cuentas. Neuquen y Río Negro reclaman al Estado Nacional y a las concesionarias privadas una deuda de $983 millones, por los pagos mensuales atrasados en concepto de regalías, y por incumplimientos en actividades de las privadas.
Las definen como regalías “mal liquidadas” desde 2013 hasta la fecha y las “ganancias extraordinarias” que han tenido las concesionarias en perjuicio de los organismo locales, que son los encargados de llevar adelante los monitoreos. Por ley y en concepto de Regalías Hidroeléctricas, reclaman a las concesionarias de las obras hidroeléctricas del Comahue el pago que les corresponde
El ex secretario de Energía provincial y actual legislador rionegrino, Sebastián Caldiero, se refirió a la resolución 95/13 como el móvil para que las provincias fueran perjudicadas. “Las concesionarias cobran sobre un montón de otros ítems que las provincias no cobramos como regalías”, razonaba el diputado de Cipolletti, experto en materia energética.
Desde 2013, la Nación instrumentó un sistema de remuneración para la generación hidroeléctrica con el que se dejó de lado la legislación de fondo en la materia, perjudicando a las provincias acreedoras. Las mismas fueron beneficiadas por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenciado en el 87´, por las Regalías mal liquidadas en el caso de la provincia de Neuquén, con HIDRONOR S.A.
Los pedidos ya se hicieron de forma oficial y llegaron al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, con la intención que interceda en el giro de los fondos.
Después de 30 años, a Argentina se le abre la puerta a una oportunidad histórica. Una mayor participación del Estado en las acciones de concesiones hidroeléctricas, sería el inicio de una apuesta por modificar el sistema energético argentino, con todos las ventajas ambientales y laborales que la industria hidroeléctrica trae consigo.
