Cuando en enero, el gobernador Axel Kicillof firmó el aumento del impuesto inmobiliario, el diputado nacional Jose Luis Espert llamó a no pagar la boleta. El porcentaje de suba del inmobiliario agrario fue menor al aumento de la inflación en todos los casos, según se deja ver en las escalas que difundió ARBA, la agencia de recaudación impositiva de la provincia. A esto se le agrega que el censo agropecuario del 2018 arrojó el dato que el 16% de las Explotaciones Agropecuarias (EAP) controlan el 66,5% de la superficie cultivable de la provincia de Buenos Aires, todas con más de 1000 hectáreas.
En este contexto las entidades de las grandes familias de los agronegocios bonaerenses llamaron a una “rebelión fiscal”. Hubo denuncias de la Sociedad Rural Argentina y de CARBAP, que en algunos casos el aumento del impuesto fue mayor de 500%. Entonces el gobierno provincial retrotrajo el impuesto al valor del año pasado para la segunda cuota del cobro a los terratenientes. El aumento era progresivo en relación al valor tanto de escala (tamaño en hectáreas) como de ubicación geográfica siendo, 200% máximo el aumento del impuesto.
Es cierto que el incremento viene en el contexto de sequía de tres años, pero el aumento no les impide seguir produciendo, para los rentistas propietarios más aún. Este impuesto no pesa como las retenciones y el argumento para no pagar impuestos que esgrimen están fundados en que los caminos rurales “están destruidos” y que estos impuestos provinciales no se estarían volviendo en obras de arreglos de accesibilidad rural.
Cómo se repartió la tierra en la provincia
Si bien la oligarquía, como mecanismo del gobierno institucional del naciente Estado argentino no existe más, quedaron sus familias tradicionales poseyendo sus latifundios. Es decir, las familias oligárquicas conservaron sus tierras, sus estancias y la forma de explotación agrícola-ganadera aunque atravesaron diferentes transformaciones a través de los cortos años de historia del país. Primero con el peronismo se modificó la composición de poder en la base social de la ruralidad, es decir muchos campesinos compraron sus tierras y las pusieron a trabajar en la chacra mixta. Pero en la cúpula terrateniente de la provincia de Buenos Aires por ejemplo estos históricos clanes fueron traspasando generacionalmente la tierra a través de herencias que se fueron subdividiendo dándose un parcelamiento de los campos intrafamiliares.
“La propiedad de la tierra en la pampa húmeda se remonta a la conquista del desierto por parte del ejército de Roca y la repartición de esas tierras en familias que financiaron esas campañas y que conformaron la oligarquía”, dijo para ARG MEDIOS, el productor y dirigente de Federación Rural, Manuel Bertoldi. Para el referente social, el latifundio en la provincia de Buenos Aires “efectivamente existe” y considera que hoy “está totalmente invisibilizada la posesión de la tierra y esa fue una gran victoria que ha tenido ese grupo terrateniente”.
Profundizando esa reflexión agregó: “En los sectores populares incluso tanto rural como urbano el tema de la propiedad de la tierra ya pareciera estar saldada y que no hay posibilidad de revertir la situación actual. Entre los grandes terratenientes encontramos en la zona bonaerense a Perez Companc, Irigoyen, Alcorta y Alvear”.
En los archivos del programa Interdisciplinario de Estudios Agrarios y FUNDAR, hay una aproximación de la superficie de algunas familias. Por ejemplo: Amalia Lacroze de Fortabat tiene 140.000 hectáreas, la mayor parte en Buenos Aires. El Grupo Werthein (Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A) son propietarios de 100.000 hectáreas en la provincia. Alberto Guil (Delfinagro SA) es propietario de 31.000 hectáreas en Buenos Aires. Carlos Reyes Terrabusi, posee alrededor de 25.000 hectáreas, también en la zona. Manuel Santos Uribelarrea es propietario de 17.000 hectáreas. Cristiano Rattazzi (Fiat Argentina) es dueño de 2.500 hectáreas en Balcarce.
En ese sentido, el ingeniero agrónomo miembro del Departamento de Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía y Forestal de la UNLP, Patricio Vértiz aporta el siguiente dato: “El problema es que hoy no hay datos que midan la concentración de la tierra en Argentina. Ese dato debería estar en el catastro del inmobiliario rural pero están desactualizados”. Entonces como no están actualizados los catastros no se pueden diseñar políticas impositivas efectivas. “La pregunta de por qué no están actualizados los catastros del inmobiliario rural, es crucial para entender este tema”, reflexiona Vértiz, en diálogo con este medio.
Una posible hipótesis es que los grupos y familias tradicionales tienen subdivididos los campos por el tema hereditario, pero se explotan bajo un mismo sistema extensivo porque están anotados en la misma Sociedad Anónima inscritas por los mismos patriarcas latifundistas de la provincia de Bs As. Lo que significa que son una misma Unidad Productiva, es decir que la explotación del latifundio se hace con las mismas máquinas e insumos del modelo a gran escala de producción en todos los campos familiares por más que estén subdivididos.
