El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario condeno a 16 acusados en la causa Guerrieri IV por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívica militar.
El TOCF1 de Rosario estuvo integrado para este juicio por los jueces subrogantes Carlos Julio Lascano, María Noel Costa y Mariela Emilce Rojas. La condena a 16 ex militares integrantes del Batallón 121 y ex policías federales se dictó por casos de 116 víctimas del terrorismo de Estado, y se inició en agosto del año pasado.
Los represores fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de secuestro, tormentos, sustracción, retención y ocultación de menores, homicidio y, por primera vez en la jurisdicción, por desaparición forzada. Para 5 de ellos, los ex policías Faccendini, Giai, Retamozo, Squiro y Tebez, esta fue su primera condena por crímenes de lesa humanidad.
Los condenados en el proceso son los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
También recibieron prisión perpetua los ex miembros de la delegación Rosario de la Policía Federal Juan Carlos Faccendini, Oscar Roberto Giai, Juan Félix Retamozo, Roberto Raúl Squiro, Osvaldo Tebez, Enrique Andrés López y Federico Almeder.
De los 116 casos de víctimas de la represión ilegal, 54 ya formaron parte de los tramos anteriores de la causa denominada “Guerrieri”. Sin embargo, otros 62 nunca habían sido juzgados y de ellos, 54 son casos de desapariciones forzadas u homicidios.
Una de las singularidades que tuvo el juicio es que abordó la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó en el predio de una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namucurá de la localidad de Funes, donde al menos tres víctimas de la causa estuvieron detenidas ilegalmente, de acuerdo a la acusación.
Además de otros centros conocidos como “Quinta de Funes”, “Escuela Magnasco”, “La Intermedia”, “La Calamita” y el que funcionó en la entonces Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”.
Durante el debate se visibilizó la utilización sistemática por parte del Destacamento 121 de enfrentamientos fraguados para encubrir ejecuciones en la vía pública o de personas que habían sido secuestradas previamente y llevadas a algún centro clandestino de detención.
Estos crímenes fueron difundidos como enfrentamientos a través de los comunicados oficiales publicados en los diarios, lo que formó parte de la acción psicológica del terrorismo de Estado hacia la población.
