Hace años que la provincia es noticia por la alta tasa de homicidios y por la vinculación que tiene la misma con la presencia de organizaciones criminales, particularmente en Rosario. Para finales del mes de abril de este año ya se contabilizaban 118 asesinatos, los cuales van tomando siempre mayores implicancias con la estructura del narcotráfico.
La explicación surge del análisis de todos esos casos, ya que en el transcurso del 2021 y en lo que va del 2022 se han replicado las ejecuciones por mandato, siendo o no mediante sicariato. Todas las semanas ocurren homicidios relacionados a economías ilegales, con un contexto de fondo de balaceras en barrios, frente a instalaciones policiales y comercios.
En la provincia, las estadísticas de homicidio no sólo son más elevadas, sino que las características de los mismos son totalmente inversas al resto de la Argentina. Según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, crecieron los asesinatos vinculados a organizaciones criminales, representando el 60%. De hecho, actualmente los homicidios por “conflictos interpersonales” (problemas vecinales, femicidios, etc) representan el 17%, mientras que en 2020 eran el 31,5%.
Por otro lado también se estableció que creció la utilización de armas de fuego, alcanzando el 85% de las situaciones. En tanto, solo se redujo a niveles ínfimos los homicidios en situación de robo, que sólo representa el 3,7%.
Las disputas internas y externas
Los conflictos originados en el seno de la política tienen un gran impacto en lo que ocurre en toda la provincia. De forma directa están los casos que vinculan a funcionarios públicos como cómplices del narcotráfico u otros mercados ilegales. La figura principal es la del senador justicialista Armando “Pipi” Traferri, denunciado por diversos detenidos de ser el garante del juego ilegal.
Traferri es también el jefe político de la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, ex jueza, quien está señalada por beneficiar a la banda de Esteban Alvarado, actualmente en medio de un juicio, a quién se sospecha le alquilaba un inmueble en la zona de las “islas” de Rosario.
La disputa del peronismo local llevó a grandes enfrentamientos entre la política de seguridad de Marcelo Sain, ex Ministro de Seguridad de la provincia, con el espacio justicialista de Traferri y que al mismo tiempo confronta al peronismo con la justicia local.
La rebelión de ese espacio del justicialismo provincial llevó incluso a un acuerdo de legisladores para limitar el accionar del Ministerio de Seguridad, mediante una ley que controla los gastos reservados de la cartera. Al día de hoy Saín está siendo investigado por malversación de fondos, entre otras cuestiones, a partir de la denuncia de legisladores de la UCR y el PS.
El senador Traferri por su parte acusa que sufre de una persecución judicial, y que las declaraciones de los investigados por narcotráfico obtenidas por la justicia son acuerdos de los fiscales para ensuciarlo. La corporación política del senado santafesino había protegido al senador evitando su desafuero, pero la Cámara Penal en última instancia avaló que pueda ser investigado en el marco de la causa.
Por todo esto, se constituyó un escenario de guerra fría, en que las disputas de la política santafesina se libran en el marco de la justicia, con la relación entre políticos y funcionarios de la justicia. En el fondo, las causas dirigidas hacia narcotraficantes avanzan lentamente.
Las otras dificultades para avanzar
La escalada de violencia también encuentra otro trasfondo: este 3 de junio se va a dictar la sentencia para Esteban Alvarado por homicidio, asociación ilícita y lavado de activos. Se trata de una de las cabezas de las bandas narco de Rosario.
Este evento tiene grandes efectos en cómo se orientan las bandas en la ciudad. Es partir del grupo delictivo que conduce Alvardo donde se han llevado a cabo atentados a sedes judiciales, luchas internas por el poder y guerras entre otros grupos que quieren ascender en la ciudad u ocupar una mayor zona de influencia.
El otro problema, quizás el menos abordado, responde a la dinámica de organización desde la cárcel. En los últimos años se han ido comprobando cada vez más hechos de que a pesar de encontrarse recluidos, los líderes de las bandas continúan dando órdenes a los integrantes de su grupo que se encuentran afuera, sin muchas complejidades.
Esta circunstancia le aporta otro nivel de complejidad a la eliminación del narcotráfico, ya que incluso si la justicia y la política operarán de forma ideal en encerrar a los integrantes de las bandas, estas siguen funcionando ya sea desde dentro del penal o por el recambio de sus líderes fuera del mismo.
El desfile de comisarios y narcos acusados por delitos es seguido de cerca por la cantidad de empresarios santafesinos que son investigados o detenidos por lavado de activos, incluso en el caso de Gustavo Shanahan por narcotráfico.
La pata de blanqueo del dinero ilegal es la que tendría mayores dificultades para reproducirse si es atacada, y parece que tras tantos años del problema se ha llegado a cierto nivel de acuerdo con este punto.
Actualmente existen cinco propuestas distintas para fortalecer el control del delito de guante blanco, que mata dos pájaros de un tiro, ya que además de aumentar la presión sobre los mercados ilícitos también aplica más controles sobre la evasión fiscal, que también tuvo mayor visibilidad a partir del escándalo de Vicentin.
Quienes claramente se quedan por fuera de ese “acuerdo” son los grupos empresariales, ya que recelan de cualquier medida que aumente los niveles de control de sus actividades. Ciertamente nadie se puede expresar en contra de que existan más herramientas para combatir al narcotráfico, ya que incluso es malo para los negocios, pero eso no quita un rechazo a los proyectos legislativos propuestos, debido a que vuelven más complicada a la actividad empresarial, la que de por si consideran afectada por los controles actuales.
Como contrapropuesta desde la BCR (Bolsa de Comercio de Rosario) propusieron una política de articulación, generando una vinculación con las fiscalías provinciales de delitos económicos. La idea que quieren llevar adelante es la de encargarse de capacitar al cuerpo de fiscales respecto de lo que es operatoria del mercado de granos y valores. El objetivo es orientar a los investigadores sobre dónde se podrían hallar los delitos económicos allí.
