“Un cambio de paradigma que hemos planteado en materia de delitos ambientales: de 3 a 8 años de prisión para aquel que contamina ríos, tala bosques o que destruye humedales”, dijo Sergio Massa el anterior domingo en el último debate presidencial del año. “Prisión efectiva”, concluyó su intervención.
En Argentina el Código Penal no incluye un capítulo específico sobre delitos ambientales, con penas unificadas a nivel nacional sobre delitos que perjudiquen el ambiente.
No existen delitos específicos sobre la tala de bosques. Tampoco en la destrucción de humedales- solo la ley de manejo de fuego que tuvo el impulso de Máximo Kirchner para su modificación donde se incorporó que no se pueda modificar el uso del suelo luego de los incendios por un período de tiempo, ya que es muy común que se construyan en los predios incendiados terraplenes, barrios cerrados o campos cerrados para hacer ganadería-
“Tenemos una deuda en el Código Penal: no se especifican los verdaderos delitos ambientales. Existen procedimientos administrativos, artículos y normativas municipales o provinciales que sí sancionan los delitos ambientales”, dijo para ARG MEDIOS Juan Ignacio Moreno, abogado con formación de derechos humanos y derecho ambiental. Como por ejemplo, la de protección ambiental o la de fauna silvestre.
En términos legales hay muchas salidas, pero aun la Argentina no tomó la decisión de cómo penar de forma unificada los delitos ambientales. “La última propuesta fue de Raúl Zaffaroni quien dijo que había que hacer una reforma del código penal y establecer los delitos ambientales”, recordó Moreno.
Frente a las inundaciones en Concordia por el desborde del Paraná en 2015, el ex Senador Nacional, Pino Solanas mencionó que los delitos ambientales deben ser considerados delitos de lesa humanidad, una discusión que ha llegado a la esfera internacional.
Ha habido grandes concesos sobre reconocer como derecho el de un ambiente sano y muchos países deciden tipificar este apartado con el término de “ecocidio”, tal como está legislado en Francia y hay otros proyectos en diferentes sitios del mundo, desde Bélgica y España hasta Brasil, Chile y México.
Multas por contaminar. Ley de Envases como reparación histórica
En relación a la contaminación de suelos, ríos y aguas existe la pena en el Código por “Envenenamiento o adulteración en aguas potables” que indica el perjuicio de la salud pública.
A causa de inexistencias de penas por daños ambientales específicos, muchos han tratado de llegar a instancias Federales a través de esta figura, como el famoso caso de contaminación por agroquímicos en Pergamino, que tuvo como referente a la abogada Sabrina Ortiz, o el caso de la contaminación de río Matanza–Riachuelo en Mendoza que terminó con un fallo dictado por la Corte Suprema de la Nación.
En 2016 en la Provincia de Buenos Aires, se promulgó la normativa que establece que es responsabilidad de las empresas fabricantes e importadoras de fitosanitarios gestionar la recolección y el posterior tratamiento de los envases comercializados. Obliga a las empresas a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases que debe ser aprobado por la autoridad competente, el OPDS en el caso bonaerense. (Ley 27.279)
En 2019 hubo más de 70 empresas agroquímicas que comercializaron un poco más de 13 millones de envases de plástico (y otros materiales) en el sector productivo agropecuario de la provincia
Recién el año pasado, luego de tres décadas, el Estado actualizó las multas a empresas contaminantes que pasaron a ser de un mínimo de 104 mil pesos hasta más de un millón de pesos.
La última actualización se había efectuado por decreto en 1992 y establecía multas máximas de $ 50.000 para las personas humanas o jurídicas que no cumplieran con las obligaciones establecidas y de $ 100.000 para el caso de los establecimientos industriales.
En el 2021, El gobierno bonaerense multó a grandes empresas que utilizan agroquímicos en sus procesos productivos por no cumplir con leyes medioambientales que las obligan a recolectar los envases que contuvieron este tipo de compuestos.
26 empresas fueron multadas por 783 millones de pesos, entre las que aparecen multinacionales fabricantes de agroquímicos como Bayer (ex Monsanto), Dow, Dupont y la suiza Syngenta.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), impulsa la creación de una Ley de Envases con Inclusión Social, un proyecto que busca la implementación de una tasa ambiental para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado, premiando a los que se hagan con materiales reciclables y sean fáciles de reciclar. Con lo recaudado se crearía un Sistema de Reciclado con Inclusión Social, “que permita recuperar los envases para que vuelvan a la industria y dignifiquen el trabajo de los cartoneros y las cartoneras de todo el país”, dice su comunicado oficial.
Desde 2004 se presentan proyectos de ley para brindar una solución a esta problemática. En los últimos 20 años se presentaron más de 48 proyectos, sin embargo, todos han sido cajoneados. El último intento, presentado el 14 de junio del 2021 llegó a ser tratado en comisiones, pero a fines de 2022 perdió estado parlamentario.
