El pasado lunes 22 de agosto quedó formalizado el recorte de 210 mil millones de pesos del presupuesto nacional, a partir de la Decisión Administrativa 826/2020.
¿En qué consiste el recorte? Afecta a los ministerios de Educación, Desarrollo Territorial y Habitat, Obras Públicas, Transporte, Salud y Desarrollo Productivo. Los retoques son diversos afectando fondos, transferencias entre áreas del Estado, gastos y compras.
La mitad del ajuste apunta centralmente a los sectores educativos y de hábitat. En educación es de 50 mil millones de pesos, llevando acabo recortes sobre el programa Conectar Igualdad, fondos para la construcción de jardines de infantes y mejoras en infraestructura de todos los niveles. Vale recordar que Conectar Igualdad ya había sufrido un ajuste en junio del 2022 bajó la fugaz gestión de Silvina Batakis, perdiendo ahora el 38% de su presupuesto anual. Por su parte, para jardines de infantes el recorte sería del 36%.
La tijera sobre la cartera de Jorge Ferraresi también es de aproximadamente 50 mil millones de pesos y afecta centralmente al programa PROCREAR y al Plan Nacional de Suelo. Una reducción del 23% del presupuesto anual destinado al acceso a la vivienda, en un país con déficit habitacional, fuertemente inquilinizado y con más de 5.400 barrios populares.
Las computadoras para los jóvenes, el sueño de la casa propia, la construcción de establecimientos educativos, la obra pública. Todas aristas nodales en la simbología del peronismo del siglo XXI. Sucede que el ajuste pasó casi inadvertido ante los recientes acontecimientos de la agenda política vinculados al hostigamiento y la persecución judicial – mediática sobre la actual vicepresidenta.
Pero para entender este ajuste (posiblemente el primero de varios) es necesario recrear la película completa, desde el principio. La generación del Frente de Todos (FdT) en 2019 cumplió con sus estrategia electoral de vencer electoralmente las pretensiones de reelección del neoliberalismo más duro encarnado en la figura de Mauricio Macri. El objetivo se cumplió, no obstante la tarea de superar la crisis económica cargando la pesada mochila de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó a suscitar agrietamientos dentro del FdT, tanto por la orientación del programa a implementar como por el manejo concreto de joystick para hacerlo.
De todas formas, el acuerdo central que sostiene a los principales espacios del FdT sigue siendo el mismo: poder digitar desde los resortes del Estado un acuerdo neodesarrollista que por las condiciones globales pos pandemia (más aun tras la guerra en Ucrania) se entiende más conservador que el orquestado durante la primera década del 2000, generando consenso sobre el extractivismo, el sostenimiento de los programas de inclusión social, el tipo de cambio y, centralmente, una resolución a la deuda con el FMI. Es lo que formula el Libro Blanco de la Unión Industrial Argentina (UIA) y lo que sostuvo Matías Kulfas en su cartera.
Cumplir con las metas del acuerdo con el FMI y estabilizar la macroeconomía es vital para el sostenimiento de este gran acuerdo nacional. Una de las metas del acuerdo precisamente, establece que el déficit fiscal anual no puede superar el 2,5% del PBI. Pero entre aumentar la recaudación o recortar los egresos del Estado, la actual gestión se estaría inclinando más por la segunda opción. La tarea es llegar a la segunda revisión del acuerdo que será paradójicamente en primavera. Los números, entre recortes e ingresos fiscales frutos del crecimiento económico, parecerían más o menos dar.
Que los números ´den´ es central para Sergio Tomás Massa, ya que justificarían los sacrificios que como ministro debe inexorablemente desarrollar y las buenas noticias que como posible candidato en 2023 es necesario poder capitalizar. Logrando estos objetivos, la figura del Massa se tornará cada vez más central a la hora de pensar en quién puede expresar políticamente mejor la posibilidad estabilizar Argentina por la ancha avenida del medio.
Sin embargo, las posibilidades de ruptura de este acuerdo de centro por lo pronto son dos: por un lado, la alianza entre sectores coorporativos – financieros con la vieja oligarquía liberal agroexportadora, representada políticamente por los halcones de Juntos por el Cambio (JxC). Es este sector el que impulsa constantemente políticas apuntadas a dinamitar la posibilidad de un acuerdo de estas características, que podría incluir en el espectro político a la facción de las palomas, el massismo y (por resignación) al mismo kichnerismo.
El otro escenario es que las condiciones de este acuerdo impliquen cada vez más ajuste hacia los sectores populares, al margen de la cristalización de su ya paupérrima situación actual. La posible presión de las bases organizadas de gremios, sindicatos y organizaciones sociales podría desordenar el tablero de Excel de la tecnocracia bienpensante. Si bien por ahora esta posibilidad es incipiente, no se puede descartar para nada. Es posiblemente el plano más complicado para el actual superministro, quien deberá transitar la cuerda floja entre la degastada promesa del FdT de empezar por los últimos de la fila, sin dejar de contentar a los que hace varios años no se mueven de los primeros lugares.
Las movilizaciones protagonizadas por organizaciones nucleadas en la UTEP -como el MTE de Juan Grabois-, las CTA, el Bloque de Unidad Piquetera liderado por el Polo Obrero y seccionales de la CGT, movieron el avispero de la agenda política y la vara de exigencias de la clase trabajadora hacia el gobierno nacional.
Se prevee para este martes un plan de lucha nacional con bloqueo de puerto y accesos a grandes empresas. De acá a 2023, falta mucho tiempo.
