El gobierno de Javier Milei disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y recreó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), reeditando hasta con el mismo nombre un organismo que pasó a la historia por escándalos de gravedad institucional.
“La desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”, se justificó el gobierno, en un comunicado por las redes sociales.
A su vez, la nueva SIDE dependerá directamente del presidente, la cual -como indica el comunicado- “tendrá control operativo de cuatro agencias creadas con el fin de transformar y modernizar el sistema de inteligencia, promoviendo la excelencia y el profesionalismo en el desarrollo de sus tareas”.
Según informó Casa Rosada, la nueva SIDE tendrá a su cargo la coordinación operativa y el control presupuestario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependientes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa respectivamente.
Vale aclarar que el gobierno de Milei nombrará a personajes directamente relacionados con el menemismo y con la vieja SIDE, en donde hubo un escándalo que pasó a la historia respecto a la investigación con el atentado a la AMIA.
En este sentido, Milei nombrará a Juan Bautista “Tata” Yofre, secretario de Inteligencia del Estado entre 1989-1990 y Alejandro Walter Colombo, un exdelegado de la SIDE en Roma durante el menemismo, quien a su vez está vinculado a Antonio Stiuso. Según detalló Página12, en otra de las nuevas agencias estará el comisario General retirado Pablo Cecati, exjefe de la custodia presidencial de Macri y muy cercano al expresidente.
El escándalo que generó la SIDE en el caso AMIA
La ex Secretaría de Inteligencia fue un actor central para desviar la causa AMIA, el atentado terrorista que dejó un saldo de 85 personas fallecidas el 18 de julio de 1994. Según se constató, la SIDE fue la que pagó 400.000 dólares a Carlos Telleldín, uno de los imputados en la causa, para involucrar con su declaración a un grupo de policías bonaerenses en el atentado, con el claro fin de desviar la investigación.
De hecho, tras ese escándalo de los sobornos, el propio Estado argentino tuvo que salir a pedir disculpas y comprometerse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a transparentar los siempre turbios fondos reservados de Inteligencia.
