El pasado 11 de julio, seis diputados de La Libertad Avanza se dirigieron al penal 31 de Ezeiza, en una combi propia del Congreso de la Nación. ¿El motivo? Visitar a Alfredo Astiz, dos veces condenado por ser una de las cabezas que planificó cientos de secuestros ilegales, torturas y desapariciones forzadas.
De hecho, Astiz es uno de los responsables directos por la desaparición y muerte de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, así como de las “monjas francesas”.
Cuando el escándalo se hizo público, ninguno de los seis diputados pidió disculpas. Lejos de eso: uno de ellos, incluso, lo reivindicó, con un discurso calcado de la dictadura militar.
Se tratan de Beltrán Benedit (a quien se le descubrió ese mensaje negacionista y defensor del genocidio), Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci.
Ahora, tanto legisladores de bloques cercanos al oficialismo como el bloque del peronismo, piden que se tomen medidas disciplinarias para con los seis diputados. Y algunos organismos de derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), ya encabezaron denuncias penales y también exigen que sean removidos del cuerpo de la Cámara de Diputados de la Nación.
En el caso de la CPM, la denuncia penal fue hacia el Beltrán Benedit, ya que es considerado el organizador de la siniestra excursión a la Unidad 31, aunque desde la Comisión también plantearon investigar a autoridades de toda la Cámara de Diputados por el hecho de que, además, los seis legisladores se trasladaron en una combi oficial.
De hecho, la denuncia penal que presentó la CPM en los tribunales de Comodoro Py, pone como prueba un chat en donde Benedit reivindica ese encuentro con Astiz y esboza todo un discurso por demás negacionista y defensor de la última dictadura militar. Para el legislador entrerriano, los genocidas presos son en realidad “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”. También afirmaba que los juicios son una farsa y llamaba a denunciar a los jueces que condenan y mantienen encerrados a los genocidas.
En tanto, el colectivo “Mario Bosch”, integrado por abogados que intervienen en causas de crímenes de lesa humanidad, directamente presentaron una solicitud de remoción de los seis diputados, por delitos contra el deber del funcionario público.
La postura del gobierno de Milei
Ni el presidente Javier Milei ni la vicepresidenta Victoria Villarruel, cercana los seis diputados, opinaron sobre este hecho. Pero durante esta semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue blanco de la consulta y presión de diferentes jefes de bloques. Según se conoció, Menem considera que “no corresponde un repudio” a los seis legisladores por este hecho y que el encuentro con el genocida Astiz “no representa la opinión del gobierno de Milei”, pese a que como ya se sabe, para el presidente más que delitos de lesa humanidad fueron “excesos” cometidos por las Fuerzas Armadas.
En este marco, el bloque de Unión por la Patria (UxP) pidió conformar una comisión especial para evaluar la actitud de los seis diputados y tomar una decisión. “Es necesario tomar medidas ejemplificadoras”, exigieron.
