La delicada situación económica tiene inevitablemente su contrapartida en el plano social. Grandes segmentos de la población con ingresos discontinuos, informales y bajos requieren necesariamente de un complemento por parte del Estado para tratar de malabarear sobre la línea de indigencia.
Los programas sociales se transformaron en uno de los principales temas de la campaña donde la principal asociación se vincula a los piquetes y los cortes de calle. La postura más cruda contra los programas sociales, centralmente el Salario Social Complementario, es la manifestada por el candidato libertario Javier Milei.
El economista manifestó en diversas entrevistas la necesidad de avanzar sobre una “eliminación progresiva de los planes sociales” a partir de la generación de empleo genuino en el sector privado. Esta postura, en bruto, es la base de pensamiento sobre la cual se sostiene, adornos más, adornos menos, la postura de gran parte de los candidatos.
Esta posición entiende al sector privado como el único capaz de generar empleo “genuino” y al beneficiario de un programa social como una reversión millenial del “gaucho vago y mal entretenido”, sin considerar la gran variedad de trabajos que esos beneficiarios realizan en su cotidianeidad (reciclado, construcción, venta ambulante, textil, etc).
Sobre la base de esta línea de pensamieto, la precandidata por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich hizo una serie de declaraciones frente al empresariado. Lanzó una propuesta para eliminar los planes sociales y dejar a los beneficiarios que se nieguen a perder la asistencia dentro de un sistema de “servicio civil obligatorio”, en el que estaría vinculada la Gendarmería.
“Si soy presidenta, ya el día uno elimino todos los planes sociales”, dijo la titular del PRO. Y agregó que “una vez que eso se haga, vamos a disponer para esa gente un seguro de desempleo por seis meses, es decir, van a recibir una ayuda por seis meses como transición”. Bullrich aseguró que “el que no quiera cambiar, va a hacer un servicio civil obligatorio”, en el que a priori intervendrá la Gendarmería Nacional, una fuerza con la dirigente tiene una visible simpatía.
Por su parte, su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, perfiló su campaña hacía los requisistos para sostener el programa como de su gestión por fuera del Estos, centralmente las organizaciones sociales. “Los planes así como están no funcionan; si me eligen Presidente el día uno termino con la intermediación”, afirmó el Jefe de Gobierno porteño apuntando a los dirigente de organizaciones sociales y gremiales.
Rodríguez Larreta afirmó que “los planes sociales tienen que ser directos, temporales y deben tener una contraprestación para que quienes lo reciben puedan vivir mejor” y anunció que los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña deberán cumplir dos nuevas corresponsabilidades, que se suman a la obligación actual de mandar a los chicos a la escuela para recibir un adicional por hijo.
“La primera es la formación para el empleo. Vamos a ofrecer cursos y capacitaciones orientadas a las demandas del mundo laboral que van a ser obligatorias. Si el beneficiario no cumple con un mínimo de 40 horas de capacitación por año, pierde el programa”, señaló Rodríguez Larreta en el Centro Comunitario Haciendo Ruido, acompañado del jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore; la ministra de Educación, Soledad Acuña; y el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff.
La posición del precandidato de JxC asume y entiende que quien percibe un programa social no trabaja o no está capacitado. Pero a diferencia de los otros posicionamientos, agrega el elemento del empalme, es decir, la intermediación del Estado para colocar al beneficiario de un plan en un puesto “genuino” de empleo dentro del sector privado.
Esta idea es sostenida por el precandidato a presidente de la otra alianza mayoritaria, el actual ministro de Economía Sergio Massa. El tigrense también considera que los llamados planes sociales son una traba para la creación de empleo genuino (sector privado) y por su impacto en el gasto público, al que le atribuyen buena parte del problema del déficit fiscal, la emisión para financiarlo y su impacto en la inflación y el endeudamiento.
En sus primeros días como superministro, Massa desempolvó una iniciativa: El programa “Puente al Empleo” que apuntó (sin éxito) a incorporar 200 mil trabajadores de la economía social. “Fundamentalmente, se busca que las incorporaciones se den en empleadores de hasta 100 empleados que son el 98% del total de los empleadores según las últimas estadísticas a mayo publicadas por el boletín de seguridad social”, hicieron trascender fuentes oficiales en aquellos momentos.
Quien sostiene una idea a contracorriente es el dirigente social y competidor interno de Massa, Juan Grabois. Grabois sostiene que la dinámica actual del mercado y el sistema productivo, lejos de incluir en empleos formales dentro del sector público, genera exclusión. Fruto de esa exclusión nace la economía popular, es decir, masas de trabajadores y trabajadoras que inventan sus propias fuentes de trabajo.
Grabois argumenta que lo inmediato y urgente no es solo buscar fuentes de empleo en el sector privado (lo cual considera imposible en el corto y mediano plazo) sino dotar al sector de la economía popular de derechos e ingresos fijos para transformar un universo caótico en una economía cooperativa y comunitaria. De ahí el concepto de Salario Social Complementario para los sectores más organizados y competitivos.
Y lejos de plantear la mediación de la cual amplios sectores de la derecha lo acusan, el dirigente social dio una fuerte diputa hacia mediados del 2022 por el Salario Básico Universal, es decir, un ingreso igual a un cuarto del Salario Mínimo Vital y Móvil, sostenido por un fondo generado a partir del impuesto a las grandes fortunas y designado a todo aquel que no perciba ninguna clase de beneficio. Según el dirigente, de implementarse la medida, amplios sectores de la población saldrían de la indigencia y la crisis alimentaria.
