Casi 18 millones de personas son pobres en la Argentina, según los últimos datos oficiales del INDEC. A esto se le debe sumar una inflación desbocada, que ya superó los 29 puntos en lo que va del año -y que si se lo observa desde la medición interanual-, el aumento de precios alcanzó el 60%, el más alto en las últimas tres décadas.
A dos años y medio del gobierno de Alberto Fernández, las promesas de superar la noche neoliberal que inauguró Mauricio Macri, no se concretan en hechos y ya casi no alcanzan las excusas (válidas) como haber transitado por la peor pandemia que haya vivido la humanidad y ahora, una guerra que desequilibra los precios a nivel internacional. Sucede que los problemas cotidianos de la gente son mucho más importantes y tangibles.
Frente a esta urgencia social (que todavía no mostró su peor rostro), las organizaciones sociales propusieron un Salario Básico Universal (SBU), que consiste en una prestación monetaria mensual para personas entre 18 y 64 años, equivalente a una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, es decir de 15 mil pesos.
Lo que comenzó como una idea sin demasiado consenso, encontró el apoyo explícito de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de sus polémicas frases sobre la “tercerización” que representa la tarea de las organizaciones en el manejo de los Programas Sociales. Pese a los chispazos que desataron sus palabras, aquello fue un gesto enorme para impulsar el SBU.
Pero luego de la intempestiva e irresponsable renuncia del ministro Martín Guzmán, la flamante ministra Silvina Batakis pateó para adelante el tema, asegurando que se “tenía que discutir”. Al mismo tiempo, la portavoz del presidente, Gabriela Cerrutti, aseguró que “todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con el proyecto”. Pese a que, según lo estimado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Salario Básico Universal sólo demandará un 0,8% del PBI del país.
Aunque es posible que Cerrutti se refiriera a las “cuentas” relacionada al “gasto social”, pero no a los fondos que se están destinando para pagar la deuda que dejó Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tampoco la vocera del presidente pareció hablar de los gastos que el Estado destina para subsidiar a sectores del poder concentrado, como el de Energía, Mineras y el agronegocio.
Veamos cómo la economía del país no deja de crecer, mientras casi la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Récord de exportaciones y retenciones bajas
En lo que va del año, las exportaciones acumularon US $35.917 millones según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, representando un nivel récord hasta entonces. De hecho, crecieron un 26,6% con respecto al mismo período de 2021 y superaron en 13 puntos el récord que se tenía hasta ahora: enero-mayo del 2013.
Como habíamos anticipado desde ARG MEDIOS, estas ganancias históricas se dieron -puntualmente- por el aumento de precios a partir de la pandemia y ahora por la guerra de Ucrania, ante la falta de trigo y de combustibles.
Según lo señalado por el INDEC, los sectores que más exportaron y se beneficiaron en este período son “manufacturas de origen agropecuario, los combustibles y la energía”.
Frente a este dilema respecto a un crecimiento sostenido de la economía, pero con una profunda crisis social al unísono, no hay demasiado misterio respecto a qué medidas se deben aplicar -algo que, por otro lado, se toma en los países más capitalistas, como Estados Unidos y los países de la Unión Europea-: Sí, subir impuestos a los sectores concentrados y generar medidas para distribuir mejor las riquezas.
En la Argentina, una de las formas para recaudar más respecto a estas ganancias millonarias mencionadas, son el aumento de las retenciones. Actualmente, el gobierno de Alberto Fernández fijó el índice para la soja -el commodities más exportado en el agro- a 33%. Tres puntos más de lo que lo había determinado el gobierno de Macri y dos menos de lo que consiguió el gobierno de Cristina Fernández, pero siete años después.
Según los datos del Equipo de Investigación Política (EdIPo) y del Mirador de la Actualidad del Trabajo y Economía (MATE), durante el último quinquenio (2017 a 2021) “las exportaciones de los sectores oleaginosos y cerealeros representaron el 46,2% de las ventas totales al exterior, casi 30.000 millones de dólares anuales”.
Pero siguiendo con la premisa de que “no dan las cuentas” para aplicar un Salario Básico Universal para empatarle a la pobreza y la inflación, también es importante mostrar los “gastos” que se destinan para empresas privadas y semi-estatales. Solo en el rubro de la energía, el Estado invierte US $11.000 millones, en donde la empresa mayorista del sistema eléctrico, Cammesa, es beneficiada con US $7.000 millones.
Hasta ahora, ningún gobierno -ni siquiera los nacionales y populares- pudieron realizar una segmentación real de tarifas, para que de esta forma sólo se subsidie la energía destinada a las familias menos pudientes.
En tanto, por fuera de la energía, en marzo de este año, el exministro de Producción Matías Kulfas sacó una resolución para destinar $1.000 millones para subsidiar empresas estatales que deseen “explorar mercados no convencionales y/o alternativos a los de su actividad habitual”. Ejemplos de estas políticas, sobran.
Todos estos datos sobre la mesa demuestran que el gobierno de Alberto Fernández prioriza el pago de la deuda, retenciones considerablemente bajas para el momento histórico de exportaciones, así como seguir subsidiando a sectores productivos de gran capital. Por eso es al menos polémico considerar que “no dan las cuentas” para un apoyo económico mensual que solo piensa en la desesperación de la gente.
¿Qué pasó con la “renta inesperada”?
Por último, hay otros dos puntos que terminan de exponer la verdadera postura del gobierno respecto a la crisis social. Sin haber tomado ninguna medida para recaudar más, tampoco se impulsaron dos proyectos claves: el de la “renta inesperada” que fue anunciado por el ministro de Economía saliente, y el proyecto de ley que busca crear un impuesto para quienes tienen dólares y bienes en el exterior sin declarar.
“Estamos en un momento muy jodido del país y de la región. El pueblo va perdiendo las esperanzas de los procesos que venían a revertir los años neoliberales y venían a levantar el poder adquisitivo, que es uno de los tantos derechos arrebatados de nuestro pueblo”, dijo el dirigente social, Juan Grabois, en una entrevista colaborativa para ARG MEDIOS, BARRICADA TV Y ALAI.
“Hoy tenemos 34 por ciento menos de poder adquisitivo que hace siete años. Paralelamente los asalariados registrados tienen la mitad de sus laburantes, en el sector público y privado, debajo de la línea de pobreza. Todo indica que vamos a seguir perdiendo. Porque en la Argentina todo es caro, pero la negligencia de nuestros funcionarios sale gratis”, agregó Grabois, quien en la entrevista dio un anticipo de lo que será una semana agitada: “En este contexto nos vemos obligados, con mucho dolor, a salir a dar la pelea en la calle para que estén las medidas distributivas que merece el pueblo”.
La movilización nacional de las organizaciones sociales al cual se refirió el referente del MTE, será este miércoles 13 de julio.
“El SBU es una solución concreta que prácticamente elimina la indigencia en la Argentina y reduce la pobreza, por lo menos diez puntos. Si no es esta, que propongan otra, pero necesitamos solucionar los problemas reales del país”, finalizó Grabois.
