Con el intento de cerrar Vialidad Nacional, el gobierno de Javier Milei podría profundizar los negociados con la obra pública que se dio durante la década del 90.
Pero no solo significará un negocio para un grupo de empresarios de la obra privada, sino que de esta manera, más de 33 mil kilómetros de rutas nacionales y provinciales podrían verse virtualmente abandonadas o desfinanciadas, potenciando accidentes y la desconexión de localidades enteras.
¿Las razones? Las empresas privadas priorizarán las rutas más rentables y dejarán en el olvido a aquellas donde el tránsito es mucho menor, o no representa una vía de transporte para el mercado.
Si bien la Justicia suspendió momentáneamente el DNU 461/2025 que publicó este mes el presidente Milei, actualmente la Dirección Nacional de Vialidad, así como también la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial se encuentran paralizadas. Por esta razón, más de cinco mil trabajadores no pueden dormir tranquilos a la espera de una resolución.
A su vez, con el intento de cierre definitivo del organismo que en 2025 cumplirá 93 años y fuera parte de la historia del desarrollo argentino, el Poder Ejecutivo creó la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, para motorizar las privatizaciones de las principales rutas.
Caminos peligrosos
En diálogo con ARG MEDIOS, Fabián Cattanzaro -Secretario General de la Federación de Vialidad Nacional- considera que el intento de cerrar el organismo “afecta cualquier proyecto de desarrollo del país”.
“No se puede pensar a los pueblos sin pensar en los caminos que los conectan e interactúan con su entorno. De concretarse, esto implicará un golpe fuerte al proyecto federal, sobre todo en un país donde las vías ferroviarias han sido fundamentales para su desarrollo”, plantea.
En esa línea, Catanzaro recuerda que desde que Milei paralizó la obra pública el organismo dejó de recibir un total de 300 millones de dólares que debieron volcarse a las rutas. El resultado es evidente.
“Argentina tiene una tasa de 10 muertes por cada 100 mil habitantes, que para la OMS significa una epidemia. De hecho, es la principal causa de muertes en jóvenes”, dispara el Secretario general.
Los números no mienten: en las últimas semanas murieron 11 personas en accidentes viales: los casos fatales de los últimos tres días ocurrieron en rutas nacionales de Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz. Siniestros que además dejaron gran cantidad de heridos, varios de ellos en estado grave.
Rutas para el mercado, no para la gente
Ahora bien, el sistema de concesión de rutas en manos privadas que implementará el gobierno nacional de Javier Milei, podría agravar la problemática. De acuerdo a lo que explica Catanzaro, la idea es que el privado se haga de 9.100 kilómetros de rutas en todo el país. En donde el negocio es redituable.
“Allí van a aumentar 182% las cabinas de peajes. Pasarán a 64 y habrá un peake cada 90 kilómetros”, detalla.
Tal como ocurrió en los 90, las concesiones serán por 20 o 30 años de usufructo y para Catanzaro, “no van a pagar caro” ese servicio, así como tampoco las empresas “van a estar obligadas a hacer obras nuevas”.
Argentina tiene una tasa de 10 muertes por cada 100 mil habitantes, que para la OMS significa una epidemia
“Se le entregará la zona del camino (márgenes de ruta) para que él concesionaria ponga lo que quiera: un banco, un hotel, un restaurante… para generar más ingresos”, sostiene, al tiempo que agrega que en los pliegos presentados tampoco se están planteando ninguna normativa ambiental que pueda reparar en la protección de humedales, Parques Nacionales y otros biomas sensibles donde pasan las rutas.
“La pregunta acá es qué es lo que va a pasar con los otros 33 mil kilómetros que no están priorizados para ser concesionadas. No hay una respuesta concreta por parte del gobierno de Milei ni del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Sencillamente porque no son redituables”, expresa Catanzaro y concluye: “Si no está el Estado nacional se agudiza el proceso de dejar pueblos y ciudades aisladas… y habrá más accidentes”.
