Las agrupaciones de inquilinos Agrupados marcharon esta semana en las principales ciudades del país (en una concentración que fue llamada “valijazo”) en defensa de la actual Ley de Alquileres, en reclamo por su efectiva aplicación y en contra de las modificaciones que busca aprobar Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación, que incluyen el regreso de los contratos cada dos años y aumentos incluso cada tres meses.
Cuando a fines del 2020 se aprobó en el congreso de la Nación la actual ley de Alquileres, nadie previó la dramática situación que se iba a vivir a corto plazo: alquileres que suben por encima de una inflación altísima, poca oferta de inmuebles para alquilar, viviendas dolarizadas y la sensación de que la normativa sancionada no pudo dar respuesta a un problema tan sensible como el de la vivienda.
Para la asociación Inquilinos Agrupados el problema es muy claro: el Estado no está haciendo cumplir la ley y “se retiró”, dejando al mercado inmobiliario obrar a su antojo. Las razones serían, según este argumento, que hay una buena parte del oficialismo del Frente de Todos (entre los que se encuentra el ministro de Desarrollo Territorial Hábitat, Jorge Ferraresi) que tiene intereses inmobiliarios.
“Ferraresi ya nos dijo personalmente que en este gobierno no va a hacer cumplir la ley de alquileres”, dijo a ARG MEDIOS el Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, que recordó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa también expresaron en varias oportunidades que “la ley fracasó” y había que cambiarla.
“Hoy el Estado está haciendo todo lo posible para boicotear la ley y eso es debido al lobby de las inmobiliarias que quieren poder regular a su antojo los precios de los alquileres”, completó Muñoz.
Si hoy la ley de alquileres se cumpliera, por ejemplo, se debería estar aplicando el Programa Nacional de Alquiler Social, destinado a “la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal”, según consigna el texto de la ley.
Dicho pragrama debería ser ejecutado por el Estado, a través de la Secretaría de Vivienda del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda como órgano rector; con el objetivo de promover políticas públicas para fomentar la oferta de alquileres mediante líneas de subsidios y créditos blandos, y tener especial consideración para brindar vivienda a mujeres en situación de violencia de género y personas en situación de vulnerabilidad. De la misma forma, debería intervenir en la resolución de conflictos. Ese programa actualmente no está reglamentado.
“Hoy la ley no se cumple porque se firmó contratos temporarios por algunos meses, con aumentos por encima de la inflación. Incluso muchos dolarizados. Debería estar profundamente controlado que no haya alquileres en dólares, lo cual es profundamente restrictivo. Es un síntoma de lo desbocado que está el Estado. Es como si un día empezaran a vender alimento en dólares y nadie haga nada”, dijo Muñoz en declaraciones a este medio.
El problema del índice entre inflación y salarios
Uno de los puntos clave de la ley vigente es el artículo 14º, que regula el índice de aumentos de los inmuebles. Textualmente el apartado dice: “El precio del alquiler se podrá actualizar sólo de forma anual (cada 12 meses) por un promedio entre inflación y salarios”; y agrega que “este índice lo elaborará y comunicará el Banco Central todos los meses” (actualmente dicho índice se encuentra en torno al 59% anual).
Según el espíritu de este punto, si los salarios aumentaran significativamente por encima de la inflación, esto redundaría en un beneficio tanto para inquilinos como para propietarios. El problema surge cuando la inflación aumenta al mismo nivel o por encima de los salarios tal y como sucede en el contexto actual.
“Este artículo de la ley permite que los alquileres aumenten por debajo de la inflación. Los últimos dos años hubo una inflación del 145% y el índice de contrato de alquiler en estos dos años fue del 120%, que es un escándalo porque la inflación es un escándalo”, argumentó Muñoz e insistió en que “los salarios estuvieron por debajo de la inflación, pero no por debajo de los aumentos de alquiler”.
El punto clave del problema radica, según Muñoz, nuevamente en la no intervención del Estado en el asunto. “Cuando hay una situación de salarios muy bajos e inflación descontrolada, por lo general se toman decisiones de emergencia. En España por ejemplo los alquileres se actualizan por inflación. Este año ese país tuvo una inflación del 10% en el primer trimestre y el Estado decretó el congelamiento del precio de los alquileres en 2%, que era lo que venía aumentando anualmente en ese país las últimas décadas“, ejemplificó el titular de Inquilinos Agrupados.
Las modificaciones que se debaten en el Congreso
El jueves 30 de junio hubo “valijazos” en las ciudades de Neuquén, Córdoba, Rosario y CABA en rechazo a las modificaciones a la ley vigente que buscan impulsar el interbloque de Juntos por el Cambio. “Los inquilinos somos un sector totalmente invisibilizados por las políticas públicas”, expresó Muñoz a este portal.
En el Congreso hoy hay dos proyectos de modificación en pugna: por un lado, el bloque de diputados del Frente de Todos emitió un dictamen de mayoría que propone mantener la actual norma y agregar exenciones fiscales para incentivar la oferta de viviendas en el mercado. Del otro lado, Juntos por el Cambio plantea reducir los plazos de los contratos a dos años como era antes y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes, con la posibilidad de que los aumentos sean de mínima cada tres meses y máximo cada 12.
Ambos proyectos plantean beneficios fiscales para los propietarios que pongan las viviendas en alquiler. Para Muñoz, lo único que va a lograr una medida de ese tipo es “desfinanciar al Estado”, más que incentivar la oferta.
Para conseguir quorum para tratar alguna de estas dos modificaciones hacen falta 129 diputados. El Frente de Todos cuenta con 118 de su propio bloque y Juntos por el Cambio con 116. Para cualquiera de los dos bloques será necesario tejer alianzas con otros espacios políticos.
Por su parte, desde inquilinos Agrupados la estrategia será mantener el reclamo por el rol del Estado con movilizaciones como las de ayer. “Es una ley muy a contramano de los tiempos, es profundamente regulacionista y que no es cómoda a un gobierno que tiene tan pocas ganas de pelearse con los sectores económicos“, fustigó Muñoz. “Ya vendrán tiempos de un gobierno que haga cumplir esta ley y que profundice a favor de los más débiles. Desde Inquilinos Agrupados vamos a seguir insistiendo en que la vivienda no es un negocio, sino un derecho. Con optimismo en la voluntad, porque para pesimismo ya está la razón”, finalizó Gervasio Muñoz.