En América Latina hablar de reforma agraria sabe a revolución. La imagen remite a guerrilleros enfrentados a grandes corporaciones y terratenientes, para que sus tierras finalmente terminen en manos campesinas. Pero, ¿Es posible hablar de reforma agraria más allá de una lógica revolucionaria?
Existen decenas de experiencias en donde los Estados han distribuido tierras para la producción sin un proceso de transformaciones radicales. De hecho, las ironías de la historia pueden llegar a sorprender: fue el propio gobierno de los Estados Unidos el que promovió, alguna vez, una reforma agraria en este continente.
Alertados por la naciente Revolución Cubana, el gobierno de John F. Kennedy intentó acordar con los países de América Latina una serie de medidas que desalentaran explosiones sociales y el germen del socialismo en la región.
En su libro Teoría(s) de la dependencia, el sociólogo Atilio Borón explica que, en 1961, “Washington ordena impulsar la reforma agraria porque se dieron cuenta de que la crisis del agro en Cuba y la fortaleza del movimiento campesino habían sido factores de gran importancia para el triunfo del Movimiento 26 de julio”.
“La Casa Blanca dispuso que para recibir fondos los gobiernos receptores de esa ayuda debían previamente aprobar una ley de Reforma Agraria. En todos los países de América latina, menos uno, se sancionó esa legislación (más allá de que luego esa ley se hubiera aplicado o no). El único país en que esa ley ni siquiera llegó a tener estado parlamentario fue la Argentina”, destaca el intelectual de izquierda.
Este último dato no es menor (y no es casual) teniendo en cuenta la forma en que se constituyeron los dueños de las principales tierras en Argentina. Entender la historia de la conformación de lo que podemos denominar la oligarquía nacional, explica por qué el país nunca experimentó algo parecido a una reforma agraria.
Pero lo cierto es que la concentración de la tierra en Argentina se acelera cada vez más y produce enormes desigualdades para la diversidad de la producción. Los datos hablan por sí solos: según el último informe Preliminar del Censo Nacional Agropecuario de 2018 (INDEC, 2019), solo el 1% de las explotaciones ocupa el 36% de la superficie total ocupada por el sector, mientras que el 55% de las explotaciones se queda con el 2% restante de la tierra.
Además, entre 2002 y 2018, un 25,5% de las producciones agropecuarias desaparecieron. Si extendemos la comparación con el censo de 1988, vemos que la reducción de esas producciones es del orden del 41,5%. Esto se explica porque la tierra está en pocas manos y porque esos propietarios deciden producir monocultivos (principalmente soja), que atenta contra la diversificación y soberanía alimentaria.
A nivel regional, en América Latina la situación es muy parecida. Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 1% de los propietarios de América latina concentra más de la mitad de las tierras agrícolas. La región registra la distribución de la tierra más desigual del mundo. El coeficiente de Gini, aplicado a la distribución de la tierra, alcanza a 0,79, muy por delante de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).
Repartir la tierra: en Argentina ya hay un plan
Volviendo al eje en cuestión: ¿Se puede entonces pensar una reforma agraria en la Argentina actual? En dimensión territorial, nuestro país es el octavo más grande en el mundo, pero increíblemente el 93% de su población vive en ciudades. La gran mayoría está concentrada en Córdoba, Rosario, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
El año pasado, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) —en conjunto con sindicatos de peso como Camioneros, Smata, la Unión Ferroviaria y el gremio de la construcción— presentó el Plan de Desarrollo Humano Integral, conocido como Plan San Martín, una propuesta para crear 4 millones de puestos de trabajo, así como un programa general para repensar la producción nacional y la distribución de la población.
Se trata de la primera gran propuesta que presentan las organizaciones sociales y políticas, desde sus barrios al Estado nacional. Uno de los puntos principales del PDHI es el objetivo de “Repoblar la Patria”.
Su documento explica: “A lo largo y a lo ancho de nuestro país existe una enorme cantidad de tierras fiscales rurales en desuso o concesionadas, en muchos casos con acuerdos poco transparentes. Una de las propuestas de este Plan es la recuperación de esas tierras para la creación de comunidades rurales organizadas, donde se desarrolle un modelo de ruralidad distinto a los agro negocios: la agricultura familiar, campesina e indígena”.
Al respecto, destaca cinco tipos de comunidades rurales organizadas que se pueden impulsar en todo el territorio argentino: las cooperativas quinteras periurbanas, la conformación de áreas campesinas para la soberanía alimentaria, asociaciones de vecinos para un proyecto socio productivo común, el otorgamiento de títulos comunitarios a comunidades originarias, y la conformación de comunidades costeras y ribereñas en donde se pueda producir acuicultura y pesca artesanal.
De hecho, la propuesta de la UTEP a través de su Plan San Martín no es descabellada si se tienen en cuenta algunas experiencias exitosas en el país. Existen organizaciones de pequeños productores como el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), en su rama rural, que actualmente está integrada por más de 30 mil familias en todo el país. En efecto, el MTE Rural se encuentra en 20 provincias y lo integran “grupos ganaderos, grupos de horticultores y economías regionales”.
Reforma Agraria en Argentina, un proyecto popular
En diálogo con ARGMedios, el dirigente nacional del MTE Rural e integrante del Frente Patria Grande, Lautaro Leveratto, reafirma esta idea e impulsa la necesidad de que el Estado nacional encare un ambicioso plan para repoblar los campos y generar grandes oportunidades para los pequeños productores, así como para miles de personas que se encuentran desesperadas por conseguir un pedazo de tierra para construir.
“Nuestra organización da una muestra clara de que se puede producir de otra manera en Argentina. Impulsada por pequeños productores que generan diversidad de alimentos, a un precio justo y buena calidad”, señala Leveratto.
Para el referente, la pandemia deja a luz la importancia de los cinturones verdes por su cercanía a las urbes. Pero, advierte: “muchos de los agricultores familiares son arrendatarios y viven en las peores condiciones habitacionales y aún más dificulta las inversiones prediales para mejorar producción y eficiencia”.
Desde el MTE Rural coinciden en destacar que, en muchos casos, los alquileres son por temporada o en el mejor de los casos por 3 años. Por estas razones, se termina expulsando a los productores del campo y migrando a los cordones de pobreza de las grandes ciudades.
“En este país, como en muchos países de la región, es necesario y urgente una modificación al acceso a la tierra. Hay que reparar esta deuda histórica y avanzar hacia otro tipo de paradigma en la relación entre la naturaleza y la sociedad, donde nuestra juventud pueda quedarse en los pueblos con un trabajo digno”, afirma Leveratto al respecto de una reforma agraria en Argentina.
Por eso, considera que la reforma agraria “pasa a ser una necesidad” en el país. “Tenemos miles y miles de hectáreas que están en la esfera del Estado improductivas. En una planificación estratégica del uso de la tierra y el territorio, esta propuesta puede llevarse a cabo, si está la voluntad política”.
“El Proyecto de Desarrollo Humano Integral también plantea está posiciones de repoblar la patria, generar arraigo rural y profundizar un modelo productivo socialmente justo con una agricultura… con agricultores”, concluye.
