El día jueves la cámara alta del Congreso dio aprobación definitiva a la reforma de la ley 27.453 de Barrios Populares. El proyecto fue aprobado por 64 votos a favor y un solo voto en contra por parte de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (facción PRO de Patricia Bullrich).
La iniciativa prorroga y modifica algunos aspectos de la ley aprobada en octubre del 2018. Establece un plazo de diez años para impedir desalojos en barrios populares contemplados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), incorpora nuevos barrios al registro, fomenta obras de integración urbana en manos de cooperativas y promueve el acceso a servicios básicos.
El presidente de la Comisiónde Asuntos Constitucionales, el oficialista jujeño Guillermo Snopek, defendió el proyecto argumentando que con este se busca una “ampliación del plazo para darles tranquilidad a los argentinos, cuyo futuro pende de una orden de desalojo”.
Por su parte, la senadora porteña por Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, afirmó que “esta es una política de Estado que no empezó hoy, sino en 2016. Porque para resolver los problemas de la gente tenemos que hacerlo con la verdad y dejar de ocultar a cinco millones de pobres vulnerables con su hábitat domiciliario bajo la alfombra”. Y aseguró que “Va a llevar treinta años resolver esto, pero empezamos a ponerlo en la agenda en 2016 cuando empezamos a relevar cuántos barrios populares había en la Argentina”.
A su vez, la vicejefa del interbloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, destacó que esta “es una ley que surgió de las organizaciones en los barrios, que fue muy militada, consensuada y luchada en las calles”. La legisladora consideró también que “lo bueno es que pasaron dos gobiernos de distintos signos políticos y estamos juntos generando certezas”.
El proyecto fue presentado por el ejecutivo nacional, impulsado centralmente desde la Secretaría de Integración Urbana (SISU) comandado por la catequista y militante social, Fernanda Miño, quien actualmente es vecina de la villa La Cava, un histórico asentamiento del conurbano norte. “Hoy demostramos que es posible construir grandes consensos que den respuesta a los problemas más urgentes de nuestra Patria. Dimos un paso fundamental para consolidar la integración social y urbana como una política de Estado”, declaró en sus redes sociales.
La aprobación contó además con la presencia de referentes de la Mesa Nacional de Barrios Populares, quienes al medio día fueron parte de una multitudinaria movilización de 9 de Julio a la Plaza de los Dos Congresos. El espacio nuclea a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Caritas, Techo y decena de asambleas y organizaciones locales. Fue parte activa en el armado de la ley en 2018 y también en la reforma recientemente aprobada.
“Hoy celebramos las asambleas barriales, las cooperativas de construcción, las cuadrillas de relevadores y los más de un millón y medio de vecinos y vecinas de barrios populares. Se aprobó la reforma de Ley Nacional de Barrios Populares”, declararon desde las redes oficiales de la mesa. “Vamos por la garantía de su implementación, vamos por más organización barrial para que nunca más normalicemos que millones de compatriotas no tengan acceso a la tierra y a la vivienda digna”.
