Según el último informe del Servicio Geológico de EE.UU, el 67% de las reservas mundiales de litio se encuentran principalmente en los salares andinos de Bolivia, Argentina y Chile. En la actualidad el litio es un recurso natural estratégico por su principal característica: contener la energía generada mediante recursos renovables. Si bien el litio ya es usado para la elaboración de computadoras portátiles y teléfonos celulares, ahora los mercados globales están apostando a una nueva industria: las baterías de litio.
Las baterías denominadas ion-litio serán el motor que impulsará la movilidad de los próximos años mediante los autos eléctricos. El primero en construirse fue en Bolivia, y Argentina ya tiene el suyo: “Tito”, el primer auto eléctrico nacional fabricado en San Luis por la empresa Conadir. Sin embargo, las diferencias entre estos dos países son abismales. Mientras que el Estado plurinacional de Bolivia es quien gestiona los recursos litíferos desde el 2008, Argentina se encuentra estancada en la proyección de un horizonte industrial.
A principios de semana el presidente Alberto Fernández visitó YTEC, la empresa de investigación y desarrollo de YPF, ubicada en Berisso, donde se fabricarán mil baterías de litio al año y genera 50 puestos laborales. Es el primer “laboratorio” de una planta industrial de litio en el país. Sin embargo, el recurso viene siendo extraído desde los 90 ́, y se vende como materia prima al exterior. Actualmente hay alrededor de 18 proyectos a la espera o en estado de ejecución para extraer litio en los salares del norte.
En el salar de Olaroz, provincia de Jujuy, se extraen 17 mil toneladas anuales de carbonato de litio desde el año 2015. Las empresas que operan son la australiana Orocobre Limited y la japonesa Toyota Tsusho. Entre las dos aportan el 91,5% de las acciones, y ambas ejercen “toma de decisiones compartidas sobre el mercado, asignación de productos y términos de venta”. También participa la empresa estatal jujeña JEMSE, con tan solo un aporte del 8,5% del capital.
Catamarca, es territorio histórico donde se asentaron mineras y hubo una gran resistencia popular como el caso de Andalgalá contra La Alumbrera. En la localidad de Fiambalá, la empresa china “Shen” opera desde el 2016 en el proyecto denominado “Tres Quebradas”. En el Salar del Hombre Muerto, trabajan empresas como la estadounidense Livent. A través del proyecto Fénix que extrae 21 mil toneladas anuales de carbonato de litio y desde la misma, se autoexporta a EE.UU y a algunas fábricas en China. También está el gigante surcoreano Posco, que hace poco anunció una inversión de US $4.000 millones en el megaproyecto del litio. Ambas multinacionales poseen 10.000 hectáreas cada una en este salar.
Además, en Hombre Muerto hay otros proyectos en distintas etapas de exploración como Sales de la Vida (de la empresa australiana Galaxy Resource), Hombre Muerto 2 (de la canadiense NRG Metasl), Proyecto Gallego (de la australiana Everlight Resources) y otras superficies exploradas por la canadiense Lithium South Development y la australiana Galan Lithium, entre otras compañías.
El caso de Bolivia
Bolivia posee las mayores reservas de litio en el mundo. En 2008, Evo Morales comenzó el proyecto de industrialización del Salar Uyuni, tras una fuerte demanda de movimientos sindicales campesinos quienes fueron los autores del proyecto.
Ese año, se sanciona el Decreto 29.496 que eliminaba el régimen concesional y otorgaba estatus Nacional a la explotación de los Recursos Evaporíticos del Salar Uyuni. Pero formalmente en 2017 con la creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), mediante la Ley Nº 928, el Estado de Bolivia pasó a tener regulación absoluta sobre el recurso.
Con dicha ley hay un punto clave que resulta un logro en materia de soberanía, y que es necesario retomarlo en el panorama nacional: el traspaso de tutela de la entidad regulatoria del litio, del Ministerio de Minería y Metalurgia, al Ministerio Energías de Bolivia. Un reconocimiento específico al recurso, con una regulación y un marco normativo propio.
Según el Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), “Bolivia logró consolidarse como un actor fundamental en el mercado mundial del litio y estaba preparado para dar el gran salto y establecerse como líder del cambio de matriz energética y patrón tecnológico en la región latinoamericana y caribeña. Sin embargo el golpe de Estado ha detenido el proceso.”
Cinco días después de que Jeanine Añez se autoproclama presidente de Bolivia, a pesar de no contar con las condiciones constitucionales para hacerlo, las acciones de la empresa Estadounidense TESLA, cuyos productos se fabrican a base de litio, aumentaron exponencialmente.
Intentos sin ningún acierto
Desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica se compartieron datos de un informe de la Agencia Internacional de Energía que indica que la demanda del litio aumentará 42 veces para 2040. Argentina aún no tiene una política diseñada para el desarrollo de dicho recurso.
Segun Carlos Freytes, titular del Cenit-Usam CONICET, el principal problema se relaciona con que “Argentina carece de un marco normativo específico para el litio y por lo tanto carece también de una definición estratégica de qué es lo que se planea hacer con el recurso, y en eso contrasta dramáticamente con los otros dos países del triángulo”.
La falta de reconocimiento normativo del recurso, lo deja bajo la regulación del Código Minero, el cual ha sido reformado en 1997, estableciendo que las regalías son del 3% para las provincias que permiten la explotación de sus salares, como el caso de Jujuy.
En el 2021, desde el escritorio del ministerio de Desarrollo Productivo, ahora secretaría, se venía pensando un proyecto de ley para considerar al litio “recurso estratégico”, y pasar a regularse a través de una “Mesa de Litio”, donde participaría el Ejecutivo nacional, junto a las provincias que hoy en día regulan y administran los recursos naturales dentro de su territorio, tal como dicta el artículo 124 de la Constitución Nacional.
Dicho proyecto fue presentado por el Frente de Todos, pero permanece dormido en los cajones del Congreso aún sin dictamen parlamentario.
