Un anuncio tímido por parte del gobierno nacional sugirió la posibilidad de crear un impuesto exclusivo para aquellas empresas que en el último año hayan superado ganancias por mil millones de pesos.
La idea, bautizada “renta inesperada” por parte del ministro de Economía Martín Guzmán, sería discutida en el Congreso, pero antes de ser presentada ya generó un hondo rechazo desde los grupos concentrados de poder y la oposición.
Sin embargo, la iniciativa tuvo el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ahora teme que el país no pueda cumplir con las primeras metas del acuerdo firmado y alienta medidas de este estilo. En síntesis, la urgencia de dólares obliga a tomar este tipo de políticas, incómodas para el gobierno, que observa un nuevo punto de conflicto con el poder real.
Lo cierto es que un impuesto único a cobrarse tan sólo hacia aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias en el marco de una profunda crisis (pandemia, inflación, pobreza y efectos por la guerra de Ucrania), tendría un respaldo de argumentos necesarios para que se apruebe. O no.
Al respecto, un exhaustivo informe del Instituto Tri Continental pone sobre la mesa si en Argentina realmente los ricos pagan tantos impuestos, como se dice y se repite en ese mantra del imaginario social. ¿Solo nuestro país salió a pedirles una ayuda al sector empresario en un contexto de crisis? ¿Cómo son los niveles impositivos en las naciones del denominado “primer mundo”, modelo económico social para muchos y muchas?
Vale aclarar, que según datos oficiales, Argentina está por debajo de Brasil y Uruguay en términos de presión fiscal, al tiempo que a nivel internacional, nuestro país se encuentra muy por debajo de los países con mayor presión fiscal del mundo, como Dinamarca (46,6%), Francia (44,9%), Suecia (42,8%) y Bélgica (42,7%).
Al mismo tiempo, no se puede soslayar el dato de que la evasión impositiva en la Argentina, es una de las más altas de la región.
Según el informe del Tri, en una primera apertura de la tasa de ganancias del último año, se puede observar que las ramas que han mantenido tasas de ganancias más elevadas son “aquellas ligadas a las actividades primarias de base agraria o extractiva, como agricultura, ganadería, caza silvicultura y pesca y minas y canteras, seguidas por la industria manufacturera”.
“Sin ir más lejos, a pesar de la caída del producto por el impacto de la pandemia, durante todo el año 2020 ciertos sectores del capital vieron incrementadas sus ganancias. En el mismo sentido, mientras que en 2020 los trabajadores y las trabajadoras perdieron buena parte de sus ingresos reales y también sus puestos de trabajo, cerrado el primer trimestre de este año, diversas empresas cotizantes en la Bolsa de Valores de Buenos Aires que son parte del núcleo del gran empresariado presentaron balances con importantes incrementos de rentabilidad, como Molinos Río de La Plata S.A, Morixe Hermanos S.A, Pampa Energía, Agrometal S.A, Profértil y Ternium”, desarrollan los economistas del Tricontinental, Emiliano López y Facundo Barrera.
Tres medidas que aplica el mundo
Si bien al gobierno lo acaloró la posibilidad de sumar un nuevo impuesto al sector que concentra la mayor riqueza del país, hay que decir que actualmente muchos países del mundo toman medidas similares para equilibrar los ingresos y desactivar los monopolios (sí, incluso en los países más capitalistas, el Estado interviene la economía). El gobierno británico, por ejemplo, aplicó un fortalecimiento de la capacidad de control de los derechos de exportaciones hacia el petróleo y gas (Petroleum Tax Revenue), mientras que Australia hizo lo propio hacia la explotación de hierro y carbón (Minerals Resource Rent Tax).
“Argentina puede aplicar un impuesto indirecto sobre la comercialización en sectores que combinan ganancias de capital con rentas monopólicas, producto de la concentración en el uso y la propiedad de la tierra”, sostienen los economistas.
Otra opción podría ser el cobro de impuesto a la riqueza, ya no como un aporte por única vez sino anualmente, “para reducir la brecha de desigualdad ajustando la riqueza adquirida”.
“Una tercera posibilidad es contar con un nuevo Impuesto a las superganancias. Se trataría de un impuesto progresivo de alícuota variable para las diferentes ramas de actividades y para las empresas al interior de cada rama que excedan el promedio de rentabilidad de la economía o la rama, respectivamente”, agregan López y Barrera.
Este viernes 29, el gobierno se reunirá con los principales empresarios de la producción de alimentos, un sector altamente responsable del aumento de los productos y de la inflación desatada en el país. Será otra instancia en donde el Poder Ejecutivo podría acelerar negociaciones para reducir el costo de vida en la Argentina, así como advertir con fuertes sanciones. O bien podría convertirse en otra “terapia de grupo”, que a la vista está no resuelve los problemas reales del pueblo argentino.
Las posibilidades de acelerar medidas que ayuden a recaudar dólares y evitar más ajuste hacia el sector público, están sobre la mesa (y llamativamente, el FMI no se interpone. Por ahora). El gobierno elige.