Hace tan solo un mes y medio atrás, Patricia Bullrich y Javier Milei eran rivales políticos directos. No solo eso: la exministra de Seguridad en el gobierno de Macri le había iniciado una denuncia penal al hoy presidente, ya que este la había tratado de “montonera pone bombas”.
El resto es historia conocida: hoy Bullrich es parte del gobierno de Milei, asumiendo un área que conoce y en la que dejó marcas. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, así como la denominada “Doctrina Chocobar”, son algunos ejemplos.
Ahora, un mes y medio después de toda esa novela, Bullrich vuelve al centro de la discusión. Este miércoles 20 de diciembre se llevará a cabo la tradicional marcha que recuerda el argentinazo del 2001, el cual terminó con el gobierno de Fernando de La Rua, luego de la peor crisis económica de nuestra historia.
Curiosamente, la por entonces ministra de Trabajo en el gobierno de la Alianza era ni más ni menos que Patricia Bullrich. Ironías de la historia.
Será la primera gran manifestación que se enfrentará al protocolo “anti piquetes”, una serie de disposiciones que ya anunció la ministra Bullrich la semana pasada. En síntesis, prohíbe cualquier corte de calles o rutas, así como plantea la posibilidad de que se le quite el programa social a quienes participen de una marcha. Algo que se encargó de reforzar ayer la nueva ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.
Por otro lado, según Bullrich, los costos de los operativos policiales serán solventados por las organizaciones sociales que se movilicen.
“Sepan que la calle no se corta. Si se toma la calle, va a haber consecuencias. Las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, y será graduada en proporción a la resistencia”, fue una de las frases contundentes que dejó la ministra en la conferencia de prensa donde se conocieron detalles del protocolo.
Otro punto central es que el gobierno habilitará el funcionamiento de cuatro fuerzas de Seguridad: Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía Aeroportuaria.
Ahora bien, distintos expertos en leyes y constitucionalistas salieron a denunciar que un simple decreto ministerial no puede pasar por encima de normativas que están, por ejemplo, en nuestra Constitución Nacional. Allí se habilita el derecho a la huelga y a la protesta. Es decir que en nuestro país, las manifestaciones están amparadas constitucionalmente.
Es cierto que también en la Constitución figura el derecho a transitar libremente y por lo tanto los cortes pondrían en peligro ese derecho. Sin embargo -y acá un punto central- solo el Congreso de la Nación está facultado para poder modificar o corregir estas leyes y artículos.
Un protocolo anti piquetes elaborado entre gallos y medias noches por parte de un ministerio no puede pasar por encima de la Constitución.
Aún así, este miércoles 20 se esperan miles de personas que se manifestarán en las calles en recuerdo al estallido social que cambió para siempre nuestro país. Y en el que, debido a la represión desmedida que desató el gobierno radical, fueron asesinadas más de 39 personas.
¿El gobierno de Milei pondrá en acción el protocolo represivo de todas formas?
¿Pueden realmente más de 50 mil personas marchar por la vereda, como propone la ministra?
¿Será este el momento clave para demostrar que la nueva gestión no contemplará manifestaciones diarias en su contra?
Bullrich sabe que maneja el área que tendrá un papel central en el marco de un programa de ajuste desmedido, que ya licuó los salarios de la inmensa mayoría de la población argentina, así como permitió aumentos en todos los rubros y abrirá tarifazos en los servicios y el transporte.
No es casual que el protocolo anti piquetes se haya anunciado al día siguiente que se comunicaron estas medidas.
