José Carlos Rivero tenía 4 años de edad cuando murió a causa de una enfermedad íntimamente relacionada a los agroquímicos. Ocurrió en Paraje Puerto Viejo, ubicado en Lavalle, Corrientes.
“Kily”, como le decían, falleció el 12 de mayo de 2012 a causa de un “daño hepático fulminante”, luego de que en la tomatera lindante a su casa se fumigue una y otra vez, sin cesar, y sin control. Pasaron más de 10 años de aquel hecho y el principal responsable, el empresario Oscar Antonio Candussi, sigue libre, pese a estar procesado por homicidio culposo.
Hace unas semanas, la justicia correntina volvió a suspender el juicio sin dar demasiadas explicaciones.
“Vistos que la nutrida agenda del Tribunal no permite la fijación de debates en fecha próxima (…) y atento a que en la presente causa no existe persona detenida, por la que prorrogar la fecha de audiencia no ocasionaría gravamen relevante en el presente juicio: resuelvo suspender la audiencia señalada”, dice el comunicado de parte del juez Jorge Antonio Carbone, presidente del Tribunal de Juicio de Goya (Corrientes).
Si fumigar fuese ilegal, si fumigar fuese una actividad que considerara la vida que hay más allá de los intereses productivos, Kily tendría hoy ya 14 años, podría haber ido a la escuela, habría formado amigos y amigas, habría tenido sueños que cumplir. Habría visto a Messi salir campeón. Habría salido a festejar en su pueblo correntino, como tantos chicos y chicas.
Pero el agronegocio le arrebató su vida. Lo más terrible, es que ni siquiera en estos casos, la justicia impone límites y condenas ejemplares.
Su madre, Eugenia Sánchez, lo dice todavía de forma más clara y descarnadamente: “Me da mucha impotencia porque no hay ningún preso pero sí un niño muerto y mucho dolor en la familia porque todavía no se puede tener justicia. Cuanto más se aleja el juicio más se dilata nuestro dolor. No es fácil recordar nuevamente todo lo que pasó”.
Después, pide ayuda para seguir difundiendo la injusta muerte de su hijo de tan solo cuatro años: “Nos sobran experiencias para sospechar que si el tema no se visibiliza, si el juicio no se acompaña también de una condena social que exija justicia, existe serio riesgo que el tribunal nuevamente imparta injusticia”.
Las evidencias de la responsabilidad por las fumigaciones, son imposibles de obviar. Dos semanas previas a los primeros síntomas del chico, en la casa en donde vivía la familia, varios animales murieron repentinamente. Luego de que Kily enfermara, la atención médica también fue parte del problema.
En la salita de la zona le dieron analgésicos y lo mandaron de nuevo para su casa. Pero el estado del niño no mejoraba, en el hospital de Goya fue internado por 24 horas, pero allí decidieron trasladarlo a un hospital de mayor complejidad, en la capital correntina. Recién allí se pudo conocer un diagnóstico (“daño hepático fulminante”), por lo que Kily fue derivado por última vez al hospital Garrahan, de la capital federal.
“Falla hepática fulminante, falla multiorgánica, de origen tóxico”, dice en los documentos que forman parte del expediente judicial, tal como recordó la periodista Anabel Pomar, para Agencia Tierra Viva.
Además, en la causa judicial figura que se encontró “la presencia de agrotóxicos organofosforados en orina del niño, en plantas de tomate en el lote del imputado por el crimen y en huesos de uno de los cerdos muertos en la casa de los Rivero”.
Sin embargo, la muerte de Kily no es la única vida sacrificada por los intereses del agronegocio. Esos intereses que la justicia no quiere limitar o sancionar, aunque se lleven puesta vidas humanas. En ese mismo lugar, Paraje Puerto Viejo, otro niño murió en marzo de 2011 por iguales circunstancias.
Nicolás Arévalo, también de cuatro años, enfermó luego de haber estado cerca de una plantación rociada por agrotóxicos. Nicolás falleció el día 4 de abril de 2011 por “edema agudo de pulmón producido por intoxicación por plaguicida”. La autopsia concluyó que tenía en su cuerpo el agrotóxico endosulfán.
Su prima, Celeste Estévez, también sufrió consecuencias, luego de estar internada en el Hospital Garrahan por varias semanas. A la fecha, continúa un tratamiento de por vida debido a las consecuencias hepáticas que le produjo estar expuesta a “clorado de alfaendosulfan”.
Debido a que este caso encontró repercusión nacional, en diciembre de 2020, el Tribunal Oral Penal de Goya condenó a Ricardo Nicolás Prieto, dueño de la tomatera y responsable de las fumigaciones, a tan solo tres años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo de Nicolás Arévalo y lesiones culposas de Celeste Estévez.
No es el caso, sin embargo, del juicio por la muerte de Kily Rivero. Su familia y quienes no pueden soportar más infancias sacrificadas por el agronegocio, también esperan una condena ejemplar.