En su estudio “Propiedad y renta de la tierra en Argentina a comienzos del siglo XXI” del 2007, el sociólogo e historiador Eduardo Azcuy Ameghino estima que: “La renta de la tierra que percibirá la “cúpula” terrateniente bonaerense: 1.414 propietarios de más de 2.500 has. -que en conjunto controlan 6.950.000 has. percibirán cada uno 491.500 dólares anuales, cifra que variará de acuerdo con la proporción de diferentes calidades de tierras que poseen, reforzando la significación económica de los latifundistas cuyos campos se ubican en zonas mixtas y agrícolas.”
Lo que significa que por el solo hecho de tener el título de propiedad heredada, y que en algunos casos no tienen los papeles en regla, son poseedores de una renta exorbitante. Los orígenes de los latifundios en la zona central del país y más específicamente en Buenos Aires se generaron a costa de la matanza y despojo de su tierra a los pueblos pampa, ranquel, mapuche y tehuelche en la campaña del desierto de Julio Argentino Roca.
La discusión
El aumento del impuesto rural votado por ambas cámaras en la Legislatura de la provincia y ejecutado por el gobierno bonaerense fue por debajo de la inflación y no compromete la producción. De hecho, es muy inferior a los valores de mercado de esas tierras. Dicho impuesto debería tener apoyo popular, pero los sectores de medianos y pequeños chacareros propietarios de campos apoyan a los grandes latifundistas.
En esta línea, Bertoldi añade que “la categoría oligarquía sigue vigente y tuvo la gran victoria de invisibilizar el latifundio”, pero hoy sigue teniendo incidencia en la política de la provincia y el país porque, por ejemplo, en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires “tienen instituciones como la Sociedad Rural Argentina en cada pueblo”.
“Tienen una delegación regional que está presidida por los grandes terratenientes de los diferentes partidos que tienen aún mucho poder sobre el sistema político de las regiones”, sostiene.
Estos son los que se oponen a cualquier política de redistribución de la riqueza y son muy reactivos a la intervención del estado en términos de la regulación impositiva de sus propiedades. Efectivamente esos grandes latifundios generan ganancias extraordinarias que les permitiría hacer un aporte tributario ampliamente mayor que el que están haciendo actualmente.
“Por ejemplo, un campo en la Cuenca del Salado de 30 mil has. puede fácilmente producir más de 20 mil terneros. Hoy solo un ternero de 180 kilos con el valor del kilo vivo multiplicado por 20 mil terneros da la siguiente cifra $5.265.000.000. Esa es la ganancia anual en la actividad de cría que es la menos rentable de las producciones de la pampa húmeda”, continúa el ingeniero. Por su parte, el Agrónomo Patricio Vértiz agrega que: “no hay oligarquía como forma de gobierno, pero en la provincia de Buenos Aires están las familias que vienen de la tradicional oligarquía ganadera, que tienen el poder económico pero perdieron poder político por las transformaciones sociales, económicas y políticas del siglo XX”.
¿Cuántas hectáreas tienen los Espert?
Como nos revelaba Patricio Vértiz, los catastros están desactualizados por lo tanto es muy difícil saber los nombres de las familias y la cantidad de hectáreas que poseen. Pero volviendo a las declaraciones de Espert, veamos su patrimonio declarado por ser diputado. “El mismo declaró tener bienes, depósitos y dinero por 15.917.348,60 pesos, casi 10 millones más de los que declaró al inicio del año 2018; y tiene deudas por $718.900 pesos. En su declaración, el candidato declara tener una caja de ahorros con casi 2 millones de pesos, y casi 14 millones depositados en los Estados Unidos. No menciona ningún inmueble ni auto a su nombre.” (Ámbito Financiero año 2019.). Pero en realidad según el portal de noticias La Insuperable: “José Luis Espert es hijo de ricos, recibió el 50% del campo de su padre, lo alquila y vive de rentas. Heredó, junto a sus hermanos, los campos familiares en Pergamino. Hoy día, asociado con su hermano Gustavo, son los dueños de Killaco S.A., dedicada al cultivo de cereales. También tiene una “pata” en la ganadería, dado que la familia de su segunda esposa, Mercedes González, es propietaria de la cabaña Los Retoños, localizada en el norte de la provincia de Santa Fe y dedicada a las razas Braford y Brangus.”
En conclusión, ARBA difundió el dato que afirma que: “Por fuera del tope del (200%) quedaron aquellas propiedades con una base imponible de la tierra superior a $198.940.000 para el valor de las tierras. El valor de mercado es superior a los USD 3.000.000 y solo representan el 0,71% de las partidas bonaerenses. Lo que significa que solo 2000 inscriptos de 300.000 contribuyentes rurales van a pagar más de 200% de aumento.”
Como se dice en el campo: ¡Pegale al chancho para que aparezca el dueño!”
